La protección y la garantía de los derechos humanos continúan siendo vulnerados para algunos sectores de la población en el gobierno de Arévalo. Defensores piden al presidente que alce la voz en temas como los desalojos de familias campesinas y que de respuestas a las recomendaciones de organismos internacionales que velan por los derechos humanos.
Por Simón Antonio e Isela Espinoza
Durante siete meses de gobierno de Bernardo Arévalo la criminalización, los desalojos e incluso el exilio continúan siendo riesgos latentes que vulneran los derechos humanos de la población. La politóloga Eva Tecún León lamentó el silencio del Ejecutivo, aunque recalcó que la gestión del presidente también puede ser una oportunidad para darle respuestas a las recomendaciones realizadas por organismos internacionales que velan por los derechos humanos.
La semana pasada, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, visitó el país para verificar la situación actual. Mientras, esta semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realiza una visita in loco tras siete años sin verificar los impactos del debilitamiento de la institucionalidad democrática y la independencia judicial en el país.
En sus últimos tres informes, la CIDH catalogó a Guatemala como violador de los derechos humanos, especialmente en el apartado de Estado de derecho y justicia, e incluyó al país en la sección IV.b junto a Venezuela, Cuba y Nicaragua.
En marzo de este año, Türk también resaltó que los derechos humanos en el país están marcados por la desigualdad, la discriminación y violencia especialmente a los pueblos indígenas y afrodescendientes. Además, resaltó los ataques a los operadores de justicia anticorrupción, periodistas y a los defensores de los derechos humanos.
Durante un foro virtual realizado por Prensa Comunitaria, Eva Tecún, del Movimiento de Mujeres Indígenas Tz’ununija’ y el abogado Leocadio Juracán, del Comité Campesino del Altiplano (CCDA) expusieron la necesidad de visibilizar por parte del Gobierno estas vulnerabilidades.
“El ejecutivo poco puede hacer, pero sí puede pronunciarse y hace falta que lo haga. Puede darle seguimiento a las recomendaciones que han dado otros organismos y en este momento sería la oportunidad de darles respuestas. Más allá de tener diálogos, más allá de reunirnos, creo que se deben tener acciones más directas en cuanto a las propuestas que ya se han realizado, la restitución de los derechos humanos durante los Acuerdos de Paz sería un paso importante de este Gobierno”, opinó la politóloga.
Ambos expositores coincidieron que durante el Gobierno de Alejandro Giammattei se profundizó el deterioro de la democracia y que actualmente muestra que no hay “frenos ni contrapesos en el sistema político” lo que pone en duda el Estado de derecho.
#EspaciosPC ⚠️Piden al Estado que cumpla las recomendaciones de organismos de DD.HH.
Eva Tecún, del Movimiento de Mujeres Indígenas Tz’ununija’, señala que la criminalización a defensores humanos y mujeres indígenas, la labor de los periodistas, la independencia judicial y los… pic.twitter.com/0Dx1PirBPd
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Juracán se refirió al cierre de la institucionalidad de la paz con la Secretaría de Asuntos Agrarios, la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos, la Secretaría la Paz y la Comisión Presidencial del Diálogo.
Según explicó, paralelamente a estos cierres, por medio de un convenio que se firmó entre el gobierno y la fiscal Consuelo Porras se creó el Observatorio de la Propiedad Privada, que busca “prácticamente privatizar la investigación en el país y eso es muy peligroso porque ya estamos viendo las consecuencias”. Además del Observatorio también se creó la Fiscalía contra la Usurpación. Para Juracán tanto el observatorio como la fiscalía no han generado respuesta a las necesidades del país, sino que pretenden a través de la criminalización y judicialización resolver los problemas estructurales.
“Ha aumentado la represión, porque entonces las comunidades son vinculadas a casos judicializados y ahí se justifica la represión, la criminalización y, de fondo, el despojo. Prácticamente seguir con esta dinámica es mantener el Estado de Guatemala en los informes que aparece”, dijo el integrante de CCDA.
Mientras, Tecún, del Movimiento de Mujeres Indígenas Tz’ununija’, comentó que los pueblos y mujeres indígenas han manifestado históricamente que en Guatemala no existe un Estado de derecho para este sector. Sin embargo, el deterioro y cooptación de la justicia ahora se percibe porque alcanzó a otros grupos sociales.
“El derecho penal es utilizado para castigar, criminalizar y para callar luchas colectivas. En este sentido podemos ver cómo los procesos penales son utilizados para callar a jueces” que se apegan a las leyes y luchan contra la corrupción, resaltó. La politóloga agregó que el plan estratégico del Ministerio Público (MP) no está “en armonía” con el marco jurídico nacional, con los estándares internacionales en derechos humanos y sobre todo en derechos indígenas por lo que lamentó que Guatemala aparezca en informes sobre derechos humanos como un país que los violenta pero también estos alertan sobre la situación para prevenir una conflictividad interna.
Desalojos
Entre mayo y junio se registraron una serie de desalojos de familias Q’eqchi’ en Izabal y Alta Verapaz. A pesar de que existe una mesa sobre la conflictividad agraria entre organizaciones campesinas y el gobierno, los desalojos no cesan.
Previo a la visita In Loco, la CIDH realizó una audiencia sobre los desalojos y desplazamientos internos en donde comunidades indígenas y campesinas denunciaron las condiciones en las que se encuentran tras los desalojos.
En los primeros seis meses de Gobierno se han realizado 15 desalojos, de ellos, cuatro de manera extrajudicial y 11 con órdenes judiciales en los departamentos de Petén, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Escuintla y Jalapa, según Daniel Pascual dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC) quien participó en la audiencia de la CIDH.
La integrante del Movimiento de Mujeres Indígenas Tz’ununija’ lamentó que en seis meses la situación no ha cambiado para las comunidades indígenas y campesinas. “Pareciera que sigue siendo una política ya institucionalizada para los pueblos indígenas”, afirmó.
En cuanto a los desalojos señaló que las autoridades no han respetado los protocolos establecidos para realizarlos. Además, dijo que el Gobierno tampoco está planteando soluciones, medidas de prevención o resarcimiento para las familias que se quedan sin hogar.
Para Tecún, la judicialización de los desalojos plantea dos escenarios. El primero, que el Ministerio Público esté autorizando las órdenes de desalojo para que este gobierno se visualice como violador de los derechos de los pueblos indígenas. Y el segundo, se refiere al silencio del presidente.
“Que no haya un pronunciamiento por parte del presidente ante esta situación también nos da a conocer la prioridad que existe en cuanto a los derechos humanos de la población indígena. Vemos que hay varias mesas de trabajo con organizaciones campesinas y autoridades ancestrales, pero más allá de las mesas lo importante es cómo hacer efectivas esas demandas históricas que las organizaciones de mujeres, autoridades comunitarias, campesinas han propuesto. Eso sería un avance a la defensa de los derechos humanos”, enfatizó.
#EspaciosPC ⚠️Eva Tecún lamenta que la situación hacia los pueblos indígenas no ha cambiado en seis meses del gobierno de Arévalo
Durante la conversación con Prensa Comunitaria, la politóloga del Movimiento de Mujeres Indígenas Tz’ununija’, se refirió a los recientes desalojos… pic.twitter.com/pP2gLxfTpO
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Por otro lado, también responsabilizó al organismo Legislativo de garantizar los derechos humanos en el país. Actualmente, la Junta Directiva del Congreso impulsa diálogos para definir las prioridades para una agenda legislativa que busca atender las demandas de los pueblos indígenas.
“Más allá de tener una mesa para establecer una agenda por qué no desengavetar todos los proyectos o propuestas de ley que los pueblos indígenas hemos propuesto. ¿por qué no ponerlas a discusión y aprobarlas? Creo que eso también daría un avance a los derechos humanos de los pueblos indígenas”, cuestionó Tecún.
La politóloga concluyó que mientras el MP y el sistema judicial estén cooptados difícilmente puede haber garantía a los derechos humanos. Lamentó el exilio anunciado la semana pasada por la exfiscal Virginia Laparra. “El ejecutivo poco puede hacer para garantizar que haya una justicia imparcial, pero puede ser garante, puede pronunciarse. Es una voz y no se ha hecho presente de la forma que muchos esperamos porque es necesario visualizar que es una problemática”, agregó Tecún.
Tanto el Alto Comisionado, Volker Türk, y la delegación de la CIDH han escuchado a organizaciones de la sociedad civil. Tecún expuso que es importante evidenciar la criminalización a defensores de derechos humanos, la labor de los periodistas y la persecución que sufren, los desalojos, los desplazamientos forzados, las órdenes de capturas a comunidades enteras en el caso del pueblo Q’eqchi’, la criminalización de las mujeres indígenas y la situación en los centros preventivos.
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