Créditos: Regina Pérez
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El MP continúo este viernes con los allanamientos ahora en la sede de Semilla. Organizaciones de la sociedad civil rechazan el golpe de estado electoral. Mientras, el TSE pide a la CC exigir al Organismo Judicial y al Ministerio Público respetar el Estado democrático y que conmine a varios ministros para prestar el apoyo necesario a las autoridades electorales. Grupos indígenas y sociales convocan a masivas manifestaciones.

Por Prensa Comunitaria

La población guatemalteca amaneció con la noticia que en la madrugada de este viernes el Tribunal Supremo Electoral (TSE) pidió protección a la Corte de Constitucionalidad (CC) ante la amenaza inminente de que las autoridades vulneren el Estado democrático y afecten el proceso electoral. En la acción legal las autoridades tomaron como base la resolución otorgada, en mayo de 1993, cuando el presidente Jorge Serrano Elías intentó disolver la Corte Suprema y el Congreso.

El amparo presentado por los magistrados del TSE, aunque incluye a los ministros de Defensa, Gobernación, Finanzas, la Policía Nacional Civil y hasta el Procurador de Derechos Humanos, va dirigido especialmente a contrarrestar las acciones emprendidas el pasado 12 de julio desde el Organismo Judicial (OJ) y el Ministerio Público (MP).

Desde ese día, tanto el juez séptimo Fredy Orellana como el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) Rafael Curruchiche, con el apoyo de la fiscal General, Consuelo Porras y la ayuda de la fiscal Cinthia Monterroso, no han cesado en su intento por hostigar, amedrentar, presionar y bloquear el proceso electoral con allanamientos, órdenes de captura y denuncias contra las autoridades electorales y al partido Movimiento Semilla.

Pese a la inclusión de toda esta estructura que opera desde el MP y el OJ y, que quedó evidenciada en la Lista Engel, de actores corruptos y antidemocráticos, anunciada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Corte de Constitucionalidad tuvo que salir a reiterar este viernes 21 de julio que existe un amparo a favor de Semilla y del Tribunal Supremo Electoral para que el proceso de elecciones continúe sin ningún contratiempo.

El TSE también se pronunció y enfatizó que la segunda vuelta electoral se realizará el 20 de agosto y que los binomios a competir son los de la Unidad Nacional de la Esperanza y el Movimiento Semilla. Además, condenó “las acciones desproporcionales, intimidatorias y con exceso de fuerza con que han actuado las diferentes autoridades”.

Operativo en la sede de Semilla

Unas horas después, que el TSE diera a conocer que presentó la acción legal, la sede del partido Movimiento Semilla, ubicada en la 13 calle y 2ª. avenida de la zona 1, era allanada en una diligencia dirigida por la fiscal Leonor Morales Lazo.

El MP confirmó la diligencia en redes sociales y señaló que el objetivo era obtener indicios “que fortalezcan la investigación” contra Semilla “respetando lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad en amparo provisional”.

El fiscal nacional del partido político, Juan Gerardo Guerrero Garnica, comentó que el caso que el MP investiga contra Semilla es una denuncia que ellos realizaron en marzo de este año como agraviados, por la falsificación de firmas durante la afiliación de simpatizantes al partido. Sin embargo, el caso fue trasladado de la fiscalía de delitos electorales a la FECI.

Tanto Guerrero como la abogada del diputado Samuel Pérez, Joseline Jacome, denunciaron que se les ha negado el acceso al expediente a pesar de buscar la información de forma presencial.

Guerrero resaltó que lo que sucede actualmente es un hecho similar al 25 de mayo, de 1993, cuando ocurrió el autogolpe de Estado de Jorge Serrano Elías. “Los magistrados de la CC son los llamados a defender el orden constitucional”, comentó.

El candidato presidencial, Arévalo, también se refirió al allanamiento y aseguró que la acción “es la demostración flagrante de la persecución política” que Semilla ha denunciado. Durante su gira que realiza en el marco de la campaña electoral, dijo desde Retalhuleu que el MP “está tratando de derrocar la democracia, nosotros seguiremos adelante”, agregó.

Agentes mujeres de la PNC protegen a fiscales del MP durante operativo ilegal. Foto Regina Pérez

“Fueron las cortes las que destruyeron el sistema democrático en Venezuela”

Mientras transcurría el allanamiento en la sede de Semilla, los magistrados del TSE desarrollaban una reunión con los fiscales nacionales de los partidos políticos en donde presentaron el módulo Cuentas Claras Guatemala en el que las organizaciones políticas podrán realizar sus reportes de gastos de campaña. Según los datos de la Unidad Especializada de Control y Fiscalización del TSE, del 27 de marzo al 30 de junio el financiamiento público reportado por los partidos es de Q7,880,100.00.

Aunque era el único punto de la agenda, los magistrados aprobaron conceder la palabra a fiscales de Valor, Elefante, UNE, Semilla y Unionista. Sin embargo, estos últimos dos fueron los únicos en pronunciarse sobre las acciones que realiza el MP en su intento de cancelar la personalidad jurídica de Semilla.

