Los comunitarios de San José El Tesoro también informaron sobre la destrucción de la escuela. Videos publicados evidencian que la incendiaron. Las familias Q’eqchi’ ahora se resguardan a la intemperie tras haber sido desalojadas.
Por Prensa Comunitaria
Viviendas convertidas en cenizas, cosechas quemadas y familias Q’eqchi’ desplazadas es el escenario que queda de la comunidad de San José El Tesoro, en Cobán, Alta Verapaz, tras un desalojo donde participaron más de mil agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
El miércoles 5 de junio unos mil 500 agentes de la PNC se movilizaron a Cobán para desalojar a las familias que habitan en la finca conocida como “El Tesoro”, situada en la entrada de las aldeas las Pacayas y Chitocán.
📢 #AltaVerapaz 🚨Más de 1,500 policías se encuentran en Cobán para ejecutar una orden desalojo en la finca El Tesoro
Este miércoles, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se movilizaron a Cobán para desalojar a familias Q’eqchi’ que habitan en la finca, situada en la… pic.twitter.com/xemfvI1m2L
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) June 5, 2024
Según información divulgada por los comunitarios, los agentes policiales iban acompañados por el concejal de Cobán, Ariel Hase, quien lideraba el desalojo de los pobladores que ahora se resguardan a la intemperie tras haber sido desalojados.
Los comunitarios de la localidad también informaron sobre la destrucción de la escuela. Videos publicados evidencian que la incendiaron.
#AltaVerapaz 🚨 Agentes de la PNC “quemaron viviendas y cultivos tras desalojo en Cobán”
Este miércoles 5 de junio, familias Q’eqchi’ de la comunidad de San José El Tesoro, fueron víctimas de un desalojo por un contingente de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes al retirarse… pic.twitter.com/XF5BNxfd1U
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) June 6, 2024
El desalojo fue autorizado por el juez Ricardo Isaías Caal Caal del Juzgado de Primera Instancia Penal de Alta Verapaz.
Según la orden del Juzgado, la propiedad supuestamente pertenece al finquero Edgar René Ponce Molina. La orden fue autorizada en octubre de 2023, según los documentos a los que Prensa Comunitaria tuvo acceso.
De acuerdo con información del portal CMI-Guatemala desde 2019 se reportaban los desalojos en El Tesoro, promovidos por Ponce Molina.
En dicho reporte señalaron que se amenaza con otro desalojo en Río Cristalino, la cual favorecía a Romelia Dieseldorff Neal, viuda del militar Antonio Estrada Sanabria, quien formó parte del movimiento de Carlos Castillo Armas.
Iniciaron desalojos en medio de estado de Sitio. Uno (El Tesoro) favoreciendo a Edgar René Ponce Molina. Amenaza de otro en Río Cristalino, favoreciendo a Romelia Dieseldorff Neal, vda. de militar (r) Antonio Estrada Sanabria (promo 21,1930), parte de movimiento de Castillo Armas
— CMI-Guatemala (@cmiguate) October 10, 2019
Organización señala a la PNC por quema de viviendas y cultivos
El Comité de Unidad Campesina (CUC) se pronunció respecto a este tema en un comunicado el 5 de junio.
La organización aseguró que el Estado de Guatemala ha vuelto a arremeter contra las comunidades indígenas Q’eqchi’.
“Durante el desalojo las fuerzas policiales quemaron y destruyeron viviendas y posesiones, mataron animales de patio e incendiaron cosechas”, señaló la organización.
El CUC también dijo que “este acto ha dejado a hombres y mujeres sin resguardo ni protección, atentando directamente contra la vida de las familias Q’eqchi’, negándoles el derecho a vivienda, acceso a la tierra y seguridad alimentaria”.
Además, resalta que no se garantizaron las condiciones para el respeto de los derechos humanos y las garantías constitucionales de las familias Q’eqchi’, dado que no se les permitió el derecho a defensa, no se les notificó oportunamente, y no se les permitió que retiraran sus pertenencias.
La organización denunció que se está “actuando bajo las órdenes de los finqueros que exigieron la destrucción de todas las pertenencias de las familias, realizaron un desalojo con violencia extrema, destruyendo todo a su paso y utilizando bombas lacrimógenas, lo que obligó a mujeres, hombres y niños a huir a las montañas en busca de refugio”.
“Denunciamos que el Estado de Guatemala no está respetando los protocolos internacionales de protección de derechos humanos en casos de desalojos”, dijo.
Asimismo, denunciaron “a los terratenientes y a los jueces que se han prestado para la violación de los derechos humanos de las familias indígenas y campesinas”.
Los inconformes, exigieron al Gobierno el inmediato cese de los desalojos y el establecimiento de una comisión y mecanismo de atención a crisis que permita abordar la situación que viven las familias indígenas y campesinas, situación agravada por la sequía que golpea a agricultores del campo.
“Es imperativo que se respeten los derechos humanos y se garantice la protección y bienestar de las comunidades indígenas”, puntualizan.
PDH dice que se promovió el diálogo
En un comunicado el 6 de junio, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) aseguró que durante el desalojo se dio acompañamiento y que “en la ejecución, los delegados de la PDH promovieron un proceso de diálogo con el fin de brindarse un tiempo prudencial para que los ocupantes de la propiedad se retiraran de forma pacífica, sin embargo, se generaron acciones violentas debido a que se oponían a salir de la finca”.
La PDH afirma que la diligencia culminó con la entrega del inmueble “situación que provocó detonaciones de arma de fuego, retirándose las partes involucradas como medida de seguridad”, detalla.
Representantes del @PDHgt en #AltaVerapaz verificaron actuaciones de agentes de la @PNCdeGuatemala, quienes llevaron a cabo diligencia de desalojo en finca Chicoy, en cumplimiento de una orden judicial.
Más información👇https://t.co/Ry9bpuRgt5 pic.twitter.com/A7T4DzoFvc
— PDH Guatemala (@PDHgt) June 6, 2024
PNC sin respuesta
Se consultó al equipo de comunicación de la PNC respecto al desalojo realizado en Cobán, sin embargo, al cierre de esta nota, no se habían pronunciado.
El pasado 31 de enero, pobladores de Alta Verapaz alertaron sobre el avance de un fuerte contingente policial que supuestamente se dirigía a la aldea Ch’ina Cangüinic, ubicada a más de una hora de Cobán, la cabecera departamental, para ejecutar un desalojo.
En esa ocasión, los pobladores se organizaron y evitaron el ingreso de los policías a las comunidades.
Fuentes oficiales consultadas negaron que se tratara de un desalojo y dijeron que la movilización de los agentes era por un allanamiento.
Conoce más detalles acá:
Alta Verapaz: excesivo despliegue policial en una comunidad Q’eqchi’ por posible desalojo
Segundo desalojo durante gobierno de Arévalo
Este es el segundo desalojo que se reporta durante el gobierno de Bernardo Arévalo, ya que, en mayo recién pasado en Buena Vista, de El Estor, Izabal, mujeres que estaban acompañadas de sus hijas e hijos fueron desalojados de la finca Tz’inté.
De forma simultánea a las fuerzas de seguridad del Estado, participaron cuadrilleros de Arriaza Migoya y agentes de la seguridad privada de la empresa VIP Security SA quienes podrían haber destruido las casas y sembradíos de las familias. Las familias que vivían en la comunidad Buena Vista buscaron refugio durante la noche en la comunidad Santa Rosita, otras pernoctan a la orilla de la carretera.
Rudy Guzmán, excandidato presidencial del partido Nosotros es el dueño de esa empresa.
Conoce más detalles acá:
48 familias Q’eqchi’ de la comunidad Buena Vista fueron desalojadas de forma ilegal en El Estor
Sobre Arriaza Migoya, se sabe que durante el juicio en contra de Abelino Chub Caal, maya Q’eqchi’ y dirigente campesino, se demostró que la familia Arriaza ha obtenido las tierras en Izabal inscribiéndolas de forma irregular o anómala a su favor. Sin demostrar la propiedad de la tierra de la finca El Murciélago en 2019, además se demostró la inocencia de Chub Caal sobre el delito de usurpación de la tierra.
