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El Ministerio Público (MP) apeló la resolución dada por el juez Víctor Cruz quien declaró la falta de mérito para el tercer grupo de cuatro personas señaladas por la USAC,  por la toma del Campus Central que duró un año en rechazo a la imposición de Walter Mazariegos como rector de facto. En este grupo figura el periodista Engelberth Blanco, perseguido por su labor como periodista, el MP apelando la resolución busca evitar que se cierre el caso Toma Usac: Botín Político.  

Por Prensa Comunitaria

El Ministerio Público (MP) recibió un nuevo revés en el caso Toma Usac: Botín Político y apeló este martes 4 de junio la resolución dada el 31 de mayo por el juez Víctor Cruz en la cual declaró la falta de mérito en contra de: el abogado Helmer Velásquez, Julio Antonio Arreaga Solares, el médico veterinario Marco Vinicio de la Rosa Montepeque y Engelberth Gamaliel Blanco Telles. Este último fue señalado y criminalizado por su labor periodística.

Para el juez Cruz, la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural no aportó las pruebas suficientes para comprobar los delitos supuestamente cometidos por los cuatro acusados en el tercer grupo de señalados dentro del caso Toma Usac: Botín Político, razón por la que resolvió la falta de mérito.

Sin embargo, el fiscal Saúl Sánchez señaló su inconformidad con la decisión del juez y expresa que Víctor Cruz cometió errores al beneficiar a los acusados: “existe infracción a la norma penal y errónea fundamentación en la resolución”.

Con el caso Toma USAC: Botín Político las autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y el MP ha perseguido y criminalizado al binomio presidencial, diputados, activistas y opositores al rector de facto de la USAC Walter Ramiro Mazariegos Biolis o personas que han emitido opiniones contrarias al sistema por medio de las redes sociales.

El proceso también ha sido utilizado para perseguir a periodistas y medios de comunicación. El 16 de noviembre se emitió una orden de detención y allanamiento contra Engelberth Blanco.

En este mismo caso, el MP también pidió aprobar una solicitud de información judicial a la red social X CORP (antes Twitter), sobre las cuentas en la red social X de Prensa Comunitaria y Ruda.

Puedes leer más al respecto en: A solicitud del MP, juez pide información a X sobre cuentas de Prensa Comunitaria y Ruda – Prensa Comunitaria

“Buscan silenciar la labor periodística”

“Hemos visto cómo, a través de la Fiscalía, hay una serie de acciones que buscan prohibir, cohibir y silenciar a aquellos que realizan la labor periodística. No solo tenemos este caso, también tenemos el caso de ocho columnistas de otro periódico, y otro periodista en prisión. Finalmente, hemos visto cómo la Fiscalía ha hecho un uso indebido del derecho penal para silenciar estas voces, porque son incómodas para la crítica social respecto a una institución”, señaló Wendy López, abogada defensora de Blanco.

Durante la audiencia, López señaló que el testigo, el jefe de la Dirección General de Administración (DIGA), Luis Pedro Ortiz, nombrado por Walter Mazariegos, declaró el 24 de abril de 2023 que Blanco era periodista de La Hora, demostrando que, con pleno conocimiento de su labor, se le intentó sindicar de actos delictivos para silenciar su voz.

El día de los hechos, señalados por la USAC y por la fiscalía, el testigo Luis Pedro Ortiz ingresó por la fuerza al Campus Central, dirigiendo un grupo de choque, grupo que luego quemó un vehículo en el interior de las instalaciones universitarias.

Crónica del asalto al Campus Central de la Universidad: Parte I

La defensa destacó que, curiosamente, en las tres declaraciones de Ortiz, solo se menciona a Engelberth Blanco en una y fue en su calidad de periodista. En su primera declaración el 23 de noviembre de 2022, no mencionó su nombre, ni en la última del 23 de agosto de 2023.

“No vamos a negar que mi patrocinado estuvo allí, pero no en la calidad ni haciendo las acciones que le sindica la fiscalía. Estaba ejerciendo su labor periodística”, señaló la abogada.

La fiscalía utilizó varios testigos en el caso, incluyendo dos bajo reserva, con los que intentó ligar a proceso a los sindicados. Wendy López, en defensa del ejercicio periodístico argumentó ante el juez: “El ejercicio periodístico no está calificado como una acción ilegal y mucho menos cuando la fiscalía no indicó una acción concreta atribuible a mi patrocinado”.

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