La Corte de Constitucionalidad ordenó al Ministerio de Gobernación y a la Policía habilitar el acceso a las sedes del Ministerio Público y detener a los implicados en las tomas, en un plazo no mayor a seis horas. Los magistrados de la máxima corte fueron más allá solicitando al Ejército de Guatemala intervenir en dicha acción.
Por Isela Espinoza
Mientras una marcha de miles de vendedores y trabajadores de los mercados de la ciudad de Guatemala se encamina hacia la sede central del Ministerio Público (MP), para expresar su apoyo a las autoridades indígenas y pobladores bajo la consigna de defender la democracia, la Corte de Constitucionalidad (CC) a través de un comunicado ordena al Ministerio de Gobernación (Mingob) y al director de la Policía Nacional Civil (PNC) “restituir el orden público y habilitar el acceso a las sedes del MP”.
Desde hace 17 días, decenas de líderes comunitarios y ciudadanos se han congregado afuera de la sede central del MP ubicado en la zona 1, para exigir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, así como del juez Fredy Orellana por “interferir ilegalmente” en el proceso electoral. El plantón ha sido completamente pacifico.
Según dio a conocer la CC, el pleno de magistrados conoció este miércoles 18 de octubre la denuncia del MP enviada por el secretario Ángel Pineda, sobre “el bloqueo prolongado a su sede ubicada en el Barrio Gerona, derivado de las manifestaciones que han impedido prestar los servicios que competen” a la institución.
Los magistrados de la máxima corte también favorecieron a las autoridades indígenas y ancestrales con un recurso de amparo con el expediente 6202-2023 que, protege el derecho de protesta de miles de guatemaltecos y guatemaltecas que se están manifestando en todo el país, especialmente quienes han estado frente al MP en el barrio Gerona en la ciudad capital.
La CC anteriormente ya había ordenado que se desalojaron a los manifestantes en el expediente 1322-2023. Sin embargo, el ahora exministro de Gobernación David Napoleón Barrientos se negó a reprimir a la población por lo que el pasado lunes 16 de octubre presentó su renuncia al presidente Alejandro Giammattei.
#Alerta 🚨 La CC ordena al Ministerio de Gobernación y a la policía habilitar el acceso a las sedes del MP y detener a los implicados en las tomas de las sedes en las próximas 6 horas.
➡️ La resolución obedece a que el MP denuncio el “bloqueo” de su sede central en el barrio… pic.twitter.com/s3Hdj8ZVve
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) October 18, 2023
En el comunicado, la CC argumenta que la orden obedece a “resguardar las necesidades de acceso a los entes que proveen servicios esenciales como el acceso a la justicia”, por lo que da un plazo que no exceda de seis horas.
“A la Policía Nacional Civil, conforme a la previsión contenida en el artículo 257 del Código Procesal Penal, proceder a la aprehensión de los implicados en la comisión de delitos flagrantes”, dice el texto. Además, pide al Ministerio de Defensa “prestar el auxilio en caso de ser estrictamente necesario” en cooperación con el Ejército de Guatemala.
Aunque la CC pide al procurador de los derechos humanos dar acompañamiento a estas acciones, resalta el resguardo de los edificios de las instituciones del Estado más que la vida de los manifestantes que, se encuentran pacíficamente en la sede del MP y sus alrededores.
Frente a la corte, líderes ancestrales Achi’ de Baja Verapaz y pobladores aseguraron que no van a permitir el desalojo. “Desde ya responsabilizamos a los magistrados de la CC si en estas manifestaciones pacíficas empieza a correr sangre porque ellos están dando la orden de que se use la fuerza”.
Además, pidieron mantenerse unidos y recomendaron a los manifestantes no usar mascarillas, máscaras u otro accesorio. “Identifiquémonos, no le debemos nada a nadie. Estamos peleando por nuestros derechos no como ellos que ya saquearon al Estado”, agregaron.
Las autoridades ancestrales de Iximulew también llamaron al pueblo guatemalteco a movilizarse esta tarde frente al edificio del Ministerio Público en el barrio Gerona para respaldar las protestas pacíficas.
Ordena investigar a exministro de gobernación
El lunes por la noche se dio a conocer que Giammattei aceptó la renuncia del ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos quien, presentó su carta después que el MP anunciara que había solicitado su destitución a la CC, por no desalojar a los manifestantes de la sede del MP y ni de los tramos carreteros tomados.
Barrientos, un general de Brigada, fue juramentado como ministro de Gobernación el 26 de enero de 2022, luego de la renuncia del exministro Gendri Reyes.
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El presidente Giammattei acepta la renuncia del ministro de Gobernación
El MP señala a Barrientos de desobediencia. Este miércoles, la CC también ordenó investigar al exministro de Gobernación “por el incumplimiento” de las sentencias previas y el auto de debida ejecución.
La CC advierte que, de no cumplirse con lo establecido por el nuevo ministro de Gobernación, el militar retirado Byron Bor, y el director general de la PNC serán separados ipso facto de su cargo, según el artículo 78 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.
Esta crisis tiene su origen en las acciones ilegales de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Curruchiche y el juez Fredy Orellana. Desde julio pasado han impulsado acciones legales para suspender la personalidad jurídica del partido político Movimiento Semilla que, llevó a la presidencia al binomio de Bernardo Arévalo y Karin Herrera.
Además, Orellana ha avalado los allanamientos en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a pesar de ser un juez penal y no de delitos electorales, lo que ha impulsado a que miles de guatemaltecos tomen carreteras y salgan a las calles a manifestar su descontento contra las autoridades que atentan en contra de la democracia.
Este miércoles, las autoridades ancestrales tenían previsto reunirse con Porras. Sin embargo, la reunión fue cancelada. “Las autoridades indígenas siempre hemos estado abiertas al diálogo”, afirmó un dirigente comunitario de Sololá.
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Consuelo Porras se resiste a dialogar con las autoridades indígenas
