Por toda Latinoamérica y el Caribe, preocupa profundamente el enfrentamiento entre el presidente de Bolivia Luis -Lucho- Arce, y el expresidente Evo Morales Ayma. En realidad, el alcance de este conflicto ha sido mal explicado. Si bien el imperio y las élites tradicionales son los mayores peligros para la izquierda, los hechos revelan que existen muchos actores más –principalmente no indígenas– que sienten una gran necesidad de destruir políticamente a Evo Morales.
Si se me permita decirlo, la cuestión para todos en Bolivia no es Evo, sino la democracia indígena. Las masas invierten en la persona de Evo su compromiso con la dignidad para las mayorías. Esta dignidad la entienden por medio de las palabras más visionarias de él y de miles de dirigentes de las bases que eligen la ética colectiva en vez de la ventaja personal. Millones de “indígenas originarios campesinos” quieren votar por el proyecto que lleva el nombre de Evo, y que está arraigado en las prácticas de autogobierno en miles de comunidades urbanas y rurales, prueba de esto se ve en su capacidad de cerrar el país con tomas de caminos.
Aquí, ofrezco detalles que han sido silenciados en gran parte. Desmienten la idea de un desmoronamiento de la izquierda. O sea, el análisis de los pobres no es exactamente eso. Dejo al lector la tarea de elaborar argumentos.
Por Cindy Forster*
Un extraño intento de golpe el pasado 26 de junio en Bolivia alarmó a fuerzas democráticas por todo el mundo. El pueblo boliviano todavía espera justicia respecto a las masacres y torturas cometidas en el golpe de Estado de 2019, cuando la derecha – nacional e internacional– derrocó un gobierno elegido. Un año después, las masas indígenas de Bolivia expulsaron a los usurpadores, por medio de sus luchas, toma de caminos y luego por su voto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) argumentó en una declaración –fechada el 3 de julio de este año– que la falta de respeto por las instituciones democráticas y la Constitución explica los acontecimientos de junio, cuando el ejército irrumpió en la plaza enfrente del antiguo palacio nacional. En efecto, el desprecio por la Constitución ha producido la virtual parálisis de la legislatura. Una sala constitucional prohibió que la Asamblea Plurinacional ejerza algunas de sus funciones de inspeccionar o fiscalizar. El poder ejecutivo gobierna a través de los tribunales superiores, que han sobrepasado los límites constitucionales de sus mandatos que terminaron a principios de 2024.
En todo eso, ¿dónde se encuentra la democracia indígena? Movilizaciones mayormente de campesinos, de miles de personas, ganaron la promesa del presidente Luis Arce en febrero que iba a destituir a los jueces auto-prorrogados, pero desde entonces se ha hecho caso omiso de su palabra. En la última semana de junio, los pobres dijeron que harían “bloqueos” en las carreteras otra vez para alcanzar las elecciones judiciales postergadas por seis meses. También pidieron otras reivindicaciones, entre ellas, los suministros de diésel y gasolina (gente en busca de combustible está durmiendo en sus vehículos en largas colas en las gasolineras), y soluciones a la espiral de precios debido a la falta de dólares (el precio oficial de un dólar es 6.86 bolivianos y el precio en la calle es más de doce bolivianas).
Juan José Zúñiga, el golpista de hace un mes y hombre de confianza de presidente Arce, fue eximido de los lineamientos militares en su ascenso al general (ocupaba un lugar muy bajo en su cohorte). De igual manera, las advertencias de los dirigentes de los movimientos sociales contra la promoción de Zúñiga no fueron escuchadas (aparte de su prepotencia, Zúñiga está acusado de haber robado parte de los fondos subvencionados por el Estado para la distribución a la gente más necesitada, por medio del ejército nacional).
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Zúñiga expresó en la semana antes de su insubordinación, en la televisión, que iba a detener al expresidente Evo Morales para impedirlo de postularse a la Presidencia. Los jueces autoprorrogados están trabajando precisamente en la misma línea, y Arce les protege en sus cargos -ahora ilícitos-. Arce no oculta sus intenciones de destruir la carrera política de Morales. O sea, estos hechos arrojan luz sobre la ira creciente de los pobres organizados a nivel de las comunidades rurales y en los barrios urbanos pobres, cuyas movilizaciones han cambiado el curso de la historia varias veces.
