Con la aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para 2024 se modificaron dos artículos que dificultarán el pago de deuda, afectando la cancelación de obligaciones anteriormente adquiridas, señalan empresarios. El incumplimiento en estos pagos podría modificar negativamente la calificación del país. Mientras que autoridades indígenas señalan que el decreto aprobado por los diputados no da respuesta a las necesidades de sus territorios.
Por Rony Ríos
Si el presidente electo, Bernardo Arévalo, y su equipo ya habían advertido sobre cómo las limitaciones que el Presupuesto les afectaría, con las enmiendas aprobadas por la alianza oficialista se limita aún más la ejecución de los fondos. El presupuesto asciende a Q124 millardos 879 millones 970 mil.
Después de la aprobación del presupuesto, Arévalo emitió un comunicado en el que calificó este como “un presupuesto absurdo, corrupto e ineficiente que representa una traición directa a los valores y necesidades del pueblo”.
Arévalo le recordó al presidente Alejandro Giammattei su compromiso con una transición exitosa que solamente se puede lograr vetando el presupuesto y así poner de manifiesto su compromiso por un proceso de transición justo y transparente.
Piden el veto presidencial
Desde distintos sectores han solicitado al presidente Alejandro Giammattei que vete el decreto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado. El señalamiento más recurrente es que con dicha aprobación se podría afectar el pago de la deuda pública, provocando que el país caiga en “default”.
Las autoridades ancestrales de Iximulew, desde el 2 de diciembre se manifestaron en contra de la aprobación del presupuesto, pero hoy presentaron una acción de amparo en contra del Congreso de la República por la aprobación de “un presupuesto que no va a favor de los pueblos de nuestro país”.
Daniel Pascual del Comité de Unidad Campesina (CUC) indicó que se mantiene el peligro de Golpe de Estado y que ya no están actuando dentro del marco de la ley.
Las autoridades indígenas señalan que los diputados aprobaron un presupuesto que no da respuesta a las necesidades en salud, educación y seguridad, además de incluir artículos específicos de pagos de contratos de obras sobrevaloradas y dejan varias candados para que el gobierno siguiente no pueda realizar cambios. Además, explicaron que esta aprobación forma parte de las acciones del grupo que intentan dar un golpe de Estado.
“Nuestras acciones de protesta, legales, de amparo e inconstitucionalidad las vamos a seguir ejerciendo, a pesar de que sabemos que ahí está Roberto Molina Barreto, Luis Rosales y otros magistrados a favor del pacto de corruptos”, enfatizó Pascual.
Pascual explicó que todavía si la Corte de Constitucionalidad (CC) no declara inconstitucional el presupuesto, esta sería enviada al presidente Giammattei y tendrían que esperar que él la vete para que no sea promulgado.
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) emitió un comunicado para pedir que se corrijan los errores en el presupuesto, específicamente por la emisión, negociación y colocación de Bonos del Tesoro.
Para el CACIF “esto puede generar gran incertidumbre ya que, de no lograrse dicha aprobación oportunamente, el Estado podría quedar imposibilitado de hacer frente a sus obligaciones financieras y caer en incumplimiento de pagos, lo cual dañaría gravemente la buena reputación y calificación del país en los mercados financieros internacionales”.
Por su parte, la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) indicó que “se dejó en riesgo al Estado de Guatemala de caer en una parálisis en la colocación o recolocación de deuda, ya que el Gobierno debe contar con la aprobación previa del Congreso para emitir, negociar o colocar Bonos del Tesoro”.
Fundesa argumentó que esto afecta negativamente al país porque no se podrían recolocar los bonos que vencen el próximo año y que ascienden a Q6,260.9 millones. Además, la Fundación adverso las asignaciones específicas a ONG y para proyectos del CIV.
Ricardo Barrientos, director del Icefi, mencionó que el Congreso no corrigieron los errores presentados por el Ministerio de Finanzas y la Comisión Legislativa de Finanzas Públicas y Moneda. Barrientos dijo que fueron alterados los artículos 56 y 69 del presupuesto sobre la regulación de los bonos del Tesoro.
