Por Miguel Ángel Sandoval
La historia política nacional es prodiga en decirnos que desde el año 1985, al ser promulgada la constitución, hubo siempre, una lucha feroz de parte de las elites tradicionales, para que sus contenidos no se hicieran parte de la vida de la sociedad, al mismo tiempo, buscaron por todas las vías imaginables, la manera de vaciar de contenidos a esa constitución, que pudo ser proclamada por los efectos inocultables de la crisis política interna.
Es precisamente por la crisis y hay que decirlo de una buena vez, por la intensidad de la guerra interna que había coincidido con un levantamiento sin precedentes de los pueblos indígenas, en procura de sus derechos fundamentales. Esto es algo que no puede dejarse de lado al intentar analizar los contenidos de la Constitución Política de 1985. Para decirlo de otra forma, sin la guerra no hay Constitución en el año 1985 y hubiéramos seguido con los decretos militares producto del golpe de estado de 1982. Y es por ello que tenían razón, quienes en su momento señalaron que la democracia era hija bastarda de la guerrilla.
Si bien es cierto que, al inicio de la guerra, en la perspectiva de los alzados en armas, no estaba en su horizonte político la elaboración de una Constitución con los contenidos que conocemos. En alguno de los documentos, se había planteado retomar la constitución de 1945, porque la misma había sido derogada y sus propósitos enterrados, por la intervención-golpe de estado de 1954.
Es también una verdad del tamaño de un templo, que en los Acuerdos de Paz se colocan las demandas fundamentales de la sociedad guatemalteca en el marco de la Constitución Política vigente. Y ubicar la perspectiva de los Acuerdos de Paz en el marco de la Constitución es porque en la misma, había desde el marco conceptual básico, una apuesta por el bien común. En otras palabras, esa decisión buscando el bien de todos, se inscribía en lo más profundo de los reclamos de los revolucionarios alzados en armas.
Si intentamos resumir, resulta que el fondo de la Constitución Política de 1985, hay como un fenómeno ineludible, la urgencia de legislar incluyendo derechos para la sociedad que los demanda, así como en los Acuerdos de Paz hay la búsqueda de los mismos objetivos por la vía de una negociación política de un sector que había estado fuera de la elaboración de la constitución. Es lo que explica en buena medida las críticas que en su momento se hicieron. Son los hechos.
Pero resulta que, desde el inicio mismo del recorrido constitucional, hubo siempre el ataque sistemático de los enemigos del bien común o de los derechos de los pueblos indígenas, para impedir que esa constitución se hiciera parte integrante de la vida nacional. Por ello los ataques iniciaron desde el día de su proclamación hasta el día de hoy. Otro tanto ocurrió con los Acuerdos de Paz: se engavetaron al día siguiente de su firma y se les considera nulos, con todos los adjetivos del caso, sin reconocer que constituyen un avance para el país entero. Que entre la Constitución Política de 1885 y la firma de la paz en 1996 existe continuidad no ruptura. Ese es el análisis que debemos realizar.
Ahora bien, ¿En la actualidad es viable el respeto irrestricto de la constitución de 1985 y relanzar de manera simultanea los Acuerdos de Paz?
Esa me parece que es la tarea nacional que tenemos los demócratas de este país. Ese es el espíritu que debemos recuperar del resultado de las urnas que el 25 de junio de 2023 y el 20 de agosto del mismo año, cuando dijeron que queríamos un cambio, y que ese cambio debía de ser sin la corrupción que se entronizo desde el momento que se quiso desconocer la constitución y ponerle trabas de la más diversa naturaleza; así como cuando se anulo el efecto de los Acuerdos de Paz.
Con esas dos herramientas, el cambio que demando la sociedad guatemalteca en las urnas tiene un sendero claro. Tiene una línea estratégica imperdible. Con la Constitución Política y los Acuerdos de Paz, sin la corrupción y sin el pacto de corruptos, Guatemala tiene un futuro que puede ser luminoso. Señalo esto convencido que en esas dos herramientas hay mucho por hacer, en el marco irrestricto de la ley, con el absoluto respeto por el bien común o con los derechos indígenas, sin monopolios y sin las injerencias de nuevo cuño del neoliberalismo ramplón. Eso sí, contando siempre con el apoyo mayoritario de la sociedad que quiere cambios y espera realizaciones.
