El abogado Dennis Billy Herrera Arita, incluido por Estados Unidos en la Lista Engel de actores “corruptos y antidemocráticos”, obtendrá Q200 mil de la Federación Nacional de Motociclismo, a la cual le brinda servicios profesionales.
Por Cristian García
Entre sus asignaciones están el elaborar demandas, presentar informes a la institución, aconsejar a la entidad en aspectos jurídicos y responder por escrito a los requerimientos de información de entes fiscalizadores.
Estas actividades las empezó a realizar desde octubre del año pasado. De hecho, en 2023, el abogado recibió Q50 mil. El resto del dinero (Q150 mil) se le cancelarán este año, ya que su acuerdo laboral concluye en diciembre.
La Federación Nacional de Motociclismo hizo la contratación bajo el argumento de que tiene procesos legales que resolver y porque es necesario “contar con los servicios de un asesor jurídico que pueda orientar y dar soporte al Comité Ejecutivo y Gerencia”.
El ente no divulgó la forma en la que eligió al profesional que debía asistirlos en esos temas, pero los documentos revisados por Prensa Comunitaria detallaron que fue Juan Pablo Barrientos Urízar, presidente de la entidad, el que hizo la solicitud para que se consiguiera un abogado.
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Sin embargo, para cuando Herrera Arita empezó a colaborar con la institución, ya había sido sancionado por Estados Unidos, quien le retiró la visa por su posible vinculación al amaño de la elección de los actuales magistrados judiciales.
El Departamento de Estado de Estados Unidos lo señala de socavar procesos democráticos al participar en el caso Comisiones Paralelas 2020, para que las cortes del Organismo Judicial fueran ocupadas por “jueces corruptos”.
Como parte de las investigaciones de ese caso, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Juan Francisco Sandoval lo señaló de operar, junto con el exjuez Mynor Moto, para que el expediente sobre las irregularidades en la elección de los togados no continuara en el Juzgado de Mayor Riesgo “D”.
No obstante, el abogado denunció a los investigadores del expediente, quienes fueron criminalizados por el Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras. En contraste, Herrera Arita está en libertad y recibiendo dinero del Estado.
Seguridad
Herrera Arita también se benefició de seguridad policial, luego de que el Ministerio Público la solicitara porque el abogado dijo que fue objeto de amenazas, aunque no presentó pruebas sobre lo que afirmaba (como lo exige la fiscal general).
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