La medida tomada por la Contraloría General de Cuentas de clasificar información como reservada por siete años relativa a documentos, denuncias, comunicaciones e información personal es vista como un acto de opacidad. Expertos en temas de transparencia señalan que las decisiones recientes de la Contraloría sumadas a las de Corte de Constitucionalidad (CC) generan una ola de falta de transparencia y son un retroceso en el derecho a la información pública.
Por Regina Pérez
Solo dos días después de que la Corte de Constitucionalidad (CC) declarara en reserva, por siete años, la información de la seguridad de los magistrados, la Contraloría General de Cuentas (CGC) publicó una resolución donde clasifica como información reservada por la misma cantidad de años, documentos utilizados en los procesos de fiscalización, denuncias e información personal que esté en poder de esa entidad.
Las medidas tomadas por ambas instituciones han sido criticadas por expertos en temas de transparencia, quienes señalan que provocan opacidad y representan un retroceso en el derecho al acceso a la información, además de violar la Constitución y la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).
Según la resolución publicada en el Diario Oficial, este miércoles 26 de junio, la CGC declaró como información reservada “los instrumentos, documentos, nombramientos, insumos, metodología, comunicación electrónica, aplicaciones informáticas, sistemas, providencias o procedimientos utilizados para la planificación, ejecución, comunicación de resultados y gestión de los procesos de fiscalización, así como los oficios, informes jurídicos, opiniones, dictámenes técnicos y/o legales, proyectos de denuncia, denuncias, demandas o documentos digitales emitidos como resultado del mismo o bien en el ejercicio de sus funciones”.
La Contraloría justificó la resolución en el artículo 23, numeral 9 de la Ley de Acceso a la Información, que establece que se considera información reservada “la que sea determinada como reservada por efecto de otra ley” y en el artículo 9 de la norma de la Contraloría que en su artículo 9 señala: “El personal de la Contraloría General de Cuentas debe guardar confidencialidad y reserva respecto de la información que obtenga durante el proceso de auditoría que realice en los organismos, instituciones, entidades y personas”.
La medida también abarca “la revelación de los instrumentos, documentos, insumos, metodología, comunicación electrónica, aplicaciones informáticas, sistemas, providencias o procedimientos utilizados por la planificación, ejecución, comunicación de resultados y gestión de los procesos de fiscalización, así como los oficios, informes jurídicos, opiniones, dictámenes técnicos y/o legales, proyectos de denuncia, denuncias, demandas o documentos digitales emitidos como resultado del mismo o bien en el ejercicio de sus funciones”.
A eso se le suma la información personal que podrá ser conocida únicamente por el titular del derecho que garantice la confidencialidad “que puede causar un serio daño al revelarse información catalogada como reservada por ley, así como a las actividades de investigación, prevención o persecución de delitos o a la impartición de justicia, así como afectar la tramitación de los procesos judiciales que no hayan causado ejecutoria”.
No se justifica la reserva de información
La medida de la institución fiscalizadora ya ha levantado las alarmas. Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana (AC), señaló que presentará un recurso de revisión en contra de la referida medida porque los temas que la CGC está pretendiendo reservar no se justifican como información reservada.
“Son procesos administrativos, de giro normal de la entidad y no se justifica bajo ninguna forma la reserva de esa información y eso tiene que pasar por un análisis antes de ser publicado en el Diario Oficial, no sabemos si hubo ese análisis y qué sustento real tiene esa reserva”, manifestó Marroquín y agregó que en su experiencia esa información no se puede reservar.
El director ejecutivo de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto, Eddie Cux, señaló que lo realizado por la CGC no tiene precedentes y que existe una intención clara de reservar información relacionada con la rendición de cuentas y el trabajo mismo que realiza la Contraloría que se supone son actos públicos y que la ciudadanía debe conocer.
“Es un atentado al principio de máxima publicidad que establece tanto la ley como la Constitución y que vulnera el derecho que tienen los ciudadanos de conocer el trabajo que realiza la Contraloría y claramente en lugar de ser un ente que vela por la calidad del gasto pública plantea dudas respecto al trabajo que puede hacerse por esa intención de reservar información que en otras palabras es opacidad en la gestión del gasto público”, indicó Cux.
El presidente Bernardo Arévalo instó a la Contraloría a revisar y derogar la medida. “Es mala señal la decisión de la Contraloría General de Cuentas”, indicó en la red X. A eso se sumó el comisionado contra la Corrupción, Santiago Palomo, quien publicó un video donde manifestó que la resolución de la CGC debilita la institucionalidad y compromete el principio de publicidad y actos públicos.