Es de recordar, los oficiales del ejército están prohibidos por la Constitución de deliberar políticamente. El castigo correspondiente para Zúñiga tardó mucho. Igualmente alarmante, los nuevos altos mandos de las fuerzas armadas tienen “una serie de vinculaciones” con Zúñiga, según el periodista José Alberto “Gringo” Gonzáles (que fue jefe del Senado por el MAS desde 2015 a 2018).
La CIDH expresa sus temores, de manera vaga
En su declaración del 3 de julio sobre “el intento de golpe de Estado” y sus causas, la CIDH dijo que los derechos humanos están en peligro, pero no dio más detalles. Parece casi estancado el caso de Carlos Colodro, un respetado banquero y auditor que cayó quince pisos y murió el año pasado, mientras investigaba acusaciones de vasta corrupción cometida por un banco de la región más rica –y más derechista– del país. Su muerte fue declarada un suicidio, pero su cuerpo presentó indicios de tortura, según la familia. Hace poco, un exmagistrado del Tribunal Constitucional fue brutalmente golpeado por sus acusaciones de corrupción contra lo que él caracteriza de “una mafia” que controla la política en Sucre, la capital judicial del país. El exmagistrado concede entrevistas en las cuales explica porque Evo Morales está calificado de postularse a la Presidencia. Es probable que los autores intelectuales en estos 2 crímenes son actores económicos poderosos. Por otro lado, en relación con el litio, las violaciones de los derechos humanos señalan la responsabilidad del gobierno nacional. Desde el golpe de Estado de 2019, la producción de litio ha sido mayormente ignorada.
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Un exministro de Minería y Energía de Morales, que brindó detalles sobre esa situación en la televisión, fue arrestado en base a cargos falsos y con fuerza excesiva, a pesar de que tiene más de setenta años de edad. Otro ex ejecutivo del litio fue acusado en la misma forma, y se quitó la vida para evitar ser “humillado por un sistema de justicia amañado”.
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Varios parlamentarios acusan a los hijos adultos del presidente de estar involucrados en importantes tramas de corrupción. Uno de los hijos fue invitado por su padre a supervisar el litio de Bolivia. El diputado “evista” Héctor Arce Rodríguez –quien investigó y luego hizo público las pruebas– dice que recibe amenazas de muerte de manera frecuente.
Los anteriores casos son notorios. A la vez, hay decenas de líderes campesinos que denuncian que habían recibido amenazas debido a su preferencia por el liderazgo de Evo Morales. Hace poco, después de salir de un evento del Movimiento al Socialismo (MAS), fue brutalmente golpeado un líder campesino histórico por un grupo de más o menos doce personas. No le robaron sus pertenencias.
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https://correodelsur.com/politica/20240723_rodolfo-machaca-denuncia-que-fue-agredido-en-la-paz.html
El senador Leonardo Loza, dirigente campesino, cocalero, y presidente en el Senado de la Comisión de las Fuerzas Armadas y Policías, reveló un plan secreto de ellos que pretende diezmar a los pobres –cuando vuelvan a montar bloqueos– mediante arrestos, vigilancia permanente, y el encarcelamiento, según el reporte de Radio Kawsachun Coca “Caminando Junto al Pueblo”, una conferencia de prensa de Leonardo Loza realizado el 19 de junio de 2024.
El ritmo de las agresiones contra los campesinos es implacable, pero también lo es la organización de las masas indígenas. Las bases populares quieren tomar acciones, mientras sus dirigentes aconsejan paciencia por temor a una escalada de violencia contra ellas.
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El presidente Arce se opone a elecciones organizadas desde las bases
Tres días después de la irrupción de Zúñiga y sus soldados en la plaza principal, el presidente Arce lanzó una bomba durante una entrevista con EFE, la agencia de prensa española de noticias. Se arrogó poderes que no le corresponden para declarar a su rival, Evo Morales, inhabilitado por las campañas presidenciales. Evo había sido reconocido por el sistema judicial para postularse. El año pasado, los jueces a punto de autoprorrogarse revocaron esos fallos.
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Los contendientes de Evo insisten en que no puede presentarse como candidato presidencial de la nación a base de la referida decisión judicial de 2023. Destacados expertos constitucionales y estadistas internacionales responden que, al contrario, no se pronunció sobre esa cuestión, sino ofreció una opinión tangencial y, por lo tanto, no vinculante en una decisión sobre un asunto completamente distinta (el término legal para esto es obiter dictum). Arce y los altos tribunales prorrogados intentan ocultar este hecho. La desinformación de los medios de comunicación ha sido sofocante.
