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Créditos: Agencia Guatemalteca de Noticias
Tiempo de lectura: 2 minutos

Por David Toro

Un equipo de fiscales federales del sur del estado de Florida presentó una denuncia contra el exministro de economía Acisclo Valladares por su complicidad para lavar $10 millones junto a funcionarios de gobierno y un narcotraficante entre el 2014 y 2018.

El Departamento de estado de Estados Unidos informó este martes 5 de julio, que un grupo de investigadores federales de Miami, Florida, acusaron a Acisclo Valladares Urruela de lavar $10 millones provenientes del narcotraficante con el apoyo de un político y un empleado bancario cuyas identidades no son reveladas en la declaración jurada.

Valladares Urruela fue ministro de economía durante el gobierno del expresidente Jimmy Morales, además fue presidente de la empresa de telefonía Tigo y es hijo de Acisclo Valladares, actual embajador de Guatemala en el Reino Unido. Antes de esta nueva acusación por lavado de dinero del narcotráfico, se encontraba prófugo y con cuentas pendientes con la justicia de Guatemala por la investigación que presentó la Comisión Internacional Contra La Impunidad en Guatemala (CICIG), conocida como “Red de Poder, Corrupción y Lavado De Dinero”.

“Valladares recibió  bolsos de lona, maletines llenos de dinero sucio, imposible de rastrear que sabía que provenía del narcotráfico”, la investigación explica que Valladares enviaba el dinero a países de Sudamérica por medio de dos empresas con oficinas en la ciudad de Miami y además usó el dinero para sobornar a políticos de Guatemala. Ahora, tendrá que responder ante la justicia estadounidense por el delito de conspiración para el lavado de dinero.

Una de las últimas apariciones públicas de Urruela en Guatemala fue el 14 de enero de 2020, durante la toma de posesión del presidente Alejanadro Giammattei. “No soy prófugo ni corrupto, sino un ciudadano que pone al descubierto el pacto de farsantes integrado por fiscales y jueces”, arremetió en un mensaje en redes sociales en febrero pasado, luego de intentar recibir asilo político en Colombia previo a una citación en tribunales para declarar.

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