Créditos: Eslly Melgarejo
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Con esta acción legal busca que se derogue la reforma al artículo 14 de la Ley del Ministerio Público para que se le quite el blindaje a la fiscal general y pueda ser destituida.

Por Rony Ríos

Las autoridades indígenas de Sololá, el pueblo Ixil, autoridades de Chichicastenango, y San Francisco Totonicapán, entre otras, plantearon una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Orgánica del Ministerio Público..

La Ley del Ministerio Público fue reformada en 2016, con dicha reforma se estableció un blindaje especial al que ocupe el cargo de Fiscal General  ya que es la misma institución que dirige Consuelo, la que tendría que acusarla y realizar una investigación y así iniciar su proceso de destitución.

Por esto las autoridades ancestrales interpusieron una acción legal ante la Corte de Constitucionalidad (CC) porque consideran que este cambio hecho en la ley en 2016 riñe con la Constitución Política de la República.

Según las reformas aprobadas la fiscal general solamente puede ser removida por el presidente de la República si tiene una causa justificada.

Dicha reforma al artículo 14 de la ley establece que la causa justificada se refiere a “la comisión de un delito doloso durante el ejercicio de su función, siempre y cuando haya sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada”, lo cual significa que hasta que la fiscal no sea declarada en un juicio y su sentencia esté en firme no podría ser destituida.

En el artículo 251 de la Constitución se indica que “el presidente de la República podrá remover (a la fiscal general) por causa justificada debidamente establecida”, dejando abierto el criterio por medio del cual se puede destituir a la jefa del Ministerio Público (MP).

Juan Castro del Bufete de Pueblos Indígenas, quien acompañó a las autoridades en la presentación de la inconstitucionalidad, señaló que ellos buscan que se declare inconstitucional la frase “siempre y cuando haya sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada” porque ahí se le da a la fiscal general un blindaje del cual no goza ningún otro funcionario.

Castro explicó que existe un principio que dice que ningún juez puede juzgar sus propias causas y con la fiscal ocurre algo parecido, ya que el MP que ella misma dirige la tiene que acusar de los delitos y es algo que no va a pasar.

Además, que al aplicar la normativa se limitan las facultades constitucionales del presidente de la República.

Castro indicó que en el análisis a la ley se percataron que no se cumple esta premisa porque un propio fiscal general no se acusará a sí misma para ser juzgada y posteriormente separada del cargo.

La salida a Giammattei

Feliciana Herrera, representante de las autoridades indígenas del Pueblo Ixil, señaló que esperan que la CC resuelva a favor la acción de inconstitucionalidad que plantearon para que esa sea la vía, por medio de la cual el presidente Alejandro Giammattei destituya a Consuelo Porras.

A criterio de Herrera, la fiscal ha incurrido en varios delitos durante su gestión, pero el caso más emblemático fue extraer las cajas con las actas de las elecciones, atentando contra la voluntad popular del pueblo.

“Nos piden que elijamos y que nos sujetemos a las leyes, pero cuando no les conviene ellos vienen a manosear y violar la ley a su antojo. Exigimos a la CC que resuelva a favor para dar vía libre a Giammattei para destituir a la fiscal general”, dijo Herrera.

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