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Otra afirmación de Luis Arce es que Evo Morales ya no es jefe electo del partido. El ejecutivo y los jueces autoprorrogados tienen por objeto obligar que las bases acepten a los líderes seleccionados a dedo por la gente de Arce. El partido de MAS –o para ser preciso, esta alianza de movimientos populares que creó un Instrumento Político y una estrategia electoral– reeligió a Morales como su presidente en su Congreso masivo en octubre pasado, con mucha atención a los estatutos que rigen tales asuntos. En el mismo Congreso, las y los delegados votaron que Evo será su candidato único para la presidencia de la nación en 2025. El gobierno de Arce, con la necesidad de tener sus propias bases, organizó una asamblea en mayo de este año. Seleccionó por el cargo de la Presidencia del partido de MAS, un dirigente que era funcionario.
Arce viene construyendo movimientos sociales paralelos desde principios de 2023. No poseen una base comprometida, más allá de los empleados públicos que cumplen las órdenes del ejecutivo.
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No pocas veces, el ejecutivo selecciona a dirigentes acusados de corrupción, o expulsados por las bases a consecuencia de faltas serias. Algunos altos dirigentes de los movimientos paralelos son militantes de partidos de la derecha. La prensa comercial designa a los movimientos paralelos de Arce como los legítimos. Su máximo líder, el supuesto presidente del MAS, es llamado Grover García y al menos por el momento, ni siquiera el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha reconocido a Grover García como presidente del MAS-IPSP.
¿Van a anular la sigla del Movimiento al Socialismo?
En recientes batallas con las bases del MAS, el Tribunal Supremo Electoral emitió la primera de tres advertencias que harían ilegal –como partido electoral– el MAS-IPSP. Los movimientos sociales que no están convencidos por Arce se han realizado 2 Congresos del MAS en los últimos diez meses, con miles de delegados, para cumplir con los requisitos legales. El TSE no dio su aval a estos Congresos convocados por las bases, por motivos que carecen de fundamento de acuerdo con sus estatutos. Con ello, el tribunal contraviene la garantía constitucional que reconoce el libre albedrío de cada grupo civil cuando elige a sus dirigentes. En cuanto a los demás partidos políticos, algunos no se han reunido o se han reunido por Zoom, y a pesar de ello recibieron la aprobación del Tribunal Supremo Electoral.
En medio de todo esto, la derecha propuso eliminar las elecciones primarias con la idea de apartar a Evo Morales del escenario político. El ejecutivo se sumó a la petición. A esta propuesta se oponen las bases organizadas del MAS – dicen que las primarias funcionan para fortalecer la democracia interna de los partidos. Públicamente, los otros partidos y el ejecutivo alegan que no hay suficiente tiempo en 2024 para elecciones primarias y también judiciales, aunque en el pasado, el TSE había enfrentado situaciones similares con éxito. La Constitución en la actualidad exige las primarias, pero el tribunal electoral repetidas veces ha ignorado la Constitución. Decidió convocar a todos los jefes de partidos políticos para considerar la cancelación de las elecciones primarias. Es de destacar que MAS-IPSP se reúne en exceso de un millón de militantes inscritos, un número más grande que la suma de todos los militantes de los otros partidos.
La participación de Evo Morales fue prohibida en la reunión dedicada a debatir las primarias, programada para el diez de julio. El motivo de su exclusión se debe a la primera amonestación contra el partido de MAS, por no haber aceptado los supuestos movimientos sociales construidos por Arce.
Millones de simpatizantes de Evo –leales al proyecto campesino del MAS– entienden las acciones en su contra como un ataque a la participación indígena en la política nacional. Sobre esta realidad, la prensa dominante guarda silencio.
Todo está vinculado a la coerción del ejecutivo y los tribunales, impuesta, cuando sea necesaria, por la violencia. Esto ocurre de forma sistemática en los Congresos en donde los movimientos sociales realizan las elecciones de dirigentes. Campesinos indígenas a nivel nacional están presentando la denuncia formal de uno de estos ataques ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – ocurrió hace once meses contra el Congreso nacional del movimiento campesino e indígena.
