Durante una conferencia de prensa, representantes de los pobladores de Asunción Mita junto al diputado José Chic y el Colectivo Madre Selva pidieron que se inicie el proceso de caducidad del proyecto minero Cerro Blanco.
Por Isela Espinoza
Una evaluación ambiental que permita el ordenamiento territorial para “imponer límites al saqueo” de recursos naturales del país, una auditoría a fondo de procedimientos anómalos mediante los cuales las empresas mineras han obtenido privilegios, investigar a los empleados públicos y exfuncionarios involucrados en la comisión de delitos en el caso del proyecto minero Cerro Blanco y que el Ministerio de Energía y Minas inicie el proceso de caducidad fueron algunas de las peticiones planteadas, este miércoles, por representantes de la resistencia miteca.
Sus demandas se dan luego que, el pasado 14 de junio, las autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y Energía y Minas (MEM) anunciaron que la empresa Elevar Resources, encargada del proyecto minero Cerro Blanco en Asunción Mita, Jutiapa, debe solicitar un nuevo estudio de impacto ambiental y pedir una nueva licencia para el cambio de actividad subterránea a cielo abierto.
Los ministros señalaron que encontraron anomalías en la solicitud de actualización de la licencia ambiental, que incluye un cambio de sistema de explotación de subterráneo a cielo abierto por parte de la empresa Elevar Resources. Por esta razón, recalcaron que no se puede realizar explotación a cielo abierto hasta que realice un nuevo estudio de impacto ambiental y se solicite una nueva licencia.
Julio González, del Colectivo Madre Selva, se refirió a la resolución del MARN y del MEM como “la primera vez que se hace justicia después de 17 años de lucha y de denunciar la aprobación fraudulenta” de Cerro Blanco. Agregó que con la licencia que mantenía la operación del proyecto minero se violentaron los derechos humanos de la población de Asunción Mita, los derechos constitucionales y los convenios internacionales.
“Felicitamos la acción de la actual ministra (Patricia Orantes) por reconocer públicamente el nivel de corrupción que está infestando las instituciones del Estado”, agregó González.
En la conferencia también estuvo presente el diputado de VOS, José Chic, quien ha dado seguimiento a las denuncias de la población y solicitado información para evidenciar las anomalías encontradas en el proyecto minero.
Chic comentó que el expediente de actualización de la licencia, a favor de Cerro Blanco, fue ingresado al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales en el año 2021 y hasta el 9 de enero de 2024 el expediente estuvo en la Dirección de Gestión Ambiental sin movimiento. “Es sospechoso que haya sido resuelto el 9 de enero de 2024 a cinco días de que Alejandro Giammattei entregara el cargo” de presidente, afirmó. Sin embargo, lo que debió realizar la empresa Elevar Resources fue solicitar una nueva licencia presentando un nuevo estudio de impacto ambiental.
También dijo que se encontraron anomalías en resoluciones técnicas, del 13 de diciembre de 2023, donde aparecen las firmas de extrabajadores del MARN y de algunos gestores ambientales que desde septiembre de 2023 ya no laboraban para el ministerio. “¿Cómo es que ellos iban a dar una opinión favorable el 13 de diciembre de 2023” ?, cuestionó.
En marzo de este año, el diputado presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP) para que se practiquen pruebas grafológicas a las firmas que aparecen dentro del expediente de Cerro Blanco ya que “podría haber algunos indicios de falsedad en estas firmas”.
Otra de las anomalías es que la resolución 008-2024 de la Dirección de Gestión Ambiental, aprobada por el arquitecto Diego Armando Jr. López Castillo, en donde se concede la ampliación de la licencia a favor del proyecto minero en el libro de control de resoluciones del MARN el 008-2024 correspondía a otro proyecto.
“Esto demuestra las ilegalidades y posibles indicios de corrupción al momento de otorgar esa resolución”, dijo Chic. Trabajadores del MARN también han presentado denuncias por falsedad de firmas.
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Minera Cerro Blanco no puede realizar operaciones a cielo abierto
Estas anomalías también fueron expuestas por las autoridades del MARN y el MEM. En junio, la ministra Orantes informó que presentaron una denuncia en contra del exdirector de Gestión Ambiental y Recursos Naturales por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
La actividad minera de Cerro Blanco en Asunción Mita Jutiapa llevó a los vecinos de esa localidad a realizar una consulta comunitaria, en septiembre de 2022, donde el 87 % de la población votó en contra de la minería a cielo abierto.
Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad (CC) emitió resoluciones a favor de Cerro Blanco sin tomar en cuenta la opinión de la población. Los representantes de los pobladores denunciaron que en Guatemala las cortes incumplen, niegan y vulneran el derecho a la consulta manipulando el convenio 168 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“Exigimos la restitución del derecho de acceso a la información y la consulta libre. Llamamos a las comunidades y pueblos afectados por la minería a observar y denunciar el comportamiento del poder judicial, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad que ha instrumentalizado la ley para restringir los derechos de los ciudadanos a través de sentencias a favor de los intereses de las empresas”, dice el comunicado de la resistencia miteca.
Pago mínimo de regalías para mantener el proyecto minero
El diputado de VOS agregó que entre las anomalías se encuentra la desaparición de 800 folios originales del expediente de actualización del proyecto minero, que correspondían a dictámenes técnicos y de especialistas.
Durante 17 años de, proyecto Cerro Blanco, en Asunción Mita, no ha extraído ni oro ni plata y en regalías ha reportado alrededor de Q16 000 al Estado de Guatemala. “Ha tributado Q8 000 a la Municipalidad de Asunción Mita y Q8 000 al Ministerio de Energía y Minas. Incluso hay reportes mensuales en donde han tributado Q98 en regalías y eso lo han hecho únicamente para mantener la vigencia de ese proyecto para que el Ministerio de Energía y Minas no iniciara un proceso de caducidad como lo señala la Ley de Minería”, denunció Chic.
Según la resistencia miteca, el MEM debería de iniciar el proceso de caducidad del proyecto minero Cerro Blanco ante el incumplimiento de la Ley de Minería y el procedimiento fraudulento para mantener la licencia de explotación vigente.
“Instamos al presidente Bernardo Arévalo a que de manera urgente se proceda realizar una evaluación ambiental estratégica de país que permita un ordenamiento territorial que imponga límites al saqueo de nuestros recursos y garantice el patrimonio natural para nuestras futuras generaciones. Lo instamos a ratificar el Acuerdo de Escazú”, recalcaron miembros de la Convergencia Democrática, una asociación civil de Asunción Mita.
El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental aplicable a América Latina y el Caribe que tiene como objetivo garantizar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
“Que los empleados y funcionarios públicos involucrados en la comisión de delitos de falsedad material e ideológica y usurpación para lograr la supuesta aprobación de la actualización de Estudio de Impacto Ambiental en Cerro Blanco sean investigados y sometidos a proceso para erradicar la impunidad ambiental en el país”, añadieron los pobladores.
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