Tres años después de la presentación del caso Comisiones Paralelas 2020, la declaración de la excomisionada Olga del Rosario Alfaro Pineda vuelve a tener relevancia. Su testimonio, anulado por la justicia guatemalteca, evidencia cómo actores influyeron en la elección de Cortes para cooptar el sistema judicial de Guatemala.
Por Prensa Comunitaria
Hace cuatro años la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) develó el caso Comisiones Paralelas 2020. En él, mostró la posible comisión de actividades criminales que buscaban la influencia en el proceso de selección de magistrados. Se trataba de una segunda investigación sobre la manipulación de Cortes, ya que la primera había sido presentada, en 2018, bajo el nombre de Comisiones Paralelas.
Aunque la investigación del proceso de elección de magistrados, de 2019, no avanzó tras la destitución y criminalización de fiscales que investigaron el caso, resultó importante porque evidenció que grupos ligados al gremio de abogados, jueces, magistrados y diputados se confabularon para llevar a las Cortes de Justicia del país a personas afines a ellos.
Recientemente, fue la propia Corte de Constitucionalidad (CC), dirigida por Néster Vásquez quien también es señalado en la investigación Comisiones Paralelas 2020, que dejó sin efecto el acuerdo de colaboración eficaz que se firmó con Olga del Rosario Alfaro Pineda, que también figura como sindicada y cuyo testimonio fue clave para que la FECI, dirigida por Juan Francisco Sandoval, identificara la estrategia irregular utilizada para la integración de nóminas enviadas al Congreso de la República.
Alfaro Pineda fue comisionada en la anterior postuladora de 2020. Su relato ampliado ante la FECI, en agosto de 2021, evidenció la influencia que tuvieron determinados actores y su interés en colocar a personas afines en magistraturas de Salas y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Tres años después, este relato de cómo se manipuló la elección de Cortes vuelve a tener relevancia y alerta sobre el papel que tendrán nuevamente las personas que figuraron en esa investigación, pero que fueron desligadas del caso y que están en libertad.
Aunque las personas vinculadas al caso y los hechos se mantienen en impunidad, son parte de una historia que no debe repetirse en el nuevo proceso para elegir a nuevas autoridades de Salas de Apelaciones y CSJ.
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Alfaro Pineda: “Comisionados del Dr. Estuardo Gálvez llevaban un listado adicional donde les indicaban por quiénes no votar”
Olga del Rosario Alfaro Pineda integró la anterior postuladora como representante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), para elegir magistrados en el pasado proceso. La declaración ministerial se compone de siete páginas. En la descripción que hace de los hechos señala que no tuvo ningún interés en “cooptar las Cortes”. Aunque reconoce que acudió al sanatorio en Ciudad Nueva, zona 2, donde estaba internado el empresario Gustavo Alejos, un actor ya conocido y condenado por corrupción, el lugar que funcionaba como “base de datos” de los aspirantes que serían incluidos en las listas finales.
Entre los nombres incluidos en la declaración de Alfaro destacan los exrectores de la Universidad de San Carlos (Usac) Murphy Paiz y Estuardo Gálvez, también el magistrado Estuardo Castellanos, Esteban Mollinedo y Juan José Bolaños, entre otros.
“Sí fui al Hospital fue para verificar mis candidatos, pues ahí es donde mantenían la base de datos, como ya lo indiqué en mi anterior declaración, me encontraba alejada totalmente del ámbito político gremial y nacional, al extremo que de no haber sido por las reuniones que se llevaron a cabo nunca hubiera logrado identificar al Doctor Estuardo Gálvez o al Doctor Juan Carlos Godínez, pues al haber estudiado en una Universidad Privada, desconocía totalmente ese ámbito”.
La testigo también menciona que hubo reuniones en las que identificó a Billy Herrera, Esteban Mollinedo, Saúl Zenteno, el actual abogado de Manuel Baldizón.
“En ese momento me comentaron que el señor Gustavo Alejos se había alegado con el doctor Gálvez vía telefónica, y que por eso Juan José Bolaños había desaparecido con el listado, y que lo fueron a buscar a su apartamento en Centro Vivo en zona uno, pero que al final el Dr. Estuardo Gálvez estaba encaprichado en que si no se votaba por la reelección de los magistrados, que eran afines a Godínez, o por cualquier candidato de Juan Carlos Godínez, sus comisionados no iban apoyar el consenso, o restaba 7 votos, siendo estos los: de Judith Urizar, Normal Santos, Hugo Cabrera, Gustavo Bonilla, Jenniffer Nowell, de la Universidad Regional y en teoría de Luis Fernando Ruiz y Carlos Hernández.
En su declaración, la testigo relata que entregó un listado de personas por quienes los comisionados no debían votar, y que incluso hubo molestias por un grupo ligado a Gálvez, debido a que no fueron incluidos en la lista final aspirantes a magistrados de la CSJ.
“Comisionados del Dr. Estuardo Gálvez llevaban un listado adicional donde les indicaron por quiénes no votar, estaban señalizados con asteriscos y guiones. El 13 de febrero de 2020, a las 8:00 de la mañana el señor Esteban Mollinedo me llamó para que nos juntáramos unas cuadras antes de la Universidad Mesoamericana y me dijo que me iba a entregar un listado con algunos nombres resaltados que eran los que había que rescatar, me entregó varias copias, al llegar a la Comisión de Postulación antes de entrar a las votaciones llegó un señor de nombre Julio no recuerdo el apellido que quería entregarle unos documentos a los de la agrupación de Gálvez, se los recibí y se los entregué a Judith y le indiqué que un señor de nombre Julio decía que se los mandaba el doctor Gálvez, ellos empezaron a llamar al Dr. Gálvez para confirmar pero él indicó que no había enviado nada. Es así como los listados donde estaban resaltados los que había que rescatar ya no se utilizaron”.
Este es uno de varios testimonios recibidos por el MP, cuando la investigación estaba en curso. Entre las personas que también aportaron información estaba Gustavo Alejos, sin embargo, el proceso no avanzó y fue retirado de Mayor Riesgo “D” y trasladado a otro juzgado inferior.
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El caso que nunca avanzó
En febrero de 2020, a raíz de la investigación de la FECI, por el delito de evasión en contra de Gustavo Alejos, quien se encontraba en prisión preventiva en un sanatorio de la zona 2 de la ciudad de Guatemala, identificó intentos para manipular el proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia y de las Salas de la Corte de Apelaciones.
En esa ocasión, la FECI determinó que la comisión de actividades criminales influenció el proceso de selección de candidatos a magistrados que se materializan en actividades comparables a una “comercialización informal”, consolidadas como un trueque de favores.
Fue así como el pacto se aseguró el número de electores necesarios, para cumplir con el requisito establecido en los artículos 215 y 217 de la Constitución Política de la República, es decir, las dos terceras partes de los votos. El número que se requería era de 25. La agrupación aseguró 24 votos, y manejaron un margen de riesgo de 1 voto.
Esta fue la presentación del caso:
Mientras los señalados recuperaron su libertad, los fiscales que tuvieron a su cargo la investigación tuvieron que salir al exilio debido a la persecución que el MP de Consuelo Porras inició en su contra.