Decisiones provocan opacidad
La resolución de la Contraloría se conoce a solo dos días que magistrados de la CC resolvieran declarar en reserva la información relacionada con la seguridad de los magistrados, argumentando que se han incrementado las amenazas contra los magistrados.
Este miércoles, la máxima corte publicó un comunicado en el que señala que la reserva de la información se adoptó “en el marco de las medidas cautelares que actualmente se encuentran diligenciadas” ante un organismo internacional.
Marroquín consideró que las decisiones de la CC y la CGC son graves, porque ambas son entidades de control y se supone que deberían dar el ejemplo sobre transparencia y acceso a la información porque deben exigirles a las demás instituciones. “Al ponerse ellos como ejemplo de negar información están provocando una ola de opacidad en todo el Estado”, señaló.
Por su parte, Cux señaló que después de tantos años que se ha peleado el derecho a la información pública esto representa un retroceso y una tendencia a la opacidad por parte de entidades autónomas y de control, como la Contraloría.
“Es un retroceso sin precedentes en materia de transparencia y acceso a la información pública que es delicado, que se da al mismo tiempo, con lo cual hay un cierre institucional de parte de estas entidades, lo cual plantea un reto para el gobierno actual que promovemos todo lo contrario, que es la transparencia y rendición de cuentas”, refirió el comisionado.
¿Cuáles son los alcances de la información reservada?
La Ley de Acceso a la Información fue aprobada por el Congreso, en 2008, con la finalidad de desarrollar los artículos 28, 29 y 30, de la Constitución Política, sobre la publicidad de los actos administrativos y el derecho de petición.
La exdiputada Nineth Montenegro, una de las ponentes de la ley, dijo los alcances de la información que puede ser reservada por las entidades del Estado que se abordan en el artículo 23 de la ley.
La excongresista indicó que hay dos excepciones, que es la información confidencial que está en el artículo 22 de la LAIP y en el artículo 24 de la Constitución Política. Sin embargo, deja muy claro qué la información confidencial es la que expresamente está definida en la Ley de Bancos y Grupos Financieros, que sin orden de juez competente no se puede investigar las cuentas bancarias y estados financieros, dijo.
También el llamado “secreto bancario”, el secreto profesional e información personal que la persona haya trasladado a una institución que la haya otorgado con la garantía de confidencialidad.
El segundo aspecto citado por Montenegro se refiere a la información reservada, que está establecida en el artículo 23, de la LAIP, relacionada con asuntos militares o clasificados de seguridad nacional, asuntos diplomáticos que tengan que ver con seguridad nacional, la propiedad intelectual o cuando la información difundida pueda causar daño a una investigación.
Se agregan documentos relacionados a la inteligencia del Estado, expedientes judiciales que aún no han causado ejecutoria o información que pueda causar daño a la estabilidad económica del país o que protegen los derechos de la niñez.
Según Montenegro, la reserva no tiene que ser mayor a siete años y se puede solicitar al órgano competente, a través de la Ley de Acceso a la Información la razón por la cual se reserva una información. “No es que solo lo reserven, uno tiene derecho a saber, que digan qué daño podría causar al país, cuál es la razón para la reserva y si tiene algún sentido”, expresó.
Diputados archivan ley
Mientras tanto, en el Congreso de la República, la Comisión de Asuntos Municipales, presidida por el diputado Esduin Javier, “Tres Kiebres”, dictaminó el pasado martes 25 en contra de la iniciativa de ley 6354, que proponía reformas al Código Municipal para que las sesiones de los Concejos Municipales fueran públicas.
La iniciativa planteaba que todos los concejos debían permitir que las sesiones fueran publicitadas y que cuando se requiriera las y los vecinos pudieran tener voz, aunque no voto, en las mismas. Los congresistas acordaron rechazar la iniciativa y dictaminar desfavorablemente.
El experto en acceso a la información, Silvio Gramajo, alertó en su cuenta de X sobre los problemas que enfrenta el derecho de acceso a la información, con las recientes disposiciones de la CC y de la Contraloría así como de la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso que rechazó una iniciativa para que las reuniones de los Concejos sean públicas.
“Hay que estar atentos, pues ante la indiferencia y el silencio, al parecer cómplice, de la autoridad reguladora, es preciso promover la denuncia ciudadana”, señaló.
El Procurador de Derechos Humanos (PDH), autoridad reguladora de la LAIP, solo publicó un comunicado en sus redes sociales, instando a todos “los sujetos obligados a cumplir con la Ley de Acceso a la Información”, pero en ninguna parte del texto señala que presentará acciones legales para que la CGC o la CC de marcha atrás en sus decisiones de restringir la información pública.
