Varios magistrados señalados en el caso Comisiones Paralelas 2020 y exmagistrados vinculados con militares aspiran llegar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). También hay candidatos con antecedentes cuestionables por favorecer a personas sindicadas en casos de corrupción.
Por Regina Pérez
La Comisión de Postulación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) recibió 313 expedientes de aspirantes, 107 de ellos fueron enviados al Consejo de la Carrera Judicial que tiene hasta el 30 de agosto para enviarlos a la Postuladora. Entre los postulantes figuran varios magistrados que fueron señalados en el caso Comisiones Paralelas 2020, sobre la manipulación en la elección de Cortes en 2019.
También figuran exmagistrados que emitieron fallos a favor de personas acusadas en casos de corrupción, como la exmagistrada Beyla Contreras que absolvió a acusados en los casos IGSS-Pisa e IGSS-Chiquimula y el exmagistrado Jaime González, quien protegió al diputado Felipe Alejos de ser investigado en el caso “Traficantes de Influencias”.
Señalados por la FECI en el caso Comisiones Paralelas
Wilber Estuardo Castellanos
Actual magistrado de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil busca ahora una magistratura en la Corte Suprema. En 2020, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) presentó una solicitud de antejuicio en su contra por el caso Comisiones Paralelas 2020 que no prosperó.
Castellanos fue señalado por el comisionado Wilson López, del CANG, de ser uno de los líderes gremiales detrás de los magistrados de Apelaciones para entrampar el proceso de elección 2024.
Cuando era presidente del Instituto de Magistrados presentó una denuncia contra la jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, quien salió al exilio tras el avance del antejuicio en su contra.
Señalan a magistrado Wilber Estuardo Castellanos de entrampar el trabajo de postuladora
Henry Alejandro Elías Wilson
Elías Wilson fue magistrado vocal de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Delitos de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual de 2014 a 2023, cargo donde prolongó sus funciones debido a que el Congreso no eligió a sus sucesores. Como miembro de la Sala otorgó un amparo a la entonces directora del Instituto de la Víctima, Alejandra Carrillo, en una denuncia que ella realizó contra los directores del medio La Hora.
La FECI lo señaló en el caso Comisiones Paralelas 2020 y presentó un antejuicio pero la CSJ declaró sin lugar la solicitud.
Participó como candidato a fiscal general en el proceso, de 2022, donde la sociedad civil presentó tres objeciones que fueron dadas sin lugar.
Vinculados con militares
Roaldo Isaías Chávez
Fue magistrado Vocal 1 de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones. Fue juez pesquisidor de los antejuicios presentados en contra de los entonces jueces de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez y Erika Aifán.
El exjuez Gálvez lo recusó señalándolo de tener vínculos con la Fundación contra el Terrorismo y señaló que su proceso de antejuicio no fue transparente y que se dieron varias violaciones en el mismo. El juez no aceptó que la audiencia de descargo de pruebas fuera pública.
Como miembro de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones Chávez negó la solicitud de medidas sustitutivas a Virginia Laparra, exfiscal de la FECI, quien pasó 680 días en prisión y ahora se encuentra en el exilio.
El magistrado negó una petición de la exjueza Aifán para que la audiencia de presentación de pruebas de descargo fuera pública, para que la prensa pudiera ingresar.
Es hermano del exdiputado de LIDER, Luis Chávez, condenado a tres años de prisión, en 2017, por tráfico de influencias. Chávez ahora busca ser magistrado de Salas de Apelaciones.
Conoció el antejuicio contra la jueza Marta Sierra de Stalling, sindicada de favorecer a procesados en el caso “Bufete de la Impunidad” y recomendó no retirarle la inmunidad.
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Juez Gálvez recusa a magistrado Roaldo Chávez por vínculos con la Fundación contra el Terrorismo
Eduardo Galván
Eduardo Galván fue vocal II, de la Sala Segunda de Apelaciones, también integrada por Chávez, que negó la petición de arresto domiciliario a Virginia Laparra. En octubre de 2021, Galván recomendó retirarle el derecho de antejuicio al juez de Mayor Riesgo, Pablo Xitumul.
El exjuez Gálvez señaló que el magistrado, quien iba a ser el juez pesquisidor de su antejuicio presentado por la Fundación contra el Terrorismo, tenía vínculos con militares.
A sus manos llegó un antejuicio en contra del diputado Orlando Blanco por financiamiento electoral ilícito y recomendó mantener su inmunidad. También conoció un antejuicio contra el diputado César Fajardo, de la UNE, en el caso de Plazas Fantasma del Congreso y su recomendación fue que conservará la inmunidad.
Exmagistrados con fallos cuestionables
Beyla Estrada fue magistrada de la Sala Tercera de Apelaciones donde dictó varios fallos que fueron criticados. Entre ellos el que absolvió a acusados de corrupción en el caso IGSS-Pisa e IGSS-Chiquimula. La magistrada indicó que el MP no probó la tesis planteada en contra de los acusados.
Junto al magistrado Jaime Amílcar González Dávila, de dicha Sala, se negaron a tramitar un antejuicio presentado en contra del fallecido Álvaro Arzú, alcalde de la ciudad de Guatemala, en el caso Caja de Pandora.
#LuchaPorCortes ⚖️Exmagistrada Beyla Estrada busca llegar a la CSJ
💡Como magistrada de la Sala Tercera absolvió a varios condenados en el caso IGSS-Pisa e IGSS Chiquimula.
💡Conoció solicitud de antejuicio contra Álvaro Arzú el cual declaró sin lugar.
💡Es esposa del… pic.twitter.com/oKIYnP7OIS
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) August 28, 2024
Es esposa de Alfredo Brito, quien fue secretario de comunicación social del presidente Jimmy Morales.
González Dávila protegió al diputado Felipe Alejos, del partido Todos, de ser investigado en el caso “Traficantes de Influencias”.
Otros aspirantes
Carlos Solórzano Rivera, fue relator de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura. Participó como candidato a director del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), proceso en el que Eleonora Muralles de la Asociación Civil Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS) le presentó una objeción por considerar que cuando fungió como relator titular de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura incurrió en conductas que amenazaron la independencia de jueces y magistrados. A Solórzano se le señala de haber activado acciones a favor de privados de libertad acusados de corrupción.
El medio Con Criterio publicó, en 2019, que Solórzano buscó reformar el régimen de prisión preventiva para beneficiar al empresario Gustavo Alejos quien debía presentar la iniciativa en nombre de la oficina que dirigía.
