Los magistrados de la Sala Segunda de Mayor Riesgo revocaron la resolución que benefició a altos exfuncionarios señalados de corrupción durante el gobierno del PP. El fallo solo aplica para 13 de los beneficiados, debido a que la FECI renunció a la apelación interpuesta sobre Alejandro Sinibaldi, Mauricio López Bonilla, entre otros.
Por Alexander Valdéz
La Sala Segunda de Mayor Riesgo aceptó un recurso de apelación presentado contra la resolución del Juzgado de Mayor Riesgo “B” que, el 23 de noviembre de 2023, cerró la investigación a favor de 19 acusados, entre exministros, políticos y empresarios acusados de beneficiarse con más de Q900 millones en sobornos.
Sin embargo, la decisión de reactivar el proceso penal solo aplica para 13 de las personas que se vieron favorecidas con el sobreseimiento del caso. Y no para Alejandro Sinibaldi, Mauricio López Bonilla, Manuel López Ambrosio, Ulises Noé Anzueto, Juan de Dios Rodríguez, Carlos Guerra Villeda, Emilia Guadalupe Ayuso, Rudy Leonel Gallardo y Adolfo Fernando Peña, debido a que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) decidió renunciar a la apelación presentada en los casos de altos exfuncionarios de Estado.
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Prensa Comunitaria tuvo acceso a la resolución emitida por la Sala, en la que se confirma que, debido a que la FECI renunció a la apelación de algunas personas, solo a analizó lo resuelto en relación a 13 señalados, quienes deberán enfrentar juicio por diferentes delitos. En relación a los altos exfuncionarios del extinto PP, la decisión del cierre del proceso quedaría firme.
“Teniendo que los recursos que se resuelven coinciden en planteamiento y agravios enunciados por celeridad procesal, se procede a conocer y resolver en forma conjunta las apelaciones planteadas por el Ministerio Público únicamente por trece imputados al haberse desistido parcialmente el referido recurso por nueve procesados y de la impugnación del Querellante Adhesivo Empresa Portuaria Quetzal a través de su Mandatario Especial Judicial Jaime Leonel López Barrios, quien apela únicamente en contra del imputado Julio Rolando Sandoval Cano, por los delitos de asociación ilícita y fraude”, consta en el documento.
¿Contra quiénes se ordenó juicio?
La resolución implica que en una nueva audiencia de apertura a juicio, se envíe a debate solo a 13 de las personas que habían sido beneficiadas, y contra quienes únicamente la FECI apeló. El fallo de los magistrados indica que en la audiencia se presentaron suficientes medios de investigación que acreditaron la posible comisión de delitos.
“Se establece que en el caso concreto que no se dan ambas condiciones legales para decretar el sobreseimiento en favor de los imputados, como lo hizo la Juzgadora a quo, toda vez que al acto conclusivo presentado por el Ministerio Público incorporó medios de investigación suficientes para sustentar y fundamentar la imputación de los hechos punibles en el producto de su actividad investigativa, es decir, entre ellos las declaraciones testimoniales de testigos y de los agentes investigadores quienes le dieron seguimiento a la estructura criminal, y prueba documental concatenada con los demás medios de convicción en las cuales indican los hechos que se le atribuyen a los acusados y de los cuales se puede determinar la probabilidad de que pudieron haber cometido el ilícito penal por el cual se les acusa”, se agrega en la resolución.
Las personas que enfrentarán juicio son:
- Alex Ricardo Girón Martínez, por el delito de asociación ilícita
- Dani Cronwell Gento Mayorga, por asociación ilícita y cohecho activo
- Hugo Artemio Rodríguez Murcia, por cohecho pasivo
- Carlos Enrique Batzin Chojoj, por asociación ilícita y cohecho pasivo
- Dwight Anthony Pezzarrosi García, por asociación ilícita y cohecho pasivo
- Julio Rolando Sandoval Cano, por asociación ilícita y cohecho pasivo
- Josué Isaac Rivera Aldana, por asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos
- Luis Gustavo Montoya García, por asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos
- Oscar Ludwing Osorio Ovalle, asociación ilícita, cohecho pasivo y lavado de dinero u otros activos
- Raúl Eduardo Castillo Castillo, por asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos
- Juan Carlos Salguero Barrientos, por cohecho activo
- Byron Enrique Barrera Menéndez, por cohecho activo
- Héctor Hugo Solano Morales, por asociación ilícita y cohecho activo
Cuando se decretó el cierre del caso el juzgado determinó que no se acreditó, con ningún medio de prueba, la comisión de los hechos investigados por la FECI y Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Previo a dar a conocer el fallo, la jueza aceptó un recurso planteado por Emilia Guadalupe Ayuso, exdirectora del Registro de Información Catastral (RIC), y dejó fuera del expediente los medios de investigación aportados por la desaparecida CICIG. En la resolución se dijo que no tenían la facultad para realizar dichas pesquisas y que solo le competían al Ministerio Público (MP).
MP detectó sobornos millonarios
En el año 2016, la FECI y la CICIG establecieron que la estructura integrada por altos exfuncionarios del PP y empresarios pudo beneficiarse con aproximadamente Q900 millones en sobornos.
Entre las evidencias de la CICIG y la FECI había declaraciones testimoniales; informes financieros; cuadros de control que detallan la manera en que se distribuyó el dinero para el financiamiento electoral ilícito y las comisiones millonarias que pagaron los contratistas a cambio de adjudicación de proyectos; así como documentos financieros y legales de las sociedades creadas para disimular el origen del dinero, entre otras.
“Crearon empresas de cartón utilizadas para recibir sumas millonarias de financistas del Partido Patriota, ocultar dinero de origen ilícito y adquirir bienes inmuebles a favor de Pérez Molina y Baldetti Elías. Se identificaron regalos lujosos que fueron adquiridos para los exgobernantes, a través de sociedades ficticias, como tres helicópteros, una avioneta, vehículos, residencias, fincas y hoteles, entre otros”, detalla la acusación.
Este proceso fue develado casi un año después del caso La Línea y fue considerado uno de los más grandes hallazgos de corrupción estatal, porque alcanzó a funcionarios, exfuncionarios, empresarios y particulares.
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