A través de un amparo promovido por el diputado de la UNE, Víctor Israel Guerra, la agrupación política busca que sea anulado el decreto en el que el TSE oficializó los resultados. La CSJ ya le dio trámite al amparo y emplazó al TSE para presentar un informe circunstanciado.
Por Rony Ríos
La Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) planteó un amparo en contra del Acuerdo 1659-2023, emitido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para oficializar los resultados en los que Sandra Torres perdió la contienda contra Bernardo Arévalo.
La acción constitucional planteada por el diputado Víctor Israel Guerra Velásquez señala que ese acuerdo vulnera los derechos fundamentales de la UNE y de la ciudadanía porque considera que no se podrían oficializar los resultados porque el Registro de Ciudadanos había suspendido al partido Movimiento Semilla.
En la interpretación de Guerra Velásquez, “al encontrarse suspendida provisionalmente la inscripción de persona jurídica del comité para la constitución del partido político Movimiento Semilla y del partido Movimiento Semilla, dicho partido político se ve imposibilitado de ejercitar los derechos y obligaciones regulados en la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP)”.
El efecto que busca la UNE con el amparo es que al otorgarse se “suspenda en definitiva el acuerdo 1659-2023” para que quede sin efecto la oficialización de resultados y la adjudicación de cargos.
El Registro de Ciudadanos anunció la suspensión del partido Movimiento Semilla horas antes de que el pleno de magistrados del TSE emitiera el acuerdo de oficialización de resultados en los que fue declarado electo Bernardo Arévalo y Karin Herrera y se oficializó la derrota de Sandra Torres y Romeo Guerra.
Además, Guerra Velásquez colocó como terceros interesados al Ministerio Público y a los 27 partidos electorales que participaron en la contienda electoral.
CSJ emplaza al TSE
La CSJ admitió para su trámite el amparo promovido por la UNE y concedió un plazo de 48 horas -a partir de la notificación- al TSE para que enviara copia certificada, en formato digital, del expediente completo, la que debe contener el acto reclamado y sus notificaciones, recursos o remedios procesales en contra de la acción constitucional.
La admisión del trámite del amparo fue notificada a las 14:02 horas del 1 de septiembre, por lo que el TSE tendría que enviar los documentos antes de las 14:02 horas del domingo 3 de septiembre.
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Bernardo Arévalo denuncia un golpe de Estado orquestado desde el Ministerio Público
Acciones en cadena
Menos de dos semanas después del anuncio de resultados de la primera vuelta electoral, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), dirigida por Rafael Curruchiche, solicitó la suspensión de la personalidad jurídica del partido.
El 12 de julio, Fredy Orellana, juez Séptimo de Primera Instancia Penal, emitió una resolución, basándose en la Ley Contra la Delincuencia Organizada, en la que suspendía provisionalmente la personalidad jurídica de la agrupación política.
Tomando como base la resolución, Orellana ofició al Registro de Ciudadanos para que suspendiera al partido Movimiento Semilla; sin embargo, Semilla planteó un amparo que la Corte de Constitucionalidad (CC) concedió provisionalmente.
Con el otorgamiento de este amparo, la registradora suplente, Eleonora Noemí Castillo Pinzón, no cumplió con lo solicitado por Orellana, por lo que la FECI pidió una orden de captura en su contra y el mismo juez la giró.
El 28 de agosto el registrador de ciudadanos resolvió suspender provisionalmente al partido Movimiento Semilla, hecho que fue utilizado ese mismo día por la UNE para intentar sustentar el amparo.
Después de hacerse pública esa resolución, Curruchiche envió un oficio informando al Congreso de la República sobre la suspensión. El departamento jurídico del Organismo Legislativo, representado por Manuel Barquín Aguilar, avaló una recomendación para retirar al Movimiento Semilla de los bloques legislativos.
El 30 de agosto, la junta directiva del Congreso de la República tomó la decisión unilateral de desconocer a Semilla como bancada.
Acciones que el viernes, el presidente electo Bernardo Arévalo y su vicepresidente electa Karin Herrera denunciaron un intento de golpe de Estado orquestado por la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche, el juez Fredy Orellana y la junta directiva del Congreso de la República.
El exfiscal de Curruchiche que defiende la UNE
Para la interposición del amparo, el diputado Guerra Velásquez fue auxiliado por el abogado Carlos López Aquino.
López Aquino es un jurista que estuvo subordinado a Curruchiche en la Fiscalía de Delitos Electorales, pero en agosto de 2021, fue trasladado para la Fiscalía de Escuintla.
El abogado de la UNE no solo auxilió al partido en la interposición de esta acción de amparo, sino que también fue el que asesoró a la agrupación para denunciar un supuesto fraude electoral, pese a los 20 puntos porcentuales de ventaja de Semilla.
López Aquino fue el abogado que tuvo a cargo la investigación en contra del exalcalde de Mixco e hijo del expresidente Otto Pérez Molina, Otto Pérez Leal y a la exdiputada Stella Alonzo por el uso de fondos públicos para campaña electoral del Partido Patriota (PP).
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