El MP continúa enviando oficios en el que pide información al TSE por investigaciones que están en curso y que estarían buscando deslegitimar los resultados de las pasadas elecciones generales de Guatemala.
Por Alexander Valdéz
El Ministerio Público (MP) confirmó que la Fiscalía de Delitos Electorales envió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) una nueva solicitud de información, con un plazo de 24 horas, para que sea trasladado el expediente y los datos correspondientes a la adquisición de un programa informático utilizado en las elecciones de este año.
El oficio trasladado al TSE fue firmado por el fiscal José Medina, e iba dirigido al ente electoral, en el que se especifica qué tipo de datos deberán trasladarse. También se detalla que la entrega debe ser en la sede del edificio de Gerona, zona 1.
La Fiscalía aseguró que la petición se hace en seguimiento a una denuncia sobre posible abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y fraude en el proceso de contratación para la adquisición del programa informático y servicio de respaldo perpetuo inalterable de documentos del proceso electoral 2023, mismo que fue adquirido a la entidad mercantil ITZDATA INTERNACIONAL S. A.
“Que se indique de acuerdo a la resolución No. 136-2023, EXP. No. 2089-2023, en la cual se indica la necesidad de adquirir el programa informático y servicio de respaldo perpetuo inalterable de documentos del proceso electoral 2023, cuando se refiere al resguardo y certeza de documentos que se utilizarán en el evento electoral 2023, que se informe a qué documentos se refiere. Que se envíe copia simple del dictamen técnico por parte de la autoridad designada por el Tribunal Supremo Electoral, para la contratación de: programa informático y servicio de respaldo perpetuo inalterable de documentos del proceso electoral 2023″, indica el MP en el oficio.
Insistentes pedidos de información
Luego de haberse realizado la segunda vuelta de la elección presidencial que ganó Bernardo Arévalo y Karin Herrera, del partido Movimiento Semilla, el Ministerio Público a través de las diferentes fiscalías han hecho diferentes pedidos de información al TSE por casos que se investigan en las distintas unidades.
El evento que más llamó la atención de la opinión pública a nivel nacional e internacional fue el secuestro de las cajas con las boletas de los resultados de las elecciones generales. Dicha documentación fue sustraída del TSE, pese a la oposición de los magistrados del ente electoral.
La acciones del MP irían orientadas a desacreditar los resultados de las elecciones generales de este año.
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Dudas por oficios que evidencian pedido de Giammattei
Recientemente en redes sociales circularon dos oficios; uno del Organismo Ejecutivo y otro del Ministerio Público (MP), que evidenciaría la cercanía entre Alejandro Giammattei y la fiscal general Consuelo Porras, además de su intención por “criminalizar” a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que avalaron los resultados de los últimos comicios generales.
Pese a que ambas entidades rechazaron la veracidad de los dos documentos. Las recientes acciones del MP y el silencio cómplice del Ejecutivo, generan más dudas acerca de la complicidad de Porras y Giammattei para perseguir a las autoridades del ente electoral.
En oficio de Giammattei a Porras, deja claro que fue el presidente quien requirió al MP que investigue la existencia de un eventual conflicto de interés en la adjudicación del equipo para la adquisición del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) para el Distrito Electoral Central.
Según abogados consultados, la existencia de un conflicto de interés no es un tema que implique investigación penal, sino es un tema administrativo, que en todo caso, la inconformidad puede ser objeto de un procedimiento de naturaleza administrativa de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado.
Nueve días después del oficio que envió Giammattei a Porras, el MP anunció que presentó un antejuicio contra los magistrados del TSE. Según un comunicado de prensa del MP, la solicitud se dio por una denuncia presentada el 29 de junio en contra de los magistrados y del Departamento Informático del TSE, por posibles irregularidades en la suscripción del contrato para la compra del sistema TREP.
