La resolución de la Sala Cuarta de Apelaciones ordena al juez Jimi Bremer que en un plazo de 48 horas retome la audiencia de primera declaración de la abogada anticorrupción y resuelva su situación legal. González está por cumplir un mes en “prisión provisional”.
Por Alexander Valdéz
La Sala Cuarta de Apelaciones ordenó al juez décimo “B”, Jimi Bremer, resolver la situación legal de la abogada y exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Claudia González, en un plazo de 48 horas. La audiencia de primera declaración se ha suspendido constantemente y eso ha prolongado la “prisión provisional” de González, quien fue detenida el pasado 28 de agosto.
La resolución se dictó dentro una Exhibición Personal solicitada a favor de la abogada, esto por el tiempo que ha permanecido en prisión y sigue sin poder solventar su situación jurídica por el caso de criminalización en el que fue vinculada por el Ministerio Público (MP), de Consuelo Porras.
Si bien se negó la petición para declarar “ilegal” la detención de González, sí se establece que se ha extendido injustamente el tiempo en el que la exmandataria de CICIG ha estado en prisión sin poder solventar su situación legal en el juzgado que dirige Bremer.
El pasado martes estaba previsto que el juez dictara la resolución de si ligaba o no a proceso a la abogada, pero por una excusa de la representante de la magistrada Blanca Stalling, quien es querellante en el caso, la diligencia fue aplazada hasta el próximo 27 de septiembre.
Detenida por investigar corrupción
González fue detenida en un operativo de la Fiscalía de Asuntos Internos, es señalada del delito de abuso de autoridad, por haber investigado el caso contra la magistrada Blanca Stalling.
Pese a los riesgos, González estuvo al frente de la defensa de varios operadores de justicia, como los casos contra Juan Francisco Sandoval, Virginia Laparra y la abogada Leily Santizo. En abril de este año fue reconocida en Holanda por la organización “Abogados para abogados” (Lawyers for Laywers) con el Premio que otorga la organización a los profesionales del derecho que enfrentan un alto riesgo debido al trabajo que realizan.
La exmandataria de la extinta CICIG está a cargo de la defensa de al menos nueve abogadas y abogados, que trabajaron en casos de corrupción de alto perfil por varios años, seis de ellos son exfiscales del MP y tres de ellos exmandatarios judiciales de la CICIG.
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