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https://periferiauy.blogspot.com/2024/04/puntos-urgentes-para-entender-este-ano.html
El último ejemplo de la violencia del Estado, la semana pasada, sucedió cuando la policía instaló a líderes “prebéndales” de Arce a la fuerza, para reemplazar al ejecutivo David Mamani Quispe y los otros dirigentes de la aguerrida Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz “Tupac Katari”. En junio, sus militantes habían votado a favor de nuevos dirigentes leales a las bases de las 20 provincias de Omasuyos. Declararon su autonomía. Decidieron no participar en una marcha en celebración de Arce después de la insubordinación de Zúñiga, el 26 de junio.
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Este artículo concluye con dos momentos de violencia estatal, después de la sesión con los partidos políticos en el Tribunal Supremo Electoral el diez de julio, y antes de una asamblea popular el día 26 del mismo mes. Con respecto a la exclusión de Evo Morales de la reunión sobre las primarias, la indignación popular obligó al TSE a dar marcha atrás. Morales acudió a la reunión, pero fue acorralado por los otros diez partidos políticos, y se marchó. En su ausencia, los demás firmaron un acuerdo que describieron como “unánime”.
Al salir de la reunión, Evo Morales exigió como condición de participar que el TSE ratifique el Congreso de MAS en Lauca Ñ del octubre pasado. De hecho, fue aprobado por un tiempo, hasta que los tribunales superiores recibieron la presión del ejecutivo y dieron marcha atrás.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se refiere a estos problemas como la erosión de las instituciones democráticas o la “desinstitucionalización”. Los pobres hablan, sin rodeos, de un golpe judicial.
Lo que está por venir
Cuando se supo que Morales había recibido amenazas de muerte antes de la reunión del 10 de julio, varios dirigentes nacionales del MAS congregaron para cuidarlo. Miles de campesinos y habitantes urbanos, en su mayoría indígena, también se dirigieron espontáneamente al Tribunal Supremo Electoral en La Paz. Le dieron una bienvenida de héroe a Evo cuando ingresó a la reunión de líderes políticos por la puerta principal del tribunal. Los otros líderes partidistas presentes incluían fascistas, neoliberales y varios líderes golpistas de 2019, y entraron al tribunal por la puerta trasera. El TSE está situado en la Plaza Abaroa de La Paz. La policía mantenía un espacio amplio entre los pobres –cuyo proyecto político es campesino e indígena– y los funcionarios, este último grupo movilizado por el presidente Arce.
Después de que la reunión terminó, unos 600 empleados públicos corrían al otro lado de la plaza –la policía no hizo nada– y atacaron a los partidarios de Evo. El líder juvenil Aquilardo Caricari de MAS, que llegó de la región cocalera en El Trópico, informó que los funcionarios eran de los ministerios de Defensa y del Interior. Gritaron consignas derechistas y racistas, las mismas que usaron durante el año del régimen golpista. Luego, individuos que tenían la apariencia descuidada de paramilitares aparecieron en un bloque bien organizado. Exhibieron –abiertamente– petardos que están destinados a ser disparados hacia el cielo. Dispararon directamente contra las personas que habían llegado a apoyar a Evo Morales. Los explosivos solo fueron disparados por uno de los dos bandos, el grupo organizado por el ejecutivo. La policía no intervino, hasta que fue ordenado disparar gases lacrimógenos contra los campesinos. Varias personas resultaron heridas, y una periodista progresista fue expulsado de la plaza por funcionarios.
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La prensa hegemónica describe estos momentos como enfrentamientos entre partes igualmente agresivas. Utilizó la misma narrativa durante el año del golpe de 2019 a 2020. Hay mucho en juego en el ámbito geopolítico. Debra Hevia, “jefa de misión” de Estados Unidos en Bolivia, dijo en una grabación filtrada a la prensa que tanto Lucho como Evo deben ser retirados de la escena, para que Bolivia regrese a la “democracia” tal como la entiende el Departamento de Estado.
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https://www.plenglish.com/news/2024/04/30/new-plans-against-bolivia-denounced-despite-u-s-denials/
En vista de la relación simbiótica entre el Norte global y la derecha boliviana, se puede suponer un estrecho compromiso entre la embajada de Estados Unidos y los partidos de la derecha. Se reúnen rutinariamente en los Estados Unidos para planificar sus estrategias.
