La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) pidió una investigación contra la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro y contra el secretario de comunicación social de la Presidencia, Santiago Palomo, por supuestamente revelar detalles de una diligencia en reserva realizada en las instalaciones del Tribunal.
El MP negó que hay secuestrado el padrón electoral como lo indicaron los funcionarios a medios de comunicación.
Por Regina Pérez
Un día después de que el presidente Bernardo Arévalo pidiera el retiro de la inmunidad de la fiscal general, Consuelo Porras, el Ministerio Público (MP) salió a anunciar que pidió al juez Fredy Orellana que ordene una investigación en contra del secretario de comunicación social de la Presidencia, Santiago Palomo y la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro, por revelar detalles de una diligencia en esa institución por el caso Semilla, que está bajo reserva.
En una conferencia de prensa, la fiscal de la FECI, Leonor Morales Lazo, informó que también pidieron investigar a los trabajadores del TSE que estuvieron presentes en las diligencias de los días 18, 22 y 23 de julio solicitada para realizar una auditoría de sus sistemas informáticos, en la que pidieron una copia de la base de datos del TSE de carpetas que abastecen de datos ese sistema y una copia del padrón electoral.
Debido a que el caso estaba en reserva, los detalles de esa diligencia no se podían divulgar.
Morales señaló a la magistrada Alfaro de haber difundido en redes sociales sobre esa acción del MP y de agregar información para entorpecer la labor del ente investigador ya que posibles sindicados en el expediente replicaron la noticia, por ello pidió iniciar una investigación en su contra por revelación de información confidencial o reservada y obstaculización a la acción penal.
En el caso del secretario de Comunicación Social de la Presidencia, pidió comenzar una investigación por obstaculización a la acción penal y abuso de autoridad. Tanto Alfaro como Palomo cuentan con derecho de antejuicio por el cargo que ocupan.
https://x.com/PrensaComunitar/status/1819420648344580252
“Las personas que gozan de derecho de antejuicio, el MP tiene que establecer si dicho hecho delictivo es espurio, ilegítimo o es político o si no solicitará el retiro de antejuicio”, señaló Morales.
Palomo ofreció una rueda de prensa, el lunes 29 de julio, en la que abordó el secuestro del padrón electoral por parte de la Fiscalía. De manera previa, Alfaro se había referido en declaraciones públicas que los requerimientos del MP no habían cesado desde el año pasado y que se requirió una computadora utilizada en la elección de 2023, que contenía el padrón electoral. Con ello se habría entregado información sensible de la ciudadanía dijo la magistrada presidenta.
Luego de conocerse la petición del MP, el secretario de la Presidencia escribió en X “Desde la SCSPGT seguiremos hablando con la verdad, combatiendo la corrupción”.
Pidieron levantar la reserva de información
El jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, informó que para esta conferencia pidieron al juez Orellana levantar la reserva del caso de manera parcial, para informar a la población sobre la investigación.
Según Curruchiche existe una “narrativa perversa” que se señala que al hacer públicos los datos del padrón electoral se ponen en riesgo la vida de las personas. El registro del padrón es público, dijo.
Cuando periodistas consultaron sobre los objetivos de la diligencia, Lazo justificó que solo requirieron levantar de forma parcial la reserva del caso para informar la forma en que realizaron el allanamiento y que el caso seguía protegido.
MP dice que no es criminalización
El secretario general del MP, Ángel Pineda, también estuvo presente en la rueda de prensa. Al responder preguntas sobre quiénes eran los trabajadores del TSE que estaban siendo investigados, indicó “la certificación de lo conducente no es una criminalización. Porque lo que es notorio es que alguien dentro de esa diligencia, que sabía que estaba en reserva, trasladó la información a la presidenta del TSE y a personal de la Secretaría de la Comunicación, porque era imposible que ellos se enteraran de dicha diligencia porque estaba bajo reserva”.
“Hay una transmisión de que el MP al momento de realizar sus investigaciones está criminalizando a la población y eso no es cierto, el MP solo está tratando de entender qué sucedió del hecho denunciado”, dijo Pineda.
En la visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los comisionados expresaron su preocupación por la instrumentalización de la justicia por parte del MP que niega que haya criminalización. La CIDH también expresó su alarma por el número de personas que están siendo investigadas por el MP.
Enfrentamiento entre MP y Ejecutivo
El pasado miércoles, el presidente Bernardo Arévalo anunció un antejuicio contra la fiscal general tras conocerse la solicitud de ejecutoria de un amparo que la Corte de Constitucionalidad (CC) le otorgó a Porras donde ella solicita destituir a varios de los funcionarios del Ejecutivo.
Sobre ello, el portavoz de la Unión Europea (UE), Peter Stano, expresó este jueves su preocupación por las acciones de Porras contra altos cargos del gobierno y la incautación del censo electoral. “UE sigue comprometida con la democracia y vigilante ante la socavación del Estado de Derecho, como demuestran las sanciones en vigor”, señaló Stano.
