En 2019, la FECI dirigida por Juan Francisco Sandoval y que integraba también Laparra, anunció una investigación contra el magistrado Édgar López Espanillat, luego de una publicación de un medio radial, en la que se expuso una grabación sobre una conversación entre el juez y el acusado de corrupción Gustavo Alejos.
Por Prensa Comunitaria
El magistrado Édgar José López Espaillat, integrará la Sala de Apelaciones de Quetzaltenango que conocerá la solicitud de la Fundación contra el Terrorismo y el exjuez Lesther Castellanos, para apartar al juez Moisés de León, quien preside el Tribunal Primero de Sentencia que conocerá el debate contra la exfiscal anticorrupción Virginia Laparra.
En 2019, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), dirigida por Juan Francisco Sandoval y que integraba también Laparra, anunció una investigación contra el magistrado López Espaillat, luego de una publicación del medio ConCriterio, en la que se expuso una grabación sobre una conversación entre el juez y el acusado de corrupción Gustavo Alejos.
El magistrado será uno de los encargados para analizar si procede la solicitud de apartamiento contra el juez De León, quien en julio de este año, decidió otorgarle arresto domiciliario a la exfiscal anticorrupción, quien enfrenta una condena y está detenida desde el año pasado.
Esa decisión originó la inconformidad de la Fundación contra el Terrorismo y el denunciante Lesther Castellanos, quienes aducen dudar de la imparcialidad del juzgador y por esa razón piden que sea otro tribunal unipersonal que conozca el debate.
Una grabación con Gustavo Alejos
Según la publicación de ConCriterio, en el audio se estarían negociando resoluciones favorables para el exsecretario privado de la presidencia, Gustavo Alejos. Quien en aquel momento se encontraba en prisión preventiva y señalado en diferentes procesos de corrupción.
López Espaillat, fue electo por el Congreso de la República, el 30 de octubre de 2017, para culminar el período 2014-2019; asumió como magistrado de sala de femicidio en sustitución de Dina Ochoa, cuando fue nombrada magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC). Esa judicatura favoreció a Alejos con un amparo que retrasó un proceso en su contra y, además, lo benefició con el traslado de la cárcel de Pavoncito hacia Mariscal Zavala.
El magistrado trabajó para el bufete de abogados de Roberto López Villatoro, conocido como “el Rey del tenis”, actualmente procesado y en juicio por el caso Comisiones Paralelas 2014. Ese expediente se relaciona con en la elección de magistrados de la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
A raíz de esa publicación, Sandoval anunció una pesquisa de oficio contra el funcionario del OJ, caso que actualmente se desconoce algún avance. Además, el magistrado enfrentó un proceso disciplinario en ese organismo de Estado.
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Libertad de Laparra depende de CSJ
Pese a que el juez Moisés de León otorgó medidas sustitutivas a la exfiscal, por el caso que se conoce en Quetzaltenango sobre una supuesta revelación de información confidencial, Laparra no ha podido recuperar su libertad de manera inmediata, debido a que aún tiene pendiente la revisión de medidas del primer caso en su contra y por el cual fue condenada a cuatro años de prisión conmutables por abuso de autoridad.
Será hasta que se programe una audiencia de revisión de medidas en la Cámara Penal de la CSJ, que Laparra podría pedir que se le conceda una medida. Actualmente debido a la recusación del juez De León, el segundo caso está detenido.
El 16 de diciembre de 2022, Laparra exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Quetzaltenango, fue condenada a cuatro años de prisión conmutable, a razón de Q10 diarios, luego que el Tribunal Octavo de Sentencia Penal la encontró culpable del delito de abuso de autoridad en forma continuada.
La condena se originó por haber denunciado al entonces juez Castellanos por supuestamente filtrar información al abogado Omar Barrios, ambos incluidos en la lista Engel, de actores corruptos y antidemocráticos, de Estados Unidos.
La semana pasada fue detenida la abogada y exmandataria de la CICIG Claudia González, quien estuvo a cargo de la defensa de Laparra.
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La criminalización de Claudia González y los estertores letales del pacto de corruptos
