Por Miguel Ángel Sandoval
De forma notoria, hay voces que dicen que la crisis está llegando lejos. Acaso demasiado lejos. Y agregan, nadie quiere ceder, o todos deben ceder. El propósito es correcto pues todo proceso como el actual, demanda que las partes cedan en algún momento. Ahora bien, en nuestro caso lo primero que es necesario identificar son las razones por las cuales hay una crisis con la envergadura de la actual. Lo primero que hay que poner sobre la mesa es que el origen de toda la crisis que vivimos es la negativa de los grupos tradicionales de poder que se niegan desde que conocieron los resultados electorales, a reconocer la victoria en las urnas de Bernardo Arévalo y su partido Semilla.
A partir de ese hecho iniciaron los despropósitos, aparentemente legales, de una camarilla enquistada en el MP y para desgracia nuestra, en las altas cortes. La Corte Suprema de Justicia, por la usurpación por más de 3 o 4 años de cargos que debieron ser relevados los magistrados actuales. Es lo mismo con la Corte Constitucional que se olvidó de su función de ser garante de la constitución, violada una y otra vez por ellos mismos y otros actores de eso que denominamos el pacto de corruptos.
En todas las anomalías que se observan en las cortes y su comportamiento, resalta la frivolidad de los integrantes del congreso. Nadie olvida que la CSJ fue negociada por el PP y Líder, o sea por Sinibaldi y Baldizón, y de lo cual sabemos con toda la desfachatez del mundo, ¡¡¡que fue alrededor de la cama de un hotel!!!
Algo semejante ocurrió con la CC. Todo producto de negociaciones entre partidos políticos y no por el ejercicio de una carrera como juristas que pusiera en primer lugar la idoneidad, el profesionalismo, los instintivos académicos reales, el ejercicio de la profesión de forma sobresaliente. Al contrario, son los arreglos en lo oscurito, bajo la mesa, o alrededor de una cama lo que ha prevalecido.
Como vemos el origen de todo está muy clarito. Y lo cierto de todo, es que fue construido con paciencia, a la vista de todos, durante los últimos años. ¿Y para qué? Pues para continuar con el usufructo del poder, para los negocios sucios o para la elemental impunidad. Así de sencillo.
Tanto fue el cántaro ala agua.
Como resultado de todo lo señalado, son las movilizaciones sociales en el país entero y en el plano internacional. Vemos actividades en México, España, EEUU otros países, pero, sobre todo, en las comunidades indígenas de Guatemala, en los mercados, en las universidades, en los sectores de trabajadores, que reclaman que nuestro país sea capaz de retornar a los causes democráticas, violentados por las instituciones que deberían ser las encargadas de velar por la existencia de un estado democrático de derecho.
Pero ese retorno tiene como precondición, que los personajes señalados por la sociedad en grandes cantidades y con expresiones en todos los sectores, renuncien. Y luego se puede dialogar sobre los diferentes aspectos de la democracia que está a punto de ser derrumbada por la acción de pequeñas minorías ilegales.
En la actualidad el sistema de justicia se encuentra en el punto más bajo de credibilidad y de legitimidad que se podía imaginar. Es tal la perversión de las leyes del país que la investigación criminal o penal, no se cree pues, desde la ciudadanía de a pie, se considera que la misma es ejercida por maleantes. Y con lo de la CSJ el chiste se cuenta solo. Y con esa situación, insisten en coro destemplado, en impulsar la lawfare a la chapina, a la tortrix, pues. Pero en nuestro caso, con llamados absurdos a la violencia represiva. Y eso no lo podemos permitir.
Es el retorcimiento de la ley, el uso de instituciones que deberían ser imparciales, en parte de una conspiración para desconocer la democracia, es, en fin, la idea que los que ganaron las elecciones no deben ser ungidos como nuevo gobierno, sino que tienen que ser denostados por todos los medios, incluyendo los que revelan desde lejos, su calidad de espurios.
Es ahora de establecer si la madurez democrática de la Policía Nacional Civil, con origen en los Acuerdos de Paz y el ejército reconvertido al respeto de la vida democrática, tienen la altura para negarse a ejecutar ordenes ilegales, espurias y claramente golpistas. Lo cual se haría en respeto de la constitución y el derecho a la desobediencia civil ante ordenas claramente inconstitucionales además de ilegales. Esto es algo que expresamente se establece en el artículo 45 constitucional y el 21 constitucional transitorio. Pues de la CC y la CSJ, menos del MP, no podemos esperar nada. Ya rebasaron todas estas instituciones, los límites de la cordura y la naturaleza democrática que se encuentra en su constitución.
