El Ministerio Público, una de las instituciones más criticadas y señaladas por las acciones contra el proceso electoral, decidió gastar Q432 mil en un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de seguridad de la institución, que principalmente están enfocados en atender a la fiscal general Consuelo Porras.
Por Prensa Comunitaria
El objetivo de la adquisición es garantizar el “buen funcionamiento” de los dispositivos durante 18 meses, con lo cual se estarían “protegiendo” la integridad de los componentes informáticos y electrónicos de seguridad del edificio de la sede central.
Entre los equipos a los que se le brindará soporte están el control biométrico del ascensor privado de la fiscal general Consuelo Porras y los lectores de acceso en las puertas, que le permiten el ingreso a Porras y a su comitiva a cualquier nivel del inmueble.
El servicio deberá darle mantenimiento a los dispositivos de biometría que conforman el sistema de acceso al despacho de la jefa del Ministerio Público (MP), los cuales están ubicados en el octavo nivel de la sede del ente investigador en Gerona, zona 1 capitalina.
Además, con la contratación, se busca garantizar la funcionalidad de las barreras vehiculares por las que ingresa la comitiva de la fiscal general y de las 170 cámaras de vigilancia instaladas en los ingresos, parqueos, perímetros y pasillos del edificio.
Por último, según las bases de la compra, también se le brindará asistencia a equipos de seguridad que están en otros cuatro inmuebles, entre ellos uno en el que funciona la guardería de esta institución.
La empresa que dará el soporte es Prequind, misma que ha sido contratista del Estado desde 2012. En total, las adjudicaciones a su favor llegan a los Q37.17 millones. De ese monto, Q676 mil 181 corresponden a ventas de este año.
Debido a que se usó la cotización como modo de adquisición de este servicio, fue Jonas Hernández Pérez, jefe administrativo del ente investigador, el encargado de aprobar la adjudicación.
El MP en tiempos de crisis
La compra se hace cuando el MP se encuentra en una crisis, en la que se ha convertido en blanco de múltiples críticas nacionales e internacionales, debido a sus acciones hacia el proceso electoral, ejecutadas, primordialmente, por la FECI.
En Guatemala, desde el 2 de octubre cuando se convocó al Paro Nacional por autoridades indígenas y ancestrales, se han realizado manifestaciones por 15 días continuos para exigir la renuncia de Porras, del juez Fredy Orellana y de los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso.
Los reclamos, incluso, han venido desde la Organización de los Estados Americanos (OEA). En esta instancia, Luis Almagro, su secretario general, señaló que los actos del MP parecen estar encaminadas a “anular” la voluntad del electorado y erosionar el proceso democrático.
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Almagro: “Las acciones del MP no son aceptables, ni jurídica ni políticamente”