“La colocación o recolocación de bonos podría paralizarse y con ello el servicio de la deuda pública. Guatemala podría incumplir sus compromisos de deuda, lo que técnicamente se llama default, enfrentar dificultades para ejecutar la inversión pública, el gasto social, pago a proveedores, contratistas e incluso podrían enfrentarse dificultades para pagar nóminas salariales”, enfatizó Barrientos.
El camino por recorrer del decreto
Además, el director del Icefi explicó que, según la Constitución Política de la República, el Organismo Legislativo debe enviar copia del decreto a todos los diputados, esperar 5 días para conocer si existen objeciones respecto a la constitucionalidad y la Junta Directiva las debe poner de conocimiento al pleno del Congreso. Si las mismas son aceptadas el decreto se archiva, de lo contrario sería enviada al presidente de la República.
Después de recibir el decreto, el presidente Alejandro Giammattei tiene hasta 15 días para sancionarlo (aceptarlo) o vetarlo; en caso de vetar el presupuesto, el mismo regresa al Congreso de la República con las observaciones del presidente. Si Giammattei no responde en los 15 días, el presupuesto se tendrá por sancionado y el Congreso será quien lo promulgue en la siguiente semana.
Sin embargo, si el decreto regresa al Congreso tiene hasta 30 días para presentarlo al pleno y decidir si aceptan o no el veto de Giammattei, pero para ello deberá contar con el aval de 107 diputados. Si se rechaza el veto, el Presupuesto se envía de nuevo al Ejecutivo solamente para que este sea sancionado.
Las enmiendas del legislativo:
- Creación de un artículo para destinar Q1,312 millones para el programa del adulto mayor.
- Modificación al artículo 114 para establecer los gastos de funcionamiento del Mingob en Q325 millones, del MSPAS en Q417 millones, del Mides en Q356 millones y para obligaciones del Estado a cargo del Tesoro en Q274 millones.
- Modificación al artículo 116 para incrementar Q2,536 millones al CIV para que Caminos ejecute 58 proyectos específicos, Covial 255, el Fondo Social de Solidaridad 33, la Unidad de Construcción de Edificios del Estado 61 y Q30 millones para que el Fodes ejecute 1 más.
- Modificación al artículo 117 para que el CIV cancele 28 proyectos, el Fodes 5 y el Ministerio de Cultura 1.
- Creación de un artículo para que se pague por 7 dragados y el mejoramiento de una carretera. Proyectos ya adjudicados por el gobierno de Giammattei.
- Modificación al artículo 118 para destinar Q5,161.25 millones a ONG de Salud, Educación, Gobernación, Trabajo, Economía, Cultura, Agricultura, Finanzas, Ambiente y Desarrollo.
- Modificación al artículo 119 para que el MSPAS readecúe Q350 millones para la mejora salarial de los trabajadores.
- Modificación al artículo 121 para prohibir al gobierno disminuir fondos al Ministerio Público, a Gobernación, Defensa, Educación, Salud, Agricultura y Desarrollo.
- Modificación al artículo 122 para no disminuir fondos para la ejecución de un proyecto de agua potable contratado por el Mides.
- Modificación al artículo 125 para limitar que la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia contrate más personal y no contrate medios de comunicación.
- Modificación al artículo 129 Para que los fondos no ejecutados por los Codedes sean destinados a la Gran Cruzada por la Nutrición.
- Modificación al artículo 130 para asignar Q400 millones al IGSS, Q95 millones al Mindef, Q30 millones al Enca, Q5 millones al Consejo Nacional de Adopciones, Q20 millones para el Anadie, Q230 millones al MSPAS y Q50 millones para la Comisión Contra la Discriminación y el Racismo.
- Modificación al artículo 131 para asignar Q90 millones al Fideicomiso de la Municipalidad de Guatemala y Q50 millones para que la USAC realice investigaciones marítimas.
- Supresión del artículo 132 para quitar la asignación de Q75 millones para la Federación de cooperativas de las Verapaces.
