La situación de las exauxiliares fiscales de la FECI, Paola Escobar y Aliss Morán, ha causado preocupación a sus abogadas debido a que están en prisión preventiva en el Centro Santa Teresa, en la zona 18, y están en un sector ubicado a solo dos celdas donde están recluidas privadas de libertad de la pandilla Barrio 18.
Por Regina Pérez
Aliss Morán y Paola Escobar son dos exauxiliares fiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), quienes actualmente guardan prisión en la cárcel de Santa Teresa, en la zona 18. Su situación ha generado preocupación a sus familiares y abogadas, debido a que en semanas recientes se han generado riñas en el Centro Preventivo de la zona 18 que han causado la muerte de al menos tres privados de libertad.
Morán y Escobar investigaron el caso Comisiones Paralelas 2020, que implicaba a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), abogados e incluso a jueces en posibles acciones anómalas para influir en la elección de las altas Cortes en 2019. Ambas fueron detenidas por ese caso el 16 de febrero de 2022, señaladas de abuso de autoridad por el Ministerio Público (MP) junto al agente fiscal Willy Racanac.
El caso en su contra se derivó por una denuncia del abogado Dennis Herrera Arita, quien fungió como integrante de la Comisión de Postulación para magistrados de la CSJ por el Colegio de Abogados y Notarios (CANG) y quien supuestamente fue presionado por las exfiscales auxiliares.
El 11 de marzo de 2022, el Juzgado Tercero declaró falta de mérito a favor de Morán y Escobar y salieron en libertad, sin embargo, contrario a la actuación que ha tenido con otros sindicados, el MP apeló la resolución y, el 15 de mayo de 2023, fueron ligadas a proceso nuevamente y enviadas a prisión preventiva, en esta ocasión por el juez Julio César Vásquez Xol.
#LibertadParaPaolayAliss ✊🏽🌻 Temen por integridad de exfiscales detenidas
🚨 En la cárcel de la zona 18, donde se encuentran en prisión preventiva, se reportaron disturbios desde ayer y que continúan este lunes; familiares y abogados aseguran que su vida está en grave peligro. pic.twitter.com/bNvICe3o1r
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) July 24, 2023
Sus abogadas defensoras, Wendy López y Claudia González expresan su preocupación por la situación que enfrentan en el Centro Preventivo de Santa Teresa, debido a que en el lugar se han registrado riñas que han dejado al menos tres personas fallecidas. Ahí guardan prisión en el área donde están recluidas exagentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Sistema Penitenciario (SP).
A solo dos celdas del sector donde están las dos exauxiliares fiscales se encuentran otras privadas de libertad que han pertenecido a la pandilla Barrio18. En ese centro preventivo también se encuentra presa la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
Según la abogada López, en esa prisión ambas han sido reconocidas por personas que fueron procesadas en casos que ellas investigaron.
Aliss Morán, una joven abogada que destacó en la FECI
Allis Morán es una joven abogada, de 29 años, originaria del municipio de Villa Canales en el departamento de Guatemala. En ese municipio estudió los niveles básico y diversificado, donde se graduó como secretaria comercial.
En 2012, ingresó en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), y cuando estaba a punto de cerrar pensum, en marzo de 2016, realizó un interinato en el Juzgado de Paz Penal del municipio de Villa Nueva.
Seis meses después comenzó a trabajar en el MP, donde desarrolló una carrera de seis años de trabajo. En septiembre de 2016, se inició como oficial de la FECI, dirigida en ese entonces por Juan Francisco Sandoval.
Morán se destacó en su trabajo. Estuvo asignada en las agencias 9 y 2, entre septiembre de 2016 y abril de 2018, respectivamente. Esas agencias estaban a cargo de los fiscales Carlos Videz y Luis Omar Mejía, quienes actualmente están en el exilio.
Posteriormente, ingresó al concurso de oposición para optar a la plaza de auxiliar fiscal I y fue ascendida a dicho cargo, para ejercer funciones en la agencia 5, de la FECI, gestionada por el fiscal Rudy Herrera, quien también se encuentra exiliado.
En 2018 se graduó de abogada y notaria y, entre 2019 y 2020, estudió la Maestría en Derecho Constitucional, en la escuela de estudios de postgrado de la USAC.
Eso le permitió participar en el concurso de oposición para ascender al puesto de auxiliar fiscal II y al haber superado las pruebas respectivