Suspenden el proceso penal contra dos mujeres y seis hombres dirigentes del pueblo maya Chuj de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, quienes fueron denunciados en junio de 2019, tras participar en una manifestación donde denunciaban fraude electoral en la alcaldía municipal.
Por Adaluz Francisco
Cinco años duró la fase en primera instancia penal en el que fueron acusadas dos mujeres y seis hombres, del pueblo maya Chuj de Huehuetenango.
Este 31 de mayo de 2024 el titular del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Santa Eulalia, Alberto Calmo Ramírez, celebró la audiencia de etapa intermedia en el que dictó auto de sobreseimiento en el caso que se sigue contra estas ocho personas.
Los sindicados son Fabiana García Alonzo, Ruth Bartolo Alonzo, Andrés Gómez Alonzo, Baltazar Martín Gómez, Julio Gómez Lucas, Lucas Alonzo Domingo, Diego Alonzo Lucas y Francisco Jorge Alonzo.
Todos son dirigentes indígenas, quienes han luchado contra los abusos de la empresa Energía y Renovación, S.A que intentó construir dos hidroeléctricas en la región de Yichk’isis.
Los acusados eran señalados del delito de lesiones leves, cuya pena máxima es de 3 años de prisión.
Las ocho personas fueron denunciadas por miembros de la Junta Electoral Municipal (JEM) de San Mateo Ixtatán.
Según la denuncia, el 18 de junio de 2019 la población se movilizó frente a la sede de la JEM para denunciar fraude electoral.
Quien había ganado la alcaldía era el candidato del partido Unión del Cambio Nacional (UCN), Andrés Santizo. Pero un día después de las elecciones, en el área urbana de San Mateo Ixtatán, encontraron varias boletas electorales tiradas.
Eso generó sospecha sobre el candidato de la UCN, pero nunca fueron escuchados por el entonces presidente de la Junta Electoral, Gaspar Gómez Hernández, quien figura como agraviado en el proceso, pero no se ha presentado a ninguna audiencia.
Ahora Ministerio Público (MP) tiene diez días para apelar.
“Hoy quedó demostrada nuestra inocencia, yo fui criminalizada por denunciar las anomalías que vimos en el proceso electoral en 2019, sin embargo, las autoridades nunca nos escucharon, es injusto pasar por este proceso espurio. Fue largo el camino, pero vamos felices a casa”, dijo Fabiana García Alonzo, una de las sindicadas.
Débora Quiacain, defensora de uno de los sindicados, declara que es lamentable la demora para resolver el caso en primera instancia.
“Se debe tomar en cuenta el principio de celeridad. Una de las sindicadas se encontraba en estado de gestación y durante este proceso desgastante dio a luz”, expone.
Es importante que el Ministerio Público y el juzgado agilicen estos casos para que se haga valer este principio en favor de todos los sindicados, pero sobre todo en el caso de las dos mujeres, que son hermanas, agregó la abogada.
César Canil, otro de los defensores, considera que fue una resolución apegada a derecho.
“El juez menciona que tiene duda ya que fueron más de 600 personas las que estuvieron el día de los hechos”, argumenta Canil.
“Cómo saber quién irrumpió el edificio. La víctima no ha estado presente en ninguna de las audiencias, no hay certeza que esté presente en un debate, esto genera más desgaste agregado a los que se ha dado”, señala el defensor.
Ahora el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Delitos Electorales tiene diez días para apelar esta resolución, tiempo en el que debería ampliar la investigación, de lo contrario la resolución quedará en firme.
