Por Juan Pablo Muñoz*
Una mayoría de 22 miembros de las Comisiones de Postulación de Altas Cortes está empecinados en obstruir el avance normal del proceso de selección de magistradas y magistrados para el periodo 2024-2029. Para ello se han valido de diversos medios, incluyendo tecnicismos legales frívolos y grandes disertaciones vacías de contenido. Este panorama nos invita a preguntarnos cuál es el fondo de esta sistemática obstrucción, que incluso podría ser calificada como violatoria a la Constitución Política e incumplimiento de deberes.
En primer lugar, es importante destacar que el debate por las sedes nunca había sido objeto de discusión, ya que siempre había estado ligada a centros universitarios. El ánimo de las y los constituyentes de 1985 al crear la figura de las Comisiones de Postulación era incluir a las universidades, otorgándoles un protagonismo tendente a permear académicamente lo que claramente es un proceso político. Además, en la práctica, las Comisiones ya cuentan con una sede en la Universidad Rafael Landívar), la cual ha probado ser funcional desde cualquier perspectiva que se analice. La necedad de un traslado a menos de seis semanas de que venza el plazo constitucional para que dichos órganos concluyan su trabajo es “un salto al vacío”, como lo han calificado los rectores que las presiden.
Pero el entrampamiento del trabajo de las Comisiones de Postulación no se reduce únicamente a la “cuestión de las sedes”. La mayoría de las comisionadas y comisionados que insiste en el traslado ha boicoteado el proceso en otros aspectos tales como la elección de secretarías, las cuales fueron entregadas a representantes de operadores políticos vinculados a graves casos de corrupción judicial (Comisiones Paralelas 2014 y Comisiones Paralelas 2020); o en la aprobación de un reglamento que básicamente busca restringir las funciones del presidente de la comisión y de la participación ciudadana en aras de una supuesta “objetividad”.
Si esto no fuera suficiente, en las más recientes “reuniones” de la “sesión permanente”, esta mayoría obstruccionista ha hecho todo lo posible para que no exista certeza de los plazos del proceso, ya que se han negado a aprobar un cronograma que los obligue a cumplir con la función para la cual fueron juramentados. Hasta el momento, las Comisiones han ido “modificando” la agenda a regañadientes para que no “parezca” que no quieren trabajar, pero sin entrar a elementos sustantivos como la elaboración del perfil idóneo de las magistradas y los magistrados, la tabla de gradación para calificar los méritos profesionales, académicos y éticos, la guía para la elaboración del expediente de las y los postulantes y/o el proyecto de convocatoria para las y los aspirantes, entre otros.
¿A qué se debe esta negativa? Las expertas y los expertos en la materia han dado diferentes interpretaciones. La primera es que las magistradas y los magistrados en funciones ansían mantenerse lo máximo posible en sus cargos, tal y como lo hicieron las Cortes de 2014 (¡por más de cuatro años!). Si no existen condiciones para asegurar su reelección, podrían estar incluso dispuestos a romper el orden constitucional para asumir de facto sus magistraturas, lo cual podría estar vinculado con los gigantescos emolumentos que obtienen (salarios arriba de Q80,000) y con la posibilidad de consolidar redes de corrupción judicial en las salas regionales y en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Una segunda interpretación, vinculada a la primera, es que estarían a la espera de algún “suceso político-judicial” que rompa la correlación de fuerzas dentro de las Comisiones y les permita obtener la necesaria mayoría de 25 votos. Esto se lograría si, por ejemplo, el Ministerio Público (MP) “monta” casos penales exprés contra comisionadas o comisionados para doblegar su voluntad de resistir a la presión de la fiscal general, algo que ya sucedió recientemente contra cuatro decanos independientes. También podrían aparecer amparos espurios que puedan encontrar el favor de la Corte de Constitucionalidad (CC).
Una tercera interpretación respecto del entrampamiento provocado por la innecesaria discusión sobre las sedes es que lisa y llanamente buscan atrasar el proceso lo máximo posible. Esto acortaría los plazos y provocaría que las comisiones tengan que trabajar contra el tiempo en septiembre, lo que no permitiría efectuar un trabajo concienzudo y de calidad. En este acortamiento de plazos saldrían beneficiados aquellos perfiles de postulantes que no llenan las calidades profesionales, académicas o éticas para las altas magistraturas del Poder Judicial. En otras palabras, querrían poco tiempo para “pasar lo que sea”, con la justificación de querer cumplir plazos.
Una cuarta interpretación es que las magistradas, los magistrados y la mayoría de representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) están dispuestos a asumir el costo político ante el pueblo de Guatemala de no contar con las nóminas de elegibles a tiempo (finales de septiembre). Esto daría tiempo al “Pacto de Corruptos” para retomar el control del Organismo Ejecutivo a través de las nueva Junta Directiva y Comisiones de Trabajo para 2025. Así recibirían durante su mandato las nóminas de elegibles.
Lo único que está claro es que en cualquiera de los escenarios mostrados pierden los guatemaltecos que ansían una justicia objetiva, independiente e imparcial, ya que las discusiones de las cortes para el periodo 2024-2029 están ligadas a las elecciones de magistradas y magistrados para el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad y fiscal general, las cuales se llevará a cabo durante los primeros meses de 2026.
Solamente una oposición ciudadana articulada alrededor del inicio del rescate de la justicia puede evidenciar las intenciones antidemocráticas que existen tras las actuales selecciones y elecciones de magistradas y magistrados de altas cortes. Dicha articulación tendría la función de formarse, informar, observar el proceso de manera directa y hacer uso del derecho de petición para hacer saber a las comisionadas y los comisionados que no son dueños de la autoridad que les fue conferida.
Debemos demostrar entre todos que en Guatemala no estamos dispuestos a aceptar que se nos impongan con mentiras y con trampas funcionarias y funcionarios judiciales mediocres y veniales.
*Coordinador de Alianza por las Reformas
