Después de 20 años sin renovar el Consejo Directivo del Fondo de Tierras, sectores campesinos e indígenas reemplazan su representación en el Consejo Directivo como resultado de la firma de un convenio agrario con el gobierno de Bernardo Arévalo.
Por Simón Antonio Ramón
La representación de organizaciones campesinas y de pueblos indígenas en el Consejo Directivo del Fondo de Tierras (FONTIERRAS) se renovó el pasado martes 12 de agosto, después de 20 años sin hacerlo.
En la asamblea del 12 de agosto, fueron electos para el sector campesino como director titular Daniel Pascual, coordinador general del Comité de Unidad Campesina (CUC); y Neydi Juracán Morales como directora suplente, del Comité Campesino del Altiplano; de las organizaciones de pueblos indígenas fueron electos como director titular a Amílcar Geovany Calel Cahuec, de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC) y Omar Jerónimo, director suplente, de la Asociación Nuevo Día.
La elección fue convocada por la recién instalada Comisión Paritaria de Derechos Relativos a la Tierra (COPART), como lo establece la Ley del Fondo de Tierras. Una instancia similar fue instalada en el contexto de los Acuerdos de Paz, pero que se fue debilitando y los gobiernos posteriores al de Alfonso Portillo (1999) no le dieron seguimiento.
Sin embargo, con el gobierno de Bernardo Arévalo se retomó la instancia como uno de los acuerdos del Convenio Agrario firmado entre el presidente Arévalo y la representación del CUC, CCDA, UVOC y la Asociación Nuevo Día.
Neydi Juracán y Daniel Pascual, por el sector campesino sustituye a Gilberto Atz Sunuc; y Amílcar Calel y Omar Jerónimo, en representación de sectores de pueblos indígenas, a Bonifacio Martín Chávez y Eleonora Eliseo Pérez Mejía.
En 2003, las organizaciones campesinas le pidieron a Rafael Chachavac y Gilberto Atz que se retiraran del Consejo Directivo del Fondo de Tierras, ante el cierre de la incidencia del gobierno de ese entonces.
Para Neydi Juracán, la desactivación del COPART, en 2003, fue un mecanismo para complacer a sectores que históricamente han acumulado riqueza a acosta de despojos. “Cualquier mecanismo de fortalecer la institucionalidad agraria, mejorarla y potenciarla, se anulaba”, dijo.
Este mecanismo fue puesto en práctica por gobiernos vinculados a sectores militares, con señalamientos de corrupción y de vínculos con el crimen organizado, provocando la desatención a problemas estructurales, desde el gobierno de Óscar Berger, y dando como resultado el incremento de la conflictividad social y agraria, señala la representante del CCDA.
“El debilitamiento de la institucionalidad agraria, al punto de dejarnos en el escenario actual, fue una estrategia para anular los mecanismos desde gobiernos para desatender la problemática”, señaló.
Al negarse hacerlo fueron desconocidos por representantes de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC). Posteriormente, Rafael Chanchavac, se retiró de la representación. Mientras los representantes de pueblos indígenas continuaron.
La nueva dirección en el Fondo de Tierras
La nueva representación tendrá un periodo de seis años, sin posibilidad de reelección, a diferencia de la normativo de la anterior Comisión Paritaria, que tenía una vigencia de cuatro años con la posibilidad de reelección.
El Fondo de Tierras es una entidad semiautónoma donde participan representantes titulares y suplentes del gobierno como el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), que lo preside; el Ministerio de Finanzas Públicas; el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADEA); la Cámara del Agro; organizaciones indígenas con personaría jurídica y organizaciones campesinas con personaría jurídica.
Daniel Pascual, ahora director titular de las organizaciones campesinas en el Consejo Directivo del Fondo de Tierra, señala que la renovación de las representaciones campesino e indígena no es una concesión del gobierno sino una lucha de muchos años.
“Vemos que el gobierno tiene esa apertura, es una ventana de oportunidad. El gobierno debe responder a los problemas estructurales del país, ahora están en el combate a la corrupción, pero hay hambre, desnutrición y otras problemáticas”, dijo el dirigente campesino.
La representación de Daniel Pascual y Neydi Juracán plantea desafíos en el Fondo de Tierras, desde políticas institucionales y la necesidad de revisión de la política de arrendamiento que ha tenido presupuestos altos en los últimos años, sustituyendo la compra, recuperación y regulación de tenencia de la tierra.
También, está la revisión del presupuesto que atiende, en su mayoría, temas relacionados con el funcionamiento en lugar de atención a las necesidades que se le presente.
Para Neydi Juracán es importante la revisión de la política de género que no se acopla a las condiciones de las mujeres guatemaltecas, para garantizarles el acceso a la tierra. “En los más de 25 años de la historia del Fondo de Tierras, solo una finca se ha asignado a las mujeres, si revisamos los resultados hay mucha diferencia”, señaló.
Reacciones
Cuando se conoció la elección de las nuevas representaciones, se difundió desinformación que sostenía que Daniel Pascual había sido designado como director del Fondo de Tierras. Eso generó que sectores como la Fundación contra el Terrorismo, Guatemala Inmortal y la Asociación Civil en Defensa de la Propiedad Privada (ACDEPRO), lanzaran señalamientos en contra del dirigente del CUC de tener vínculos con el terrorismo internacional.
Los mensajes de la Fundación contra el Terrorismo hacia Daniel Pascual, se centraron en un proceso penal por los delitos de calumnia y difamación, en el que el dirigente del CUC fue declarado inocente el 21 de febrero de 2020.
A consideración de Daniel Pascual son los mismos grupos que siempre ha despojado a los pueblos indígenas que ahora lo atacan.
“Cuando llamo los sectores retrógrados, la derecha, la extrema derecha y los fascistas, son los mismos que han despojado a nuestros pueblos, no quieren ceder ni una pulgada de derechos a la población, al sector campesino, no quieren que nos empoderemos, ni hacer un reclamo masivo de tierra”, dijo Pascual.
Durante el gobierno de Alejandro Giammattei, se cerró la institucionalidad creada a partir de los Acuerdo de Paz, como la Secretaría de Asuntos Agrarios, la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (COPREDEH) y otras instancias, de las cuales sobrevivió el Fondo de Tierras.
