La CC dejó firme la decisión de librar de un juicio por lavado de dinero a Samuel Morales, hermano del exmandatario Jimmy Morales. Una de las razones fue que el MP no corrigió en tiempo la apelación especial que presentó ante la Sala.
Por Alexander Valdéz
Cinco años después, la Corte de Constitucionalidad (CC) dictó una sentencia relacionada al caso denominado Botín Registro de la Propiedad, que en 2019 vinculó a Samuel y José Morales, hermano e hijo del ex presidente Jimmy Morales. Un caso en el que ambos fueron beneficiados por el Tribunal Décimo Tercero, que los absolvió de cargos.
En el nuevo fallo, la máxima corte constitucional del país ratifica y deja firme la decisión de librar de juicio penal al hermano del exmandatario, a quien se le acusó de lavado de dinero entre otros delitos, pero en su momento no pudo ser juzgado por lavado a raíz de otras decisiones judiciales.
Prensa Comunitaria pudo constatar que en esta última decisión, la CC hace ver que la Unidad de Impugnaciones del Ministerio Público (MP) cometió una “negligencia” al no haber corregido en tiempo errores contenidos en el recurso legal con el que se buscaba reactivar el proceso penal por lavado de dinero contra Morales.
Al haber presentado las correcciones fuera del plazo otorgado por la Sala, se favoreció al también excandidato presidencial en las elecciones de 2023, ya que los magistrados no entraron a conocer la impugnación del ente investigador y confirmaron la decisión de no ser juzgado por dicho delito al hermano del ex presidente.
“Llegada la fase procesal de dictar sentencia, se obtuvo fallo absolutorio a favor de los dos sindicados mencionados, decisión que, como se indicó en el relato fáctico realizado anteriormente, se encuentra firme; ya que el recurso de apelación especial interpuesto por el Ministerio Público, por medio de la Unidad de Impugnaciones contra ese pronunciamiento, por la extemporaneidad en su subsanación, fue declarado inadmisible por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. Criterio que fue calificado como acertado por esta Corte en sentencia el 16 de febrero de 2023”, indicó la CC al MP.
A criterio de la CC, la fiscalía presentó fuera de tiempo la corrección de la impugnación contra la resolución que favoreció y evitó que el hermano del ex presidente fuera juzgado por el posible lavado de dinero.
El fallo también alcanza al señalado Mario Estuardo Orellana. Ambos, el 18 de enero de 2017, fueron librados del delito de lavado de dinero por el Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, argumentando que no fueron proporcionados los indicios necesarios para creer que ellos hayan participado en el hecho.
Ahora, cinco años después, la máxima corte resolvió la petición del MP, que intentó enmendar el “error” que benefició a Morales.
Caso quedó en impunidad
La pesquisa de la FECI y la desaparecida CICIG indicó que desde la dirección del Registro General de la Propiedad (RGP), a cargo de Anabella De León, se autorizaron al menos 15 plazas fantasmas que significaron un desembolso de Q3 millones por parte de dicha institución.
También durante las pesquisas se hallaron indicios sobre pagos por servicios realizados de banquetes de alimentos durante actividades del RGP, lo cual significó el pago aproximado de Q150 mil.
En dos de los eventos se vinculó a Samuel Morales y a José Manuel Morales, hermano e hijo del expresidente Jimmy Morales, respectivamente. Los dos eventos de licitación en los que fueron beneficiados no se llevaron a cabo, pero habrían ayudado a Mario Estuardo Orellana López, padre de la exnovia de José Manuel Morales, quien también estuvo procesado.
En el primer evento se trató de un desayuno para 564 personas, fue por un valor de Q90 mil. El hijo del presidente presentó cotizaciones, de las cuales dos eran falsas y una ganó el evento.
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Otro caso similar
En el caso Construcción y Corrupción ocurrió una situación similar, ya que un supuesto “error” de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en la entrega de una apelación contra la resolución que favoreció al exdiputado Armando Escribá, evitó que se reactivara el proceso penal contra el exfuncionario que fue acusado en ese proceso.
En una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) consta que la FECI entregó fuera de tiempo una impugnación contra el fallo que anuló el proceso del exdiputado. Ese incidente favorece al exlegislador, porque al no haber apelación del MP, la nulidad de todo lo actuado del caso podría quedar firme, y el exlegislador no puede ser procesado por los dos delitos.
Inicialmente no se tramitó la apelación porque el juez consideró que la FECI presentó el recurso legal fuera del horario laboral del Organismo Judicial (OJ), y lo llevó al Juzgado de Turno.
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