Créditos: Gobierno GT
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El secretario privado de la presidencia denunció el uso de fondos públicos por parte del MP y el anterior gobierno para perseguir a guatemaltecos criminalizados y que están en el exilio. Se habrían destinado más de Q461 mil mensuales entre 2021 y 2022.  Aunque en la denuncia no hay una suma total de los recursos totales, las estimaciones señalan que la cifra podría superar Q6.4 millones.

Por Alexander Valdéz

El secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, denunció y solicitó a la Contraloría General de Cuentas (CGC) practicar una auditoría por el uso de fondos públicos para la persecución política de guatemaltecos criminalizados por la fiscal general Consuelo Porras y que salieron del país para evitar ser encarcelados.

Guerrero dijo que la solicitud fue enviada por el secretario general del Ministerio Público (MP), Ángel Pineda, quien requirió a Alejandro Giammattei que contratara un bufete de abogados en Estados Unidos, para actuar contra los guatemaltecos exiliados en el extranjero utilizando como pretexto, “la defensa de los intereses del Estado”. En el oficio solo se acompañaron únicamente publicaciones de prensa, añadió.

En el uso de recursos del Estado para la persecución de fiscales, periodistas, activistas y jueces anticorrupción se señala la responsabilidad del Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Finanzas Públicas.

“Como consecuencia el procurador general de la acción inicia las gestiones necesarias para emprender dichos actos ante el Ministerio de Finanzas Públicas, asignado de forma urgente recursos financieros adicionales por el valor de Q461 mil 600 mensuales. La estrategia propuesta por el bufete fue sometido a aprobación de la fiscal general Consuelo Porras. Por lo anterior acudo a solicitar auditoría al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la Nación y al Ministerio de Finanzas Públicas, en relación a los actos ocurridos entre los años 2021-2022”, declaró el funcionario.

Aunque la denuncia no detalla el total del dinero utilizado por el gobierno de Giammattei para perseguir a guatemaltecos exiliados, se estima que, según la solicitud hecha por el MP de fecha 16 de noviembre de 2021, la cifra podría superar los Q6.4 millones.

El secretario privado del presidente Bernardo Arévalo indicó que los motivos de la solicitud hecha a la Contraloría buscan el esclarecimiento de la utilización de los recursos del Estado y así accionar legalmente contra las personas responsables del contrato con la firma de abogados, de quienes no reveló su identidad.

Sandoval: “Lo que sufrimos del gobierno de Alejandro Giammattei ha sido un atropello a nuestros derechos”

Tras conocerse lo denunciado por el gobierno de Arévalo, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, quien está de gira por Europa, consideró que lo que sufrieron durante el gobierno de Alejandro Giammattei es un atropello a sus derechos.

“Lo que sufrimos del gobierno de Alejandro Giammattei ha sido un atropello a nuestros derechos. Un gobierno que estaba obligado a protegernos, invirtió y desvió recursos públicos para algo impresentable. El andamiaje judicial de Guatemala está en manos del crimen organizado”, escribió en su red social “X”.

Sandoval está fuera del país desde 2021, luego de que Consuelo Porras ordenara su destitución. Su despido se originó tras una serie de investigaciones que evidenciarían actos de corrupción de Giammattei y sus aliados.

En la actualidad más de 50 operadores de justicia están en el exilio. Por lo menos siete personas estuvieron en prisión. Este dato se suma a activistas de derechos humanos y periodistas que salieron del país.

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Los fiscales a los que la Guatemala criminal exilió

Luego de conocerse la denuncia del Ejecutivo, el secretario general del MP, Ángel Pineda, en un video publicado en las redes sociales de la institución, aseguró que se trata de una denuncia “sin sustento jurídico”. Además, hizo público el oficio enviado al ex presidente Alejandro Giammattei, en la que pidió el uso de fondos públicos para perseguir a Juan Francisco Sandoval y a Thelma Aldana,  a quienes acusa de “impulsar una propaganda sistemática”contra los intereses del Estado.

“Nuevamente se evidencian acciones sistemáticas sin ningún sustento jurídico que advierten una clara intención de obstaculizar la labor del Ministerio Público, están desarrollando sus recursos y esfuerzos en atacar al ente investigador”, expresó Pineda.

Este fue el oficio enviado por Pineda a Giammattei:

Pero según un comunicado de la Procuraduría General de la Nación, la propaganda sistemática a la que se refiere Pineda y por la cual el MP pidió al gobierno recursos para activar la defensa internacional del Estado de Guatemala, son una serie de críticas y denuncias realizadas por Sandoval y Aldana en la red social X.

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