Créditos: Estuardo de Paz
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La ciudadanía y sociedad civil se encuentran esperanzadas, pero también vigilantes del proceso de elección de las y los gobernadores departamentales luego de las reformas que hizo el presidente Bernardo Arévalo para que la población tenga mayor participación.

Por Shirlie Rodríguez

Del 5 al 9 de febrero, decenas de personas entregaron sus expedientes en las sedes del Consejo Departamental de Desarrollo (Codede), de los 22 departamentos del país. Algunas de las candidatas y candidatos se acompañaron por grupos de personas que respaldan su postulación.

El presidente Bernardo Arévalo reformó el reglamento de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur), para que la ciudadanía interesada se postulara al cargo. Con esas modificaciones también se abre el espacio para que la población pueda presentar tachas o inconformidades con respecto a los perfiles que se hayan presentado.

Otro aspecto nuevo es que las personas candidatas deben presentar junto a su papelería un plan de trabajo. Durante la recepción de expedientes varias autoridades indígenas o ancestrales entregaron papelería y fueron respaldadas por la población de su localidad.

En la Ley del Organismo Ejecutivo se estipulan las atribuciones de la persona que será gobernadora departamental, cuya función principal es la representación del presidente en el departamento, presidir el Codede, y fiscalizar la ejecución del presupuesto de inversión asignado al departamento.

Uno de los aspectos principales es que el gobernador o gobernadora debe atender las necesidades de la población y darles seguimiento. También es la encargada de hacer gestiones y solicitudes a las diferentes instituciones de gobierno conforme a las necesidades locales.

Otro punto fundamental es que el o la gobernadora es la encargada del control y supervisión de la Policía Nacional Civil (PNC) bajo las directrices del Ministerio de Gobernación (Mingob).

Además tienen funciones administrativas que deben cumplir en el cargo.

En ese contexto, la población atendió de forma positiva el llamado que hizo el presidente Arévalo al abrir la convocatoria y desde los primeros días decenas de personas se presentaron a dejar su papelería. En departamentos como Totonicapán la ciudadanía acompañó a sus candidatos para presentar la documentación.

Pero, además de la participación ciudadana para plantear perfiles de personas para la Gobernación, también se vio un interés en la fiscalización del proceso con la finalidad de recuperar esos espacios y que sean representativos para los distintos sectores sociales.

En Quetzaltenango, la Comisión Municipal de Auditoría Social (Casmuq), señaló que Arodi Sazo, quien integra el Codede, está vinculado al rector de facto de la Universidad San Carlos de Guatemala (USAC), Walter Mazariegos. Sazo no asistió a las reuniones del Codede y ahora representa a la Universidad en este proceso.

“Nos hemos constituido como observadores ciudadanos para que se haga un proceso transparente y así se elija a una persona idónea para ejercer su cargo. Hemos identificado irregularidades que pueden generar vicios”, dijo Telma Suchí, de la Casmuq.

Percy Aguilar, un profesor universitario y que ha sido parte de los movimientos sociales de protesta en Quetzaltenango, pidió al Codede hacer una selección transparente, y al mismo tiempo los responsabiliza de cualquier proceso anómalo.

En Cobán, Alta Verapaz, representantes de 15 organizaciones se pronunciaron para demandar un proceso transparente y que la persona electa sea representante de la población para atender las necesidades del territorio.

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Ciudadanía fiscalizará proceso de elección de gobernadores en Alta Verapaz y Quetzaltenango

Sobre este proceso de elección para las Gobernaciones Departamentales, la analista política, Alba Robles, resaltó la importancia de este ejercicio de vigilancia que mantiene la ciudadanía, y consideró que el interés mostrado viene desde lo ocurrido en las elecciones generales de 2023.

“Las alertas se activaron, la juventud, mujeres, pueblos indígenas, están más atentos a lo que se decide desde el gobierno. Es una muestra de que no defendían a Bernardo Arévalo, sino la democracia del país. El nuevo gobierno no tiene un cheque en blanco y quizá sea más estructura la fiscalización ciudadana, pero es parte de los logros que se obtuvieron con el levantamiento ciudadano desde el paro nacional”, enfatizó.

Para Robles, con el nuevo gobierno se abrió la puerta a una reivindicación de la figura de gobernador, ya que con las administraciones anteriores solo se podía esperar que fuera alguien afín a los intereses del partido y del presidente. “Ojalá la ciudadanía encuentre respuestas a la necesidad de representación que hay desde muchos años”, concluyó.

Robles y el politólogo Alfonso Colop concuerdan en que se pueda generar nuevamente una lucha desde lo legal al momento en que se modificó el reglamento. Luego del anuncio de estas reformas integrantes del Conadur se pronunciaron en un comunicado en el que exigen que se “respete el marco legal y el debido proceso para el nombramiento de gobernadores”.

Oportunidad para mejorar procesos de selección

El politólogo Alfonso Colop Sam explica que la selección para las Gobernaciones ha mantenido un tinte político y acuerdos para mantener el control de los territorios. “Se sabe que es común que el presidente haga acuerdos con los diputados de su mismo partido para que se elija a una persona que esté vinculada a ellos. No priorizan su preparación, tampoco su conocimiento e idoneidad para el puesto, están más enfocados en tener a un personaje que responderá a los intereses del presidente y su partido”, agregó.

Colop dice que en la política, como se conoce en el país, no es una garantía de total transparencia el tipo de modificaciones que hizo Arévalo, pero ha permitido que las personas puedan dar más atención al proceso y que se observe a personajes que tienen la legitimidad de la ciudadanía.

Autoridades indígenas y comunitarias como Luis Pacheco, de Totonicapán; Rigoberto Juárez, de Huehuetenango; Luz Emilia Ulario, de Sololá; Sebastiana Par, de Quiché y Mercedes García, de San Marcos son algunas de las personas que se postularon para dirigir las gobernaciones departamentales. En 2023, participaron activamente en el proceso de protestas ciudadanas en el Paro Nacional de 106 días en defensa de la democracia, hasta llegar a la transición de gobierno, el 14 de enero.

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Expresidente de 48 Cantones busca ser gobernador de Totonicapán

Para el expresidente de los 48 Cantones de Totonicapán, Martín Toc, hay una dinámica favorable para que la ciudadanía se involucre en este tipo de procesos. Desde las elecciones las personas toman conciencia de la importancia de las instituciones públicas y por eso ahora están vigilantes de la elección del gobernador de su departamento.

Dijo que ahora hay detractores de las postulaciones de los dirigentes indígenas y que por eso están diciendo que se negociaron esos espacios, pero las personas deben entender que su participación también responde a una petición colectiva.

Para Toc, si se elige a algunas de las autoridades indígenas será la oportunidad para demostrar que desde esa autoridad también hay resultados que se demostrarán con el trabajo en la Gobernación.

El interés de participar en este proceso no se ha reducido en quienes presentaron su papelería, que por departamento llegan hasta más de 50 candidaturas, sino también de los colectivos y ciudadanía organizada, que estarán vigilantes de la selección de perfiles que se entregarán al presidente Arévalo.

Los analistas indican que hay aspectos de fondo que por ahora es complejo abordar, como hacer una verificación de quiénes son los que representan a cada sector en el Codede, porque ahí es donde se pueden filtrar poderes oscuros que la política tradicional y oportunista acostumbra a tener para nombrar a personajes cuestionados.

Por ahora, la ciudadanía se mantiene activa y vigilante al proceso. En cada departamento hay entre 30 y 90 aspirantes. El 12 de febrero se publicaron los nombres de las candidaturas a nivel nacional.

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