En el Juzgado Décimo Penal se desarrolla una nueva audiencia contra el segundo grupo de señalados en el caso dirigido contra la resistencia de la USAC. El Ministerio Público imputa delitos a los ocho sindicados, quienes fueron citados a una audiencia para solventar su situación legal.
Por Alexander Valdéz
El juez décimo Víctor Cruz retomó la audiencia de primera declaración de estudiantes, sindicalistas y profesionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), quienes fueron criminalizados por apoyar la resistencia que rechazó la imposición de Walter Mazariegos como rector de esa casa de estudios.
En la nueva audiencia, el fiscal Saúl Sánchez dio lectura a la imputación de hechos y delitos por los que se vinculó a las siguientes personas: Cindy Gabriela Dávila Morales, hermana del exdiputado Aldo Dávila; Hada Marieta Alvarado Beteta; Amílcar Enrique Bremer Ramírez; Kevin Alexander Junior Carrera Vielman; Juan José García Marroquín; Miguel Ángel Vásquez Rodríguez; Paulo Roulet Pellecer y/o Pablo Roulet Pellecer; y Andrea Nicole Prera De León.
Amílcar Enrique, es hermano del juez décimo penal “B”, Jimi Bremer, quien está considerado por Estados Unidos como un actor corrupto. A todos se les había girado órdenes de detención por los delitos de depredación de bienes culturales en forma continuada, usurpación agravada en forma continuada, asociación ilícita y sedición. Pero se revocó las detenciones al haber interés de los señalados en solventar su situación legal.
En el primer día de audiencia, Cruz únicamente tomó los datos de identificación de cada uno de los señalados. Ahora corresponde escuchar la imputación del fiscal, luego determinar si los sindicados declararán ante el juez, posteriormente se pedirá que sean procesados, luego la defensa emitirá sus argumentos, y Cruz deberá dictar su resolución.
#CasoUSAC ⚠️👆🏽En la audiencia de esta tarde, el MP debe describir los hechos por los que vincula a las ocho personas que fueron citadas a la primera declaración.
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— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) February 8, 2024
Persecución contra la resistencia universitaria
El 17 de noviembre de 2023, el Ministerio Público (MP) realizó 31 allanamientos y anunció 27 órdenes de detención contra estudiantes, decanos de facultades de la USAC, abogados, activistas y el exprocurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas.
Entre las órdenes que se giraron se incluyen los nombres de los dirigentes estudiantiles, trabajadores, docentes y decanos que integraron la Coordinadora General de Estudiantes (CGE) de la USAC, grupo que denunció y se opuso a la elección ilegal de Mazariegos como rector de facto.
En este caso, el MP considera que la toma universitaria surgió como una inconformidad al no ser electo el candidato a Jordán Rodas. Acciones que, según el fiscal, encuadran en la figura de los delitos de depredación de bienes culturales, asociación ilícita y tráfico de influencias.
“Hechos que impedían desde dichas fechas el ingreso a la Universidad tanto de las autoridades, maestros, trabajadores como también a todos los alumnos de las diferentes facultades de las que se conforma el campus central universitario”, indicó el fiscal Sánchez cuando presentó el caso.
Walter Mazariegos llegó a la rectoría de la USAC por un proceso que denunciaron como anómalo. Las elecciones para elegir a la persona que ocuparía el cargo estaban programadas para el 27 de abril de 2022, pero ante la presencia de manifestantes se aplazó para el 14 mayo, en el Parque de la industria.
El 14 de mayo de 2022, se consumó el fraude para la elección del rector de la USAC. Mazariegos fue beneficiado e impulsado con la planilla INNOVA USAC, con 72 votos y la participación de 17 cuerpos electorales.
Un primer grupo ligado a proceso
Actualmente seis personas ya están ligadas a proceso por los delitos de depredación de bienes culturales en forma continuada y usurpación agravada en forma continuada. En noviembre de 2023, el juez Cruz dictó falta de mérito por asociación ilícita y sedición.
Además, les concedió medidas sustitutivas ya que sus abogados desvanecieron la posibilidad de que hubiese peligro de fuga u obstaculización de la investigación, mediante la presentación de cartas de recomendación, recibos de servicios que acrediten el lugar de la residencia y antecedentes penales y policíacos.
Por este caso, el Ministerio Público presentó una solicitud de antejuicio contra el presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera, así como de los diputados Samuel Pérez y Raúl Amílcar Barrera Robles, del partido Semilla; Aldo Dávila y Carlos Barreda, de VOS; entre otros.
La solicitud para investigar a los funcionarios se fundamenta únicamente en publicaciones de redes sociales, en las que los señalados se pronuncian a favor de la toma de la USAC, que surgió a raíz del fraude en la elección de la autoridad universitaria.
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