El programa de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) abogó por el abogado Ramón Cadena y otras 26 personas para que se respeten sus derechos y el debido proceso en el caso. Además, solicitó que se impulse una política pública integral de protección a las personas defensoras de derechos humanos que están siendo acosadas judicialmente.
Por Isela Espinoza
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos emitió una carta pública, este martes 2 de julio, en la que solicita al presidente Bernardo Arévalo garantizar los derechos al debido proceso, defensa legal y acceso a la justicia para el abogado internacionalista, Ramón Cadena y 26 estudiantes, catedráticos, trabajadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) así como otras personas defensoras de la libertad académica y la autonomía universitaria que están siendo criminalizadas en el caso “Toma de la USAC: Botín Político”.
“Nos dirigimos a ustedes con el objetivo de hacer un llamado sobre el proceso de criminalización y persecución dirigida desde el poder judicial del Estado guatemalteco en contra del Sr. Ramón Cadena y otras 26 personas”, inicia la carta que también está dirigida a la vicepresidenta, Karin Herrera; al ministro de Gobernación, Francisco Jiménez; al director ejecutivo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh), Oswaldo Samayoa, al juez Víctor Cruz a cargo del caso, entre otros funcionarios.
Además de Cadena, entre los señalados en Toma de la USAC: Botín Político también se encuentran el exprocurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas; los estudiantes universitarios Camilo García Flores, Diego Plutarco De León, Eduardo Arriola, Pedro Ros y Cristopher Morales; el docente y músico Gad Echeverría, y la sindicalista Patricia Marroquín.
El pasado 16 de junio, la Fiscalía de Delitos Contra el Patrimonio Cultural del Ministerio Público (MP) informó sobre la solicitud realizada a la Interpol contra los mencionados, la mayoría en el exilio, y que son perseguidos por denunciar el fraude en la elección a rector realizado en mayo de 2022.
El observatorio señala que en el proceso de criminalización de estas personas y con la solicitud a la Interpol se están violando los derechos fundamentales: al derecho a un juicio justo, el derecho a la libertad y seguridad personal, el derecho a la defensa de los derechos humanos, el derecho a comparecer ante un juez independiente e imparcial.
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El texto hace un recuento de los antecedentes del caso y cómo el MP ha impulsado acciones legales para criminalizar a la comunidad educativa de la USAC. El 16 de noviembre del año pasado, el Ministerio Público giró 31 órdenes de allanamiento y 27 órdenes de captura contra estudiantes, catedráticos, sindicalistas y personas defensoras de derechos humanos por los delitos de usurpación agravada en forma continuada, depredación de bienes culturales, sedición en forma continuada y asociación ilícita. En el caso seis personas fueron detenidas y actualmente se encuentran en libertad con medidas sustitutivas. Aunque el MP ha intentado revocar la sentencia.
“El observatorio recuerda que el proceso de criminalización y persecución política, en contra de las y los estudiantes, personal académico, investigadores y demás personas vinculadas a la comunidad académica que participaron de la ocupación pacífica de la USAC en 2022 viola los principios interamericanos sobre la libertad académica y la autonomía universitaria. Además de constituir una violación de los derechos a la libertad de asociación, la libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos tal cual están reconocidos en instrumentos internacionales de los que el Estado guatemalteco es parte”, se lee en la carta.
El Observatorio es un programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura y de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) que tiene como objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos.
En la carta además de solicitar al Estado que se garantice el debido proceso en el caso Toma de la USAC: Botín Político, pide anular la solicitud por parte del MP a la Interpol de emitir alerta internacional, “poner fin de manera inmediata a la política de persecución y criminalización” en contra de las personas defensoras de los derechos humanos e impulsar una política pública integral de protección a las personas defensoras de derechos humanos que están siendo acosadas judicialmente en donde se incluyan “componentes de protección, prevención, lucha contra la impunidad y retorno seguro.
La carta está firmada por Gerald Staberock, de la Organización Mundial Contra la Tortura; y Alice Mogwe, de la Federación Internacional de Derechos Humanos.
Recientemente durante una entrevista con Prensa Comunitaria, Cadena explicó por qué esta persecución del Ministerio Público alcanza las dimensiones de un delito de lesa humanidad. El abogado es conocido por su labor en defensa de los derechos humanos especialmente de los pueblos indígenas, los derechos sobre la tierra y la justicia medioambiental.
Cadena junto a varias organizaciones campesinas e intelectuales, presentaron una denuncia internacional contra la fiscal General, Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche, la fiscal Cinthia Edelmira Monterroso, los expresidentes Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, por delitos de lesa humanidad.
La carta del Observatorio recordó que Cadena actualmente goza de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego que en 2016 fuera allanada su vivienda por su trabajo como abogado.
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