En cuanto a la asamblea popular del 26 de julio, las bases indígenas de MAS en El Alto invitaron a Evo Morales a intercambiar ideas y compartir analices. Arce y su aparato mediático reaccionaron como si fuera un peligro para la nación una reunión con Evo en aquella ciudad. Llenaron los titulares con acusaciones de que Arce estaba sufriendo “una provocación”. La metrópoli de El Alto alberga a más de un millón de personas indígenas –arriba de y contigua a La Paz– y ha dado casi noventa mártires en este siglo para construir la democracia indígena y frenar a los neoliberales. Se tiene que reflexionar sobre ello para entender el significado del apoyo popular para Evo, el presidente del Trópico donde el pueblo indígena dio más de cien vidas para alcanzar los mismos sueños.
Década tras década, los residentes de El Alto han mantenido sus viviendas y cultivos en todo el departamento de La Paz, ahí en sus lugares natales donde viven sus padres. Los hijos migrantes regresan al campo para servir en las rotaciones de autoridades indígenas. “La mitad de El Alto” prefiere votar en el campo en las palabras de uno de ellos. El día 26 de julio, una militante de las Bartolina Sisas –el movimiento social de mujeres rurales que incluye cientos de miles de militantes indígenas por todo el país– dijo a la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, que “las Bartolinas” tienen casas en El Alto y el derecho de actuar política y pacíficamente dondequiera que se desee.
La alcaldesa Eva Copa es exmilitante de MAS, aliada de Arce, y amiga de la derecha agroindustrial que engendró cientos de paramilitares en 2019. Copa movilizó a sus guardias municipales y funcionarios para aplastar la reunión anunciada. No les dio permiso a las bases de MAS para utilizar ningún espacio público en El Alto en el día de la asamblea. Un barrio del sector de Senkata –donde ocurrió la última masacre, durante el golpe de 2019– ofreció su gran espacio polvoriento entre las casas, su tierra privada, para la reunión. La alcaldesa envió fuerzas de seguridad para desarmar la tarima que estaban ensamblando. La policía prohibió la llegada del equipo de sonido, y otro vehículo con equipo de sonido fue embargado y la gente del vehículo detenida. Las bases de MAS improvisaron una tarima en los techos de los edificios y usaron megáfonos para comunicar con miles de altenses, mineros y campesinos que llegaron de todo el departamento.
Antes de la asamblea, gente de a pie en la ciudad indígena afirmó que las autoridades estaban haciendo preparaciones para armar confrontaciones. Se pagó dinero a individuos para atacar a los participantes en la reunión. Oficiales organizaron una marcha de funcionarios. Un diputado suplente expulsado por las bases de MAS se llama Rolando Cuellar, es en efecto un vocero del gobierno nacional, y tiene un talento para el lenguaje vulgar. Él anunció que Evo iba a salir de El Alto en un ataúd.
Se puede aguantar el asesinato de un dirigente, si los movimientos sociales están fuertes, recalcó Evo Morales en el día de la asamblea en El Alto. Es de recordar que pocos días antes, “los ponchos rojos” de la federación campesina “Tupak Katari” –que une la fuerza social del campo en el departamento de La Paz– observaron con rabia la toma de su sede sindical por la policía. El contingente de decenas de policías eran vestidos para combatir una revuelta. Instaló una directiva sindical no elegida, pero leal a Lucho Arce. Como mínimo, un análisis sugería que las intimidaciones del gobierno de Arce contra el campesinado indígena autónomo no van a parar.
Dicho está, la cruda violencia que ejercen la policía, los funcionarios y las bandas criminales se puede detener. La prueba es que fue interrumpida, el 26 de julio, su plan para darle un escarmiento a las bases de MAS en El Alto. Las medidas pacíficas de seguridad organizadas por el mismo pueblo, y la propia masa de gente auto-convocada, sirvieron para descarrilar una confrontación planificada. A nivel internacional, es probable que los pueblos que están informados sobre los detalles de la discordia, tanto como las victorias contra la derecha, ofrecerán una solidaridad más capaz de defender el proyecto de la izquierda indígena en Bolivia.
*Datos de la autora
Cindy Forster es parte del Comité en Pro del Pueblo de Chiapas de Los Ángeles, que se formó en 1995, y se dedica a caminar en solidaridad con pueblos en resistencia en Chiapas, México, Guatemala, Haití, Colombia, y Bolivia. Es historiadora y da clases a base de las palabras y los archivos de estas luchas.
Su libro denominado La revolución indígena y campesina en Guatemala, 1970 a 2000: “Ver un día que nuestra raza maya fuera levantada”, fue publicado por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), en 2012.
