El presidente Alejandro Giammattei se pronunció por las recientes acciones y pronunciamientos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que ha impuesto sanciones a funcionarios cercanos a él por sus acciones “antidemocráticas y corruptas”.
Por Alexander Valdéz
A criterio de Giammattei, las acciones del Departamento de Estado “atentan contra la soberanía nacional”, además indica que el país posee normas legales internas que se rigen bajo el principio del debido proceso como también el respeto irrestricto al Estado de Derecho.
“Denuncio la manipulación mediática y política de algunos miembros del Gobierno de Estados Unidos contra Guatemala, en detrimento de una buena relación bilateral, razón por la cual solicito a miembros de ambas Cámaras del Congreso de los Estados Unidos, para que, en ejercicio de su labor de vigilancia y supervisión, llamen al Departamento de Estado a rendir cuentas sobre su actuar hacia Guatemala. Reitero que los principios de Derecho Internacional Público demandan una diplomacia activa que promueva el respeto a la independencia y soberanía de los Estados, que se abstengan de injerir en sus asuntos internos y que se respete el principio de igualdad entre Estados”, señala el presidente en su comunicado.
Por ese comunicado, las Autoridades Ancestrales de Iximulew, de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, respondieron al presidente y expresaron que las acciones tomadas por la comunidad internacional y el Gobierno de los Estados Unidos de América, no “atentan en contra de la ciudad guatemalteca y la soberanía nacional”.
Además, expresaron que están totalmente de acuerdo, con las acciones tomadas por la Organización de los Estados Americanos (OEA), los Estados Unidos y la Unión Europea (UE), para sancionar y desenmascarar a todos los funcionarios corruptos, debido a que no existe en el país un Ministerio Público (MP), que los investigue y tribunales que los juzguen.
Entre misivas
Giammattei no ha obtenido respuesta a su pronunciamiento dirigido a la comunidad internacional. Sin embargo, ha recibido una carta del presidente electo, Bernardo Arévalo, quien le pide de nuevo vetar el Presupuesto 2024, aprobado por el Congreso de la República.
Según Arévalo, el decreto 18-2023 contiene graves violaciones al marco legal e irregularidades que afectarán la gestión pública, el bienestar social y el desempeño económico del próximo año.
En la misiva, el mandatario electo expone sus criterios y preocupaciones por las múltiples voces de la sociedad guatemalteca, entre las que se incluyen organizaciones civiles, autoridades indígenas, gremios empresariales, sindicatos, entidades académicas, centros de pensamiento, entre otros. Existen suficientes elementos para que vete el Decreto 18-2023, aseveró.
#Presupuesto2024 ❌ Arévalo pide vetar el Presupuesto
El presidente electo @BArevalodeLeon envió una carta a @DrGiammattei para pedirle que vete el presupuesto porque este contiene ilegalidades, asignaciones opacas, reducciones a inversiones sociales y amenaza el pago de deuda. pic.twitter.com/PGdZQtjj57
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) December 13, 2023
Puntos de la carta de Arévalo:
- Múltiples ilegalidades. Los cambios incorporados tanto en el dictamen emitido por la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda como por medio de enmiendas presentadas durante la sesión plenaria, permitieron la inclusión de disposiciones que contravienen varias leyes ordinarias, principalmente la Ley del Organismo Ejecutivo (LOE), la Ley Orgánica de Presupuesto (LOP), la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria (LOSAT), la Ley Orgánica del Banco de Guatemala y la Ley de Contrataciones del Estado (LCE), entre otras.
- Asignaciones presupuestarias cuestionables, opacas y que inducen a la corrupción. El Decreto contiene disposiciones que priorizan asignaciones cuestionables de gasto e inversión pública: a) En el artículo 118 se consigna un número sin precedentes de organizaciones no gubernamentales -con un monto asignado de Q5,191.63 millones- seleccionadas sin criterios claros y transparentes.
- Reducción arbitraria de las inversiones sociales con impacto negativo en el bienestar social y el crecimiento económico. La inclusión de normas para orientar y priorizar gasto público a favor de organizaciones no gubernamentales y proyectos de inversión cuestionables y opacos contribuye a la reducción de los techos presupuestarios de ministerios tales como el de Salud, Educación, Desarrollo Social y Gobernación, los cuales son esenciales para la producción de bienes y servicios públicos que garantizan derechos y promueven el bienestar social, la seguridad de los ciudadanos y el crecimiento económico.
- El pago oportuno de la deuda pública y al financiamiento de la inversión pública con significativa afectación de la calificación de riesgo país. Las disposiciones que obligan al Organismo Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Finanzas Públicas, a obtener una previa autorización del Congreso de la República para emitir, negociar y colocar los Bonos del Tesoro hasta por un monto igual al de los vencimientos que se produzcan durante el ejercicio fiscal de 2024.
Un presupuesto que bloquea a nuevo gobierno
Los integrantes del partido Movimiento Semilla señalan que el presupuesto tiene varias ilegalidades, candados excesivos que entorpecen la inversión social al disminuir fondos a las carteras de Salud y Educación y otorgar aportes a empresas y ONG vinculadas al oficialismo.
En el presupuesto fueron incluidas asignaciones presupuestarias por Q12.3 millardos a varias asociaciones, fundaciones, organizaciones y otras vinculadas a la atención de Salud, Gobernación, Ambiente, Trabajo, Cultura, Economía, Finanzas y algunas Secretarías.
Aunque varias de estas organizaciones han demostrado su funcionalidad, según los diputados opositores existen algunas de estas que son de reciente creación vinculadas a los diputados y a sus financistas.
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Congreso aprueba presupuesto que bloquea el funcionamiento del nuevo gobierno
