El retraso del trabajo de las Comisiones de Postulación, la seguridad de los comisionados y la criminalización de los decanos son las principales preocupaciones en este proceso, según señalaron.
Por Isela Espinoza
Varias organizaciones junto a ciudadanía, que se unieron para fiscalizar el proceso de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones, denunciaron este jueves las amenazas contra los integrantes de las Comisiones de Postulación. Además, expresaron su preocupación por la injerencia del Ministerio Público (MP) y grupos de criminales que buscan influir en el proceso.
Actualmente, el trabajo de las postuladoras está en pausa debido a que los decanos de la Universidad Francisco Marroquín y Mariano Gálvez, hasta esta mañana, no habían sido juramentados. Sin embargo, el Congreso procedió este jueves a realizar el acto de juramentación en la sesión extraordinaria luego que los presidentes de las postuladoras Raúl Horacio Arévalo y Miquel Cortés solicitaran a la Junta Directiva del Legislativo acelerar el proceso.
Las postuladoras deberán trasladar una lista de los candidatos a magistrados 20 días antes del 13 de octubre, fecha prevista para que asuman los nuevos magistrados para un periodo de cinco años.
“Queremos que se garantice la independencia del trabajo de las comisiones de postulación ya que hay un nubarrón que el Ministerio Público que lo está oscureciendo todo, pero hay otros actores que están alrededor”, dijo una de las integrantes de las organizaciones.
Los representantes también se refirieron a la posibilidad de un cambio de la sede para las reuniones. Actualmente, la Universidad Rafael Landívar ha prestado sus instalaciones debido a que su rector preside la Comisión de Postulación de CSJ.
Sin embargo, según señalaron las organizaciones algunos grupos buscan que las citas se realicen en la CSJ. “Vemos con preocupación que estos grupitos están queriendo hacer un cambio innecesario. Este cambio sería nefasto para la seguridad de las comisiones de postulación. Imaginémonos que quieran trasladarlo a la Corte Suprema de Justicia, que es lo que se oye, qué confianza tenemos. El lugar es inadecuado”, agregó el Movimiento Pro Justicia.
Además, se refirieron a las amenazas contra los rectores que presiden las postuladoras, así como los demás comisionados. Según dijeron las intimidaciones buscan “infundir miedo, inseguridad, inestabilidad e imposibilidad de terminar el proceso”.
#LuchaXCortes ⚖️ “Amenazar a los comisionados es amenazarnos a nosotros”
Organizaciones de la sociedad civil piden que las postuladoras estén libres de coacción. Denuncian las intimidaciones hacia integrantes de la comisión de postulación para la elección de magistrados de la… pic.twitter.com/UlNo9DQ6Xi
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) July 25, 2024
Recientemente, el MP anunció una investigación contra decanos que forman parte de las postuladoras por una denuncia anónima por supuestamente haberse reunido para negociar apoyos hacia determinados aspirantes que podrían participar en la elección de Cortes.
Juan Pablo Muñoz, coordinador de Alianza por las Reformas, expresó la preocupación de las organizaciones por la injerencia de forma arbitraria por parte del MP al anunciar “casos espurios para criminalizar a los comisionados, a los y las abogadas que se postulen y a la sociedad civil que monitorea” el proceso.
En su mensaje también hicieron un llamado a los comisionados a ejercer con transparencia el proceso de elección. “Estemos alertas frente a estas presiones espurias que atentan contra el convenio que todos los guatemaltecos hicimos para vivir en paz, en seguridad y justicia”, agregaron.
Peticiones
Una de las demandas de las organizaciones es que las instituciones del Estado, entre ellas el Ministerio de Gobernación, garantice la seguridad y el resguardo de los expedientes de los postulantes.
Además, solicitaron a la Corte de Constitucionalidad (CC) no interferir como lo hizo en la elección de la fiscal general en el año 2022. “Claramente a través de una resolución de la CC intervino u obligó a las y los comisionados a resolver en determinado sentido”, comentó Muñoz.
En la conferencia también estuvo presente la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, quien resaltó que el Estado de derecho del país está frágil y al no cumplirse los plazos establecidos en la Ley para la elección de las cortes o no se juramenten a los nuevos magistrados la democracia también se debilita.
Por otro lado, Odilia Lux, de la Plataforma de Mujeres Indígenas, llamó a la población guatemalteca, especialmente a las autoridades ancestrales y comunidades indígenas, para que fiscalicen el proceso. “Desde sus territorios pueden fiscalizar porque sí hay amenazas por fuerzas oscuras que desean la continuidad del poder. Reitero mucha fuerza y valentía para los comisionados quienes cuentan con el apoyo de la ciudadanía que quiere un Estado de derecho en Guatemala”, agregó.
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