La CC rechazó una apelación promovida por el juez suspendido del cargo. En el recurso legal consta que el Ministerio Público rechazó una solicitud de desistimiento que presentó el propio denunciante del caso contra el juez, e intentó pedir una orden de captura en su contra.
Por Alexander Valdéz
La Fiscalía de Delitos Administrativos rechazó la solicitud que hizo el inspector policial José Lindo Cuxaj Ajpop, para desestimar la denuncia que promovió contra el juez Pablo Xitumul, una denuncia que provocó que le fuera retirada su inmunidad y esté suspendido del puesto.
La decisión consta en una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), de fecha 31 de julio, en la que además evidencia que el Ministerio Público (MP) intentó pedir la orden de captura contra Xitumul, pero fue rechazada por el Juzgado de Diligencias Urgentes. Por esa razón, el juez accionó contra la resolución de la fiscalía, por haber rechazado el desistimiento de la denuncia que promovió el inspector policial y pedir una orden de detención.
“La Fiscalía aludida compareció a la Audiencia Unilateral celebrada el cinco de septiembre de dos mil veintitrés ante la Jueza “B” del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente para Diligencias Urgentes de Investigación, con el objeto de solicitar la orden de aprehensión del ahora amparista, la cual fue denegada por la Juez de conocimiento; d) debido a lo anterior, el ahora amparista compareció, por escrito, ante la Fiscal General de la República y Jefa del Ministerio Público a solicitar el apartamiento de la Fiscalía de Delitos Administrativos”, indican los antecedentes de la acción legal.
CC no otorga la protección
Pese a lo denunciado por Xitumul, la Corte de Constitucionalidad negó la protección al juez. A su consideración, no aportó los medios de convicción que evidenciaran que la Fiscalía de Delitos Administrativos hubiese dañado o intentado dañarlo.
“En cuanto a la solicitud de desestimación, es preciso señalar que el artículo 310, del Código Procesal Penal, faculta a la fiscalía para desestimar la denuncia, querella o prevención policial, cuando no sea constitutivo de delito o no se pueda proceder. Esta decisión compete ejercer al fiscal a cargo de la investigación, por lo que no es dable que por medio del amparo se pretenda sustraer, en la etapa en la que se encuentra la investigación, del debido proceso la denuncia formulada contra el ahora postulante”, dice la resolución.
Para la Corte de Constitucionalidad esta no era la vía idónea para recurrir a la desestimación de la denuncia.
Un caso que lo aleja de los tribunales
Cuando Xitumul estaba a cargo del Tribunal de Mayor Riesgo C fue denunciado por el inspector de la Policía Nacional Civil (PNC), José Cuxaj, quien lo señaló de impedir la inspección y registro del automóvil en el que se transportaba, en febrero de 2019.
El denunciante, quien enfrenta proceso penal por abuso de autoridad, señaló que Xitumul le dijo que era juez, para evitar que se le revisara el vehículo y se obligara a tres menores a descender del mismo; sin embargo, el Xitumul indicó que los señalamientos eran falsos.
El inspector de la PNC que presentó la acusación fue ligado a proceso por la denuncia de Xitumul. En octubre de 2021, el juez pesquisidor Eduardo Galván, de la Sala Segunda de Apelaciones, recomendó retirar la inmunidad a Xitumul. Sin embargo, el juez denunció que no fue citado por Galván para entregar sus pruebas de descargo, las cuales tampoco fueron incorporadas al informe enviado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuando se recomendó retirarle el antejuicio.
Xitumul es uno de los jueces reconocidos en el país por su trabajo imparcial e independiente. Durante su gestión en el Tribunal conoció y dictó sentencias en casos por violación de derechos humanos, corrupción y crimen organizado.
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A diferencia de casos como el del juez Xitumul, las denuncias que fueron presentadas contra funcionarios del gobierno anterior fueron desestimadas, entre estas figura la relacionada con los supuestos sobornos rusos, la de una carretera que dirigía a la residencia familiar del gobernante y otra sobre el arrendamiento irregular de un edificio en el Instituto de la Víctima cuando estaba a cargo de Alejandra Carrillo.
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