En la visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Guatemala, entre el 22 al 26 de julio, la delegación conoció detalles de las condiciones que enfrentan quienes ejercen el periodismo en Guatemala. El relator especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca Villarreal, se reunió con periodistas, organizaciones gremiales y oenegés, para abordar la situación de la libertad de prensa en el país.
Por Simón Antonio Ramón
En la intervención del relator especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca Villarreal, en la conferencia de prensa de la CIDH al concluir la visita in loco dijo que constató un temor generalizado en la sociedad guatemalteca para deliberar sobre aspectos de interés público, en muchas oportunidades, agregó, este miedo se traslada a los medios de comunicación.
“No me encontré con ningún periodista que está libre de miedo para ejercer la libertad de expresión”, dijo.
Durante su intervención hizo un llamado a periodistas y medios de comunicación, para que sigan haciendo la labor de escrutinio público y de visibilizar las condiciones de vida de las comunidades que son invisibilizadas, a “aquellas personas que no tienen voz”, para que sean escuchadas.
Pedro Vaca junto a una delegación de la CIDH, viajó al municipio de El Estor para constatar las violaciones de derechos humanos que sufren las familias afectadas por los desalojos ocurridos este año y las agresiones contra las comunidades durante el estado de sitio impuesto por el gobierno de Alejandro Giammattei en beneficio del proyecto minero Fénix propiedad de Solway Investment Group.
En el caso de la situación de periodistas comunitarios Juan Bautista, Carlos Choc y Badillo Choc, el relator Vaca escuchó su versión sobre los allanamientos en la radio Xtzaap Tz’ultaq’a, así como de los allanamientos a viviendas de periodistas comunitarios de Prensa Comunitaria durante el estado de sitio y la persecución en su contra.
El relator señaló los efectos diferenciados de violencia contra las mujeres periodistas, mujeres periodistas indígenas y contra periodistas comunitarios. “Los impactos de autocensura de algunos sectores corporativos extractivos, en algunos territorios nos fueron denunciados como entornos limitantes de la labor periodísticas”, informó Vaca.
La criminalización es otra realidad que afecta a quienes ejercen el periodismo, porque existen interpretaciones de actores sociales y políticos, que ven su ejercicio como delito. “En algunas oportunidades se usó el delito de obstrucción a la justicia, se interpreta como algo automáticamente derivable del periodismo”, dijo el relator.
Pedro Vaca dijo que la Relatoría y la CIDH están atentos al desarrollo de los procesos penales contra el periodista José Rubén Zamora, “aspiramos que haya certidumbre sobre las fases que siguen de sus procesos judiciales”, dijo.
El relator también escuchó a activistas por la libertad de expresión y de prensa en el país junto a periodistas. Mario Recinos, presidente del Tribunal de Honor de Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), señaló que un momento para reflexionar sobre la violencia contra la prensa guatemalteca.
“Fue una buena oportunidad para hacer un balance de la parte gubernamental de los ataques a los medios y periodistas, que gradualmente ha cambiado. Esperamos que no exista una política de Estado de persecución contra la prensa, también abordamos la importancia de identificar a los actores y funcionarios contra la libertad de expresión y prensa en Guatemala”, dijo Recinos.
Sentencia de la Corte Interamericana sobre radios comunitarias
La relatoría tenía especial interés en conocer la situación de las radios comunitarias a partir de la resolución de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en el caso conocido como Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros Vs. Guatemala.
Anselmo Xunic, de la Radio Ixchel de Sumpango, Sacatepéquez, dijo que se entabló una conversación con el relator sobre las acciones del Estado para cumplir con la resolución, en la conversación con Prensa Comunitaria señaló uno de los incumplimientos del Estado.
“La resolución establece que, en un plazo de un año, el Estado debió dar las frecuencias a las cuatro emisoras que planteamos la denuncia (Radio Ixchel, Sumpango, Sacatepéquez; Radio San Pedro, Sololá; Radio Xolb’il Yol, Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango; Radio X Musical de Cajolá, Quetzaltenango)”, señaló Xunic.
También se puso en conocimiento del relator la actitud del Ministerio Público al mantener abierto los procesos penales contra periodistas criminalizados por ejercer la libertad de expresión al gestionar una radio comunitaria y plantear su preocupación ante la negativa del Estado de pluralizar el uso de las frecuencias radioeléctricas.
“Abordamos que por medio de la relatoría se haga una auditoría del espectro radioeléctrico, porque la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) siempre dice ya no hay, pero es sus publicaciones todavía hay frecuencias disponibles”, agregó Anselmo Xunic.
Panorama de agresiones a la labor periodística en Guatemala en 2024
Del 1 de enero al 30 de junio se han cometido 71 agresiones contra el ejercicio periodístico.
En el monitoreo que realiza el Programa de Protección a Periodistas, Autocuidado y Libertad de Expresión de la Agencia de Noticias Km169, se resaltan actitudes de autoridades públicas, operadores de justicia, encabezada por el Ministerio Público y funcionarios públicos, como los principales agresores a la prensa en lo que va del año 2024.
Las agresiones se han registrado en las audiencias de operadores de justicia, donde jueces y trabajadores de juzgados han limitado las coberturas periodísticas. También, la criminalización contra el periodista Jose Rubén Zamora Marroquín, que lleva más de 700 días en prisión preventiva, sigue siendo uno de los casos emblemáticos de persecución por la labor periodísticos que ha sido denunciado por diferentes organismos de derechos humanos y libertad de expresión.