“Fueron las cortes las que hicieron que haya un narco estado en Venezuela”, dijo Pablo Duarte, el fiscal del partido Unionista al recordar la victoria del fallecido presidente Hugo Chávez, los acontecimientos que llevaron al poder a Nicolás Maduro, así como la primera vez que la oposición venezolana ganó la mayoría parlamentaria.

Sin embargo, las cortes de ese país se unieron para restarle a la oposición el número de diputados electos e inventaron una constituyente para revertir las decisiones de los opositores en el Congreso. “Las cortes destruyeron el sistema democrático de Venezuela”, dijo Duarte al recordar que el país suramericano luego de ser un país próspero está al borde de la recesión y con más de 7 millones de personas que han salido del país en busca de mejores oportunidades.

“Hoy las cortes en Guatemala, empezando por el Tribunal Supremo Electoral, está peleando porque esto no suceda y está interponiendo un amparo en contra de una serie de instituciones en el país que pareciera que no entienden lo que está sucediendo en el país”, enfatizó Duarte.

En tanto, el fiscal de Semilla también hizo un llamado a los demás partidos políticos para unirse y defender el sistema político. “Lo que hoy le están haciendo a Movimiento Semilla a través de una judicialización maliciosa mañana se lo pueden hacer a ustedes, lo que le están haciendo a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral es poner en vilo al estado constitucional de derecho”, agregó Guerrero.

Por la tarde la agencia de noticias EFE publicó las declaraciones de un alto funcionario estadounidense. “Usar las instituciones judiciales de forma arbitraria y política son acciones que usan los Gobiernos autoritarios, no solo en Latinoamérica sino en otras partes del mundo. Lo vemos en Cuba y Nicaragua. Forma parte del manual de las dictaduras”, publicó EFE.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también señaló que “observa con preocupación que la orden de suspensión del Movimiento Semilla estaría en contravención con la propia legislación nacional, de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. La exclusión de candidaturas de manera arbitraria o ilegal, además de afectar los derechos políticos, incide negativamente en la libre expresión de la voluntad del electorado, lo que supone una consecuencia grave para la democracia”.

Pronunciamientos y movilizaciones

Pese a las condenas internacionales y de diferentes sectores del país, el gobierno de Alejandro Giammattei solo publicó una nota en sus redes sociales en donde calificó el amparo presentado por el TSE contra varios ministros y funcionarios como una acción “sorpresiva y lamentable”. En la misma nota asegura que “se han bridado todas las garantías de protección y acceso al voto”. Un día antes, con la publicación de la Lista Engel, el gobierno también salió en defensa de todos los funcionarios, jueces y fiscales incluidos en la lista por actos corruptos en el país.

El allanamiento en la sede del partido Semilla finalizó pasadas las 15:00 horas. Antes de que el operativo finalizara diferentes organizaciones y grupos indígenas se movilizaron para presentar acciones contra los Porras, Curruchiche y Orellana.

Al medio día, en Gestión Penal de la Torre de Tribunales, autoridades indígenas de San Pedro La Laguna, Santiago Atitlán y Santa Lucía Utatlán presentaron una querella contra la fiscal general Consuelo Porras, el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana por los delitos de abuso de autoridad, prevaricato, coacción y resoluciones violatorias a la Constitución.

Además, el Mirador Electoral presentó un amparo ante la CC por la amenaza al proceso electoral y al TSE.

En tanto, la sociedad civil organizada en la Articulación Chimaltenango y Grupo Garante para el Ejercicio del Poder Transparente, entregó un manifiesto al MP en su sede de Chimaltenango. El documento rechaza el golpe de Estado electoral.

“Nos están intimidando, nos están dando maltrato sicológico, porque me levanto en la mañana y me pregunto ¿qué va a pasar hoy, qué noticias van a salir? ya ni mi oficio hago. Las personas no se dan cuenta porque están trabajando, todos están ocupados, por eso nadie se da cuenta, pero les pido a las personas que dejen sus cosas y que vengan a ver qué pasa. Si van a investigar que sea parejo para todos no solo con los que les conviene, la policía está cuidándolos a ellos en vez de apoyar al pueblo”, manifestaba una mujer quien acudió a la sede de Semilla a mostrar su descontento por las acciones del MP.

La CC informó esta noche que dio trámite al amparo presentado por el TSE y había dado un plazo de seis horas, para que los ministros e instituciones aludidas en esa acción presentaran un informe sobre su actuación en el proceso electoral. El plazo vence a las 22:00 horas de este viernes.

Mientras tanto, varias organizaciones sociales hicieron un llamado a todos los sectores de la sociedad para movilizarse el próximo domingo 23 de julio a partir de las 9:00 horas ante “la gravedad de la actual situación”. Abogaron por protestas masivas y unificar el clamor. “No basta con movilizaciones pequeñas, esta debe ser con objetivos claros y una resistencia continua”, señalaron. El punto de partida está previsto en la Corte Suprema de Justicia y finalizará en el MP.

Estos son otros pronunciamientos que se han realizado durante la jornada:

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