El titular de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh) visitó la comunidad de Santa Rosita, en El Estor, Izabal, para verificar las condiciones de las familias Q’eqchi’ que fueron desalojadas en la finca Tz’inté’, el pasado 22 de mayo. En el lugar, también escuchó las demandas comunitarias ante una nueva orden de desalojo programada este miércoles 26 de junio.
Por Francisco Simón y Juan Bautista
El pasado 23 de junio, una comisión del gobierno de Bernardo Arévalo, encabezado por Oswaldo Samayoa, titular de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh) llegó a El Estor, para evaluar las condiciones en las que se encuentran las 48 familias de Buena Vista, desalojadas en la finca Tz’inté, el pasado 22 de mayo.
La comunidad vivía en la aldea Buena Vista desde el año 2015, luego de perder sus tierras en un deslave en la Sierra de Santa Cruz de El Estor. El gobierno de Otto Pérez Molina prometió comprarles un terreno, pero la promesa nunca se cumplió.
El pasado 22 de mayo, cerca de 500 policías desalojaron a las 48 familias Q’eqchi’ de la comunidad de Buena Vista. Luis Fernando Arriaza Migoya, quien afirma ser el dueño de la finca Tz’inté, estuvo presente durante las acciones de la Policía Nacional Civil (PNC).
Cuadrilleros de Arriaza Migoya y agentes de VIP Security, S.A. destruyeron casas y sembradíos, según relatos de comunitarios.
Luego de este desalojo, las familias de Buena Vista buscaron refugio en Santa Rosita, otra comunidad que podría enfrentar un desalojo este 26 de junio. Actualmente, la comunidad de Buena Vista se encuentra albergada bajo un techo de nylon en la entrada de la carretera que conduce a Santa Rosita donde residen otras 40 familias, desde el año 2015.
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Durante la visita de los funcionarios, las familias Q’eqchi’ expusieron que no tienen alimentos ni ropa u otros insumos. Los niños no tienen una escuela a la cual asistir y su salud se ha visto deteriorada ante la falta de los servicios básicos. Varios menores presentan fiebre y ronchas en la piel por las picaduras de zancudos.
Ante los representantes del gobierno de Arévalo, los afectados insistieron en la reubicación de las familias en un espacio adecuado ante la amenaza de un nuevo desalojo que está programado para este miércoles 26 de junio. Según los comunitarios, no han sido notificados legalmente de esta acción y “por lo tanto es ilegal”.
Samayoa llegó junto al gobernador departamental de Izabal, Carlos Tenas y el alcalde municipal de El Estor, Genaro Ico.
El titular de la Copadeh dijo que “no está en las manos del Ejecutivo suspender el desalojo en El Estor”, ya que son órdenes judiciales, sin embargo, desde la Presidencia están en la posibilidad de crear protocolos de emergencia, los cuales podrían beneficiar a las familias.
“Lo que venimos a hacer es verificar las condiciones en la que se encuentran las familias y trasladar la información al presidente, ya que lo que queremos es garantizar los derechos de las personas que aquí habitan”, comentó Samayoa.
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48 familias Q’eqchi’ de la comunidad Buena Vista fueron desalojadas de forma ilegal en El Estor
¿Quién es Arriaza Migoya?
Luis Arriaza Migoya está involucrado en irregularidades con tierras en Izabal, es socio de la empresa San Patricio Holdings en Panamá y fundador de ACDEPRO, una organización que apoya los desalojos y la defensa de la propiedad privada, según El Observador.
De acuerdo al abogado José Luis Puac del Comité de Unidad Campesina (CUC), el desalojo fue ilegal. No se presentaron documentos ni se permitió leer un amparo a favor de las comunidades. La jueza Sandra Ayala Tello, del Juzgado de Paz de Puerto Barrios, ignoró las peticiones de suspender el desalojo y ordenó proceder, a pesar de la falta de notificación adecuada.
El fiscal José Antonio Hernán del Ministerio Público (MP) exigió ejecutar el desalojo, alegando independencia del gobierno. La jueza dio media hora a las familias para abandonar sus viviendas.
#ElEstor: crónica de un desalojo y las condiciones precarias que enfrentan las familias Q’eqchi’
El pasado 22 de mayo, cerca de 500 policías desalojaron a 48 familias Q’eqchi’ de la comunidad de Buena Vista, ubicada en la finca Tz’inté, en El Estor, Izabal. La Policía Nacional… pic.twitter.com/XwPhbOk3g8
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Ante las intimidaciones, las familias optaron por abandonar sus viviendas, temiendo por su integridad física. Pidieron recoger sus pertenencias mientras la PNC rodeaba sus casas. Un comunitario pidió al Estado respetar sus derechos, destacando la presencia de niños, mujeres en estado de gestación, ancianas/os y personas con discapacidad.
El 27 de mayo la Copadeh envió una carta al ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto, solicitando la intervención mediante el programa “Comedor Social/Comedor Móvil” para que las familias desalojadas, 180 personas en total, tengan acceso a los tres tiempos de alimentación. Esta Comisión también giró un oficio a la oficina del PDH para garantizar la entrega de los alimentos y al alcalde municipal de El Estor, Genaro Ico, para que garantice un albergue para las familias desalojadas.
Sin embargo, en una reunión realizada el pasado 22 de junio, el alcalde aseguró que en el municipio no hay posibilidades para instalar albergues. También dijo que nunca sostuvo reuniones con el Ministerio Público ni con la jueza Sandra Ayala, quien aseguró en el desalojo de Buena Vista, que el alcalde se comprometió a comprar una finca.
No estoy de acuerdo en que se ejecuten los desalojos, El Estor ha sido muy golpeado y además no tiene la capacidad de albergar a las familias, me comprometo a ayudar a las comunidades, pero no puedo decir que tengo en mis manos frenar el desalojo, comentó Ico.
“Debemos priorizar la salud de las familias, hoy vimos muchas necesidades, las cuales deben ser atendidas inmediatamente”, dijo Samayoa sobre la situación de las familias.
Mientras tanto los comunitarios de Santa Rosita expresaron que defenderán sus derechos ya que el Estado no cumplió con la promesa establecida en las mesas técnicas que hicieron después del desastre natural ocurrido en la Sierra de Santa Cruz, en 2015. En esa ocasión las familias perdieron sus cultivos y viviendas y recordaron que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) declaró como inhabitable el lugar.
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“No permitiremos que nos desalojen, defenderemos nuestras viviendas porque no somos ladrones, no somos asesinos, estamos acá por la necesidad de cultivar y darle alimentación y educación a nuestros hijos y porque el Estado pidió que buscáramos una finca y que después se encargaría de hacer los trámites de negociaciones, no nos indicaron que nos iban a desalojar, fuimos víctimas del desastre natural en la Sierra de Santa Cruz donde ya no pudimos regresar”, comentó Gabriel Pacham.
Mientras tanto, las familias aseguran no tener otra opción más que enfrentar los desalojos. Piden atención del gobierno de Bernardo Arévalo para que sean reubicados en otras áreas. “Tengo hijos, acá vivimos por nueve años, lo que queremos es un hogar digno”, señaló una madre Q’eqchi’, quien pidió no ser citada.
#Territorios 🚨📢 Rechazan desalojos en contra de comunidades maya Q’eqchi’
“Condenamos los desalojos y las acciones de violencia ejercidas por finqueros, el Ministerio Público y jueces vinculados al Pacto de Corruptos en contra de comunidades rurales que buscan soluciones… pic.twitter.com/ofllLx6gdv
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