La abogada mexicana Ana Lorena Delgadillo no tiene dudas: la participación ciudadana, ya sea fiscalizando o aspirando a las cortes, es importante para lograr un Organismo Judicial independiente en Guatemala, que sufre actualmente una “gran desconfianza”.
Por Cristian García
El proceso de elección de cortes está por arrancar, pero aun así ya registra diversas incidencias: retrasos en el trabajo, una investigación en contra de algunos comisionados y la observación que, en torno al mismo, han instalado diversos entes.
Uno de estos es el Panel de Personas Expertas Independientes, una iniciativa internacional creada por una serie de organizaciones para examinar el evento y brindar recomendaciones sobre la designación de magistrados.
En este proyecto participa Ana Lorena Delgadillo, una abogada que ha trabajado durante 25 años en derechos humanos y cuya trayectoria la llevó a liderar un movimiento para transformar la Fiscalía General de la República de México.
Para Delgadillo, lograr una reforma en las instituciones toma mucho tiempo y son procedimientos que, en ocasiones, parecen una “montaña rusa”: en algunos momentos las instancias están bien y en otros no.
Enfrentar el Organismo Judicial en Guatemala, en torno al cual, según Delgadillo, hay descontento, desconfianza e ilegitimidad. “No puede haber una separación tan grande de la ciudadanía con su Poder Judicial”, acota.
Por eso, argumenta que es al Organismo Judicial al que más le conviene que esta selección de magistrados se efectúe conforme a lo que establece la ley. Sin embargo, también señala que hay una inquietud por las denominadas “comisiones paralelas”.
“La gran preocupación es que lo que se haga en las comisiones sea una simulación, que ya estén los arreglos. Esto sería el daño más grande que se le puede hacer a la democracia guatemalteca”, afirma la abogada.
Pese a esto, sostiene que hay oportunidades para tener un mejor proceso, por medio de la observación ciudadana y el monitoreo internacional que tiene la elección de cortes, incluso, a niveles que no se habían registrado antes.
En esta conversación con Prensa Comunitaria, la abogada se refiere, entre otros temas, al perfil de los aspirantes, los aspectos que se deben evaluar de las candidaturas, la necesidad de que participen abogados intachables y la exigencia hacia el Ministerio Público para que no se utilice la maquinaria penal para afectar la designación.
¿Cuáles son las impresiones iniciales que tiene el panel sobre este proceso de elección de magistrados?
En principio nos parece importante que se puedan cumplir con los tiempos, para que se pueda hacer un examen de manera correcta (de las y los aspirantes). Tiene que haber protección para las personas que puedan correr riesgo. Creemos que la sociedad guatemalteca le puede dar mayor fuerza y acompañamiento al proceso.
Tenemos certeza de que solamente una gran unidad permitirá observar y denunciar cuando no se cumplan las condiciones que están establecidas en las leyes y en los estándares internacionales, para que el proceso se lleve a cabo de manera adecuada.
Esperaríamos que no se utilice de manera inadecuada al sistema penal para criminalizar y que no haya arreglos por fuera de las comisiones de postulación. Es decir, que no se lleven a cabo estas “comisiones paralelas”. Hay mucha claridad de que un Poder Judicial independiente va a beneficiar a todos. La preocupación crucial es que no se judicialice el proceso.
No judicializar el proceso, no criminalizar a quienes vayan a participar dentro del evento y evitar que haya “comisiones paralelas”, ¿consideran que estas son expectativas demasiadas altas para el contexto guatemalteco?
Las expectativas en nuestros países nunca son sencillas. La lucha por la independencia judicial, por una fiscalía que realmente investigue y combata la violencia y la corrupción, y la lucha en contra de la desigualdad… Nuestros países tienen una historia en donde hay demasiados obstáculos para que esto pueda ocurrir, porque los sistemas terminan siendo cooptados por intereses reales o fácticos.
Pero también, nuestros países y, sobre todo lo que yo veo en Guatemala, tienen una enorme riqueza en su sociedad civil, en sus pueblos indígenas y en su gente que no se va a dar por vencida. A pesar de que el camino no ha sido fácil y de los reveses, hay una decisión de las y los guatemaltecos para recuperar lo suyo.
Los últimos dos procesos de selección de magistrados estuvieron marcados por serias irregularidades, producto de las “comisiones paralelas”. ¿Hay oportunidad de elegir profesionales independientes, tomando en cuenta que este tipo de mecanismos siguen vigentes en la actualidad?
Los riesgos de cooptar los sistemas siempre están presentes. Lo que hemos visto en la región es que las tendencias de ciertos grupos es querer apoderarse del Poder Judicial y el Ministerio Público, porque eso les permite mantener la impunidad, seguir actuando corruptamente y tener carta abierta para disponer del país para el beneficio de muy pocos.
Estamos conscientes de que no va a ser un camino sencillo. Nosotros, con los grupos que pudimos conversar en Guatemala, les decíamos que era muy importante que se postulen. Se requiere que la gente que tenga un buen perfil, que cumpla con los requisitos y que quiera recuperar la democracia en Guatemala sea la que esté concursando.
Eso le va a permitir a las comisiones de postulación tener mejores candidatos. Si esos candidatos, que son buenos aspirantes y además también tienen vocación de servicio, no concursan, dejarán a las comisiones con muy pocas herramientas.
En Guatemala, se dice que para conseguir un puesto público en el sistema de justicia se necesita un padrino. ¿Podría ser la participación de buenos candidatos para las cortes una fórmula para sanear ese vicio en las postuladoras?
Es fundamental que haya buenos candidatos concursando, porque el que los haya también le va a permitir a la sociedad exigir a las comisiones de postulación: “Tuvimos la oportunidad de revisar a los candidatos y nunca diste una explicación de por qué estos que tienen una trayectoria impecable no están quedando y por qué estos sí”.
En principio deben llegar las y los buenos candidatos. Lo segundo, es que conforme se vaya desarrollando el proceso, la sociedad esté muy pendiente para pedir explicaciones a quienes están votando, para saber por qué están votando de determinada manera.
¿Cuál debe ser el perfil idóneo de alguien que aspira a ocupar una magistratura?
Tanto la Ley (de Comisiones Postulación) como la Constitución dejan muy claros algunos de los principales elementos: el mérito, la experiencia, la honradez y la honorabilidad. Los requisitos que están establecidos son los básicos, pero hay muchos otros que se pueden ir evaluando.
Se espera que la elección sea conforme al mérito, la experiencia, la calidad ética, la honradez, (pero también acorde a) la probidad, el compromiso institucional, vocación de servicio, independencia, capacidad técnica y, sobre todo, que el aspirante esté libre de todo tipo de intereses económicos o de injerencia en temas que puedan cuestionar su trayectoria.
Entonces, habría que ampliar el espectro de requisitos que debe cumplir el aspirante a las cortes, más allá de lo que establece la normativa guatemalteca…
Lo que creemos es que la base tiene que ser lo que está en la Constitución y en las leyes. Sin embargo, eso se tiene que desmenuzar, se tiene que ir desintegrando en elementos más precisos y con mayor objetividad para poder entender, por ejemplo, a qué me refiero con la calidad ética, la honradez o la honorabilidad.
Este tipo de valoraciones no pueden ser arbitrarias ni subjetivas. La reunión con autoridades indígenas fue muy rica, porque ellos decían que es importante que se valore cuál es la vocación que se tiene por el servicio público o por la democracia. Esa vocación no es difícil de demostrar, porque uno lo hace con su trayectoria como persona y como profesional.
Las autoridades indígenas también nos decían que el hecho de que se tuviera más doctorados o maestrías, tampoco hace mejor a un candidato. Nosotros, cuando se empiecen a trabajar las tablas de gradación, esperaríamos aportar elementos para que se pueda dar el puntaje de una manera más objetiva.
Incluso, la relatora de la Independencia Judicial, Margaret Satterthwaite, adelantó algunos indicadores en cuanto a criterios de honradez y honorabilidad. Por ejemplo, ella recuerda que la falta de una sentencia penal firme es insuficiente por sí sola como indicador.
Por eso, debe exigirse a las y los candidatos que presenten una declaración jurada y pública de bienes, copias de contratos de trabajo existentes, declaración de conflicto de interés personales y comerciales. Todo esto tiene que tomarse en cuenta para valorar la honradez y la honorabilidad.
Algunos sugieren que una forma para tener a los mejores profesionales en las cortes es realizar un examen de oposición. ¿Podría ser una solución a la arbitrariedad a la que han estado sujetas las comisiones en los últimos procesos?
Esas cosas las tendrán que determinar las comisiones de postulación. En algunos países esto se hace. Por ejemplo, en México para algunos cargos se tiene que pasar por un examen muy profundo. Les tocará a las Comisiones de Postulaciones determinar si es una herramienta que ayudaría para tener un mayor filtro a la hora de escoger a las y los mejores.
Por cierto, el Ministerio Público se ha convertido en una herramienta de presión y algunos comisionados ya son víctimas de esa coerción. ¿Cómo analiza el panel esta situación?
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, le dejó un mensaje a la fiscal general sobre la no criminalización y nosotros también lo sostenemos. Es una de nuestras principales preocupaciones.
Nosotros rechazamos contundentemente el uso de la maquinaria penal para bloquear candidaturas, para amenazar, para criminalizar a quienes participan de alguna manera en el proceso. El llamado es para el Ejecutivo, para que se proteja a estas personas y se denuncie internacionalmente lo que suceda.
Para finalizar, ¿qué les piden a las postuladoras y al Legislativo en esta elección?
La petición para todos los comisionados es que actúen con honradez, honorabilidad, ética y de acuerdo a lo que establece la ley. La gran tarea de las comisiones es que manden para cada cargo a dos excelentes candidatos, de tal forma de que no importe a cuál elija el Congreso.
