Los magistrados analizaron una solicitud de amparo provisional planteada por los abogados de la empresa Datasys, pero la Cámara Penal mantuvo la resolución de la Sala Segunda de Mayor Riesgo, que ordenó el embargo de cuentas y detuvo el pago a la empresa que proveyó del sistema informático para la Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) durante el proceso electoral pasado.
Por Alexander Valdéz
Los magistrados de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) denegaron el amparo provisional solicitado por la defensa de la empresa Datasys, que accionó contra la resolución de la Sala Segunda de Mayor Riesgo y embargó cuentas y detuvo el pago de más de Q40 millones por la compra del sistema informático utilizado para la Transmisión de Resultados Preliminares (TREP), caso por el que ayer se procesó por fraude a los cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Los magistrados analizaron la acción legal presentada por el equipo legal de Datasys, el pasado 9 de febrero, porque consideran que la Sala emitió una resolución arbitraria. Según los abogados, la resolución no está basada en ley, ya que consideran que no tenía la facultad legal de embargar las cuentas de la entidad.
Señalaron que lo que están tratando de hacer es sofocar y dejar sin actividades a la empresa. Además, recordaron que el juez de extinción de dominio inicialmente rechazó la petición de embargo de cuentas que hizo el Ministerio Público, pero la mencionada Sala la revocó sin fundamento legal.
El fallo emitido es provisional, esto quiere decir que falta que se dicte la sentencia definitiva a la petición de los abogados de la defensa, es decir, que se levante el embargo de las cuentas de la empresa.
Sala ordenó el embargo
El pasado 1 de febrero, la Sala Segunda de Mayor Riesgo aceptó una apelación presentada por el Ministerio Público (MP), y ordenó dicho embargo. La resolución se dio por una impugnación que planteó el MP contra la resolución del Juzgado de Extinción de Dominio, que en primera instancia negó la solicitud de inmovilizar las cuentas y frenar el pago por la suscripción del contrato con la empresa informática.
La medida cautelar de embargo va dirigida a investigar el origen de los fondos y de encontrarse irregularidades, estos podrían pasar a favor del Estado luego de agotar el proceso.
El Tribunal Supremo Electoral desembolsó Q148 millones para la contratación de la empresa Datasys Guatemala, S.A., quien estuvo a cargo del TREP. En su momento, el TSE aseguró que la empresa tenía una asociación estratégica con Podernet, S.A. de C.V. y que contaba con experiencia de más de 20 años. Además de tener más de 15 acreditaciones en el desarrollo de procesos electorales.
La investigación ha sido cuestionada por el MP después de que se avalaron los resultados de la elección presidencial que ganó Bernardo Arévalo y Karin Herrera, como presidente y vicepresidenta de la República.
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Caso TREP: ordenan embargo de Q40 millones y cuentas de la empresa Datasys
Magistrados enfrentan proceso penal
Ayer, la jueza “B” del Juzgado Duodécimo Penal, Karen Chinchilla, ligó a proceso penal a los magistrados Irma Palencia, Gabriel Aguilera, Rafael Rojas y Mynor Franco, quienes se presentaron voluntariamente a la Torre de Tribunales para aclarar su situación en el caso por el que la Fiscalía de Delitos Administrativos pidió su captura el pasado 11 de enero.
Durante la resolución, la jueza consideró que hay indicios de posibles irregularidades en la compra del sistema informático de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), que tuvo un costo de Q148 millones para el Estado. Sin embargo, a criterio de la jueza, el Ministerio Público únicamente estableció la posible comisión del delito de fraude y descartó el abuso de autoridad y el incumplimiento de deberes.
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