La defensa del exministro insiste en que su caso no puede continuar en el Juzgado de Mayor Riesgo “D”, por esa razón había accionado para que el expediente fuera trasladado al Juzgado Cuarto Penal y se anulará lo actuado, incluida su orden de captura.
Por Alexander Valdéz
La Sala Segunda de Mayor Riesgo negó un amparo al exministro de economía, Acisclo Valladares Urruela, quien accionó insistiendo en que la jueza Abelina Cruz no puede continuar a cargo del proceso y su caso se debe dilucidar en el Juzgado Cuarto Penal.
En febrero, el exjuez de mayor riesgo “D”, Walter Jiménez, antes de irse se declaró incompetente para conocer el expediente y lo traslado al juzgado ordinario, pero el proceso sigue conociéndose en el juzgado especializado.
Ese fue el motivo de la acción de Valladares Urruela. Al exfuncionario del gobierno de Jimmy Morales se le vincula en el caso conocido como “Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero”, un expediente en el que ya se benefició a Gustavo Alejos y a su esposa.
Valladares Urruela tiene vigente una orden de captura, autorizada en 2019, por el delito de lavado de dinero y asociación ilícita, algo que también busca dejar sin efecto. Sin embargo, el exfuncionario no ha sido detenido porque está cumpliendo una condena por un caso en el que se declaró culpable de transacciones irregulares en Estados Unidos.
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La estrategia legal del exministro es la misma que han utilizado otros señalados de corrupción y que les ha funcionado, entre ellos, señalados de manipulación de Cortes como Mynor Moto, Dennis Herrera, entre otros. Ellos lograron retirar su proceso de un Juzgado de Mayor Riesgo y anular todo lo actuado en sus procesos.
Acusados beneficiados
Con la destitución y persecución de fiscales anticorrupción de la FECI, entre ellos Juan Francisco Sandoval, el caso no avanzó y es uno de los más de diez que se han caído y en los que acusados han sido beneficiados.
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) evidenciaron como contratistas del Estado, particularmente de la construcción, concertaron con funcionarios de gobierno el pago de sobornos para acceder a cuantiosos contratos o tener relación en el pago de deudas. En ese caso se reveló el uso de mecanismos sofisticados para el lavado de dinero proveniente de hechos de corrupción en la contratación de obra pública.
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“El origen ilícito del dinero era blanqueado por medio de una serie de transacciones financieras así como de operaciones inmobiliarias ficticias (compraventas o arrendamiento), entre varias entidades off shore. El dinero provenía de transacciones millonarias, previamente acordadas entre el entonces secretario privado de la Presidencia, Gustavo Alejos, y el empresario de la construcción José Mynor Palacios Guerra (Sigma Constructores, S.A., Lanello Contratistas Generales, S.A. y HW Contractors, S.A.)”, indicó el Ministerio Público (MP).
No es el único caso en el que Valladares fue señalado, la FECI de Juan Francisco Sandoval, también lo relacionó al de “Subordinación de Poderes”, en el que se le vinculó a una presunta organización criminal que sobornó con más de Q50 millones a los diputados del desaparecido Partido Patriota (PP) para aprobar determinadas leyes. Ese caso fue anulado por una sala.
Condena en Estados Unidos
El exministro de Economía fue condenado en julio de 2022. Valladares Urruela reconoció su culpabilidad ante la justicia de los Estados Unidos al admitir que ingresó al sistema financiero de ese país US$350,000, apenas el 3.5% de lo descrito en la acusación inicial y confesó que no actuó solo.
El expediente que documenta la condena señala que Valladares debe cumplir 12 meses más un día de prisión, sumado a tres años de libertad condicional y el pago de US$100 (unos Q785) por costas procesales.
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