Esta es la segunda ocasión que el Legislativo rechaza la propuesta del presidente Bernardo Arévalo. A pesar de resaltar que la medida contaba con mecanismos de transparencia y fiscalización, la oposición votó en contra. “Nuevamente encontramos que las minorías corruptas siguen queriendo aprovecharse de las necesidades de los más vulnerables y prefieren ver un país en ruinas que perder sus privilegios”, señaló Arévalo horas después en una conferencia de prensa.
Por Isela Espinoza
La discusión del Acuerdo Gubernativo 2-2024 que declaró el estado de calamidad por las lluvias transcurrió entre acusaciones de corrupción durante los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei y la falta de ejecución del presupuesto por parte del presidente Bernardo Arévalo. Tras más de tres horas de debate, con 95 votos los diputados opositores rechazaron la medida mediante el decreto 15-2024.
“Nuevamente encontramos que las minorías corruptas siguen queriendo aprovecharse de las necesidades de los más vulnerables y prefieren ver un país en ruinas que perder sus privilegios. Mientras en las calles el pueblo se debate la vida moviéndose o transportando mercancías en carreteras que se encuentran en un estado reprobable, mientras en las comunidades la gente pierde sus casas y arriesga incluso la vida, 95 diputados del Congreso le fallan de nuevo al pueblo negándole la posibilidad de acciones inmediatas”, señaló horas después, en una conferencia de prensa, el presidente Bernardo Arévalo.
“En ningún momento el gobierno ha dejado de trabajar, lo ha hecho con los recursos que tiene y lo seguirá haciendo a pesar de que estos 95 diputados le han negado el acceso a los recursos de emergencia que existen para poder atender las necesidades de la población, vamos a seguir trabajando y vamos a buscar los mecanismos que podamos para dar soluciones prontas a las necesidades que existen”, expresó Arévalo.
Entre los diputados que rechazaron la medida se encuentran, Allan Rodríguez, Evelyn Morataya, Héctor Aldana Reyes, José Inés Castillo, Bequer Chocooj, Lourdes Teresita de León, Julio Héctor Estrada, Sandra Jovel de las bancadas VAMOS de Giammattei; Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Valor de la excandidata presidencial Zury Ríos; Comunidad Elefante, CABAL, Viva, Todos, Nosotros, Unionista, Creo y Azul.
Luego de conocer el resultado, el diputado independiente David Illescas Sandoval dijo que el estado de calamidad no pasó porque en “este gobierno no hay alfombras mágicas (en referencia a uno de los casos de corrupción que evidenció un supuesto pago de sobornos rusos para Giammattei), no hay casas en la Antigua Guatemala con maletas llenas de dinero”. Agregó que a los opositores la población “es lo que menos les ha importado”.
Horas antes, las bancadas aliadas argumentaron que en el país no existen las condiciones para declarar un estado de calamidad. Este jueves la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) publicó en su informe que a nivel nacional hay 4,362 personas en riesgo, 6,928 damnificadas, 17,076 evacuadas y 17 han fallecido en diferentes incidentes debido a las lluvias, así como 40 puentes afectados, viviendas con daños que superan las 5,000 y 505 carreteras afectadas.
La retórica de los opositores se enfocó en que los funcionarios del Gobierno no han tenido “la capacidad” de buscar una solución, que el Acuerdo Gubernativo posee irregularidades, que no hay lluvias y que el huracán Berly ya pasó, el reproche del alza de los costos de la canasta básica e incluso algunos pidieron la renuncia del presidente Arévalo. “La gente no quiere estado de calamidad”, dijo Ronald Portillo del partido Vamos.
Sofía Hernández, representante de Huehuetenango por el partido VAMOS, dijo que han monitoreado los daños en cada uno de los municipios y “realmente no están reflejados en una gran necesidad para aprobar un estado de calamidad”.
Sin embargo, la diputada de Semilla, Elena Motta Kollef, representante Distrito Central, rechazó el argumento de sus homólogos opositores al recordar que en los departamentos por los que fueron electos existen más de 50 mil afectados como en el caso de Suchitepéquez. “Vienen aquí a decir que el pueblo de Guatemala no necesita el estado de calamidad”, comentó.
Mientras, la diputada Victoria Palala señaló que el alza de los productos de la canasta básica se debe al mal estado de las carreteras que fueron abandonas en los gobiernos anteriores.
Para la diputada Sonia Gutiérrez, de Winaq- URNG, los gritos, silbidos y discursos de la oposición tenían tintes de “revanchismo político” y recordó que durante la gestión de Giammattei se aprobaron estados de calamidad, ampliaciones presupuestarias, y préstamos porque según el gobierno “había una necesidad”.
Gutiérrez anticipó que apoyaría el estado de calamidad a favor de la población. Ante el argumento de algunos congresistas que resaltaron que el decreto gubernativo limitaba algunos derechos como la libre locomoción resaltó “la limitación de los derechos constitucionales ya lo estamos viviendo” al ejemplificar el tráfico de hasta cinco horas al que día a día se enfrentan los guatemaltecos ante la destrucción vial. “No podemos seguir castigando al pueblo de Guatemala. Dejemos esos revanchismos políticos”, agregó la diputada.
Por otro lado, Samuel Pérez, del bloque independiente, también recordó que durante el mismo periodo del gobierno de Giammattei se aprobaron seis estados de calamidad y tres estados de sitio. “Nunca hubo quejas, nunca hubo caprichos porque la mayoría de los consensos se hicieron en el búnker de la presidencia (del Congreso)”, puntualizó.
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Emergencias se atenderán con “el presupuesto disponible”
El ministro de Comunicaciones, Félix Alvarado, declaró que las emergencias se van a responder con el presupuesto disponible. “Al no aprobarse el estado de calamidad eso significa que cualquier gasto que se haga para responder a la emergencia tendrá que seguir los procesos ordinarios”, comentó el ministro de Comunicaciones, Félix Alvarado.
La Ley de Contrataciones del Estado establece un plazo de tres meses para llevar a cabo una cotización y cinco meses para una licitación. Con el estado de calamidad las adquisiciones se realizarían a través de Guatecompras pero de manera inmediata durante los 30 días que se tenía previsto duraría a nivel nacional. El acuerdo gubernativo también autorizaba al Ministerio de Comunicaciones (CIV), al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y a la Secretaría Ejecutiva de la CONRED como instituciones encargadas de realizar compras de bienes, suministros, obras y servicios.
Según el CIV priorizarían la atención para la autopista Palín- Escuintla y se enfocarían en la compra de puentes de emergencia para instalación de puntos críticos, arrendarán maquinaria pesada y adquisición de equipo para mejorar su capacidad de respuesta de emergencia.
Sin embargo, esta es la segunda ocasión que la medida del Ejecutivo es rechazada en el Congreso. En abril pasado, el pleno también rechazó el primer estado de calamidad planteado por Arévalo con el que intentaba hacer frente a la temporada de incendios que arrasó con miles de hectáreas de bosque de todo el territorio.
Gobierno propone estado de calamidad al Congreso pero oposición no lo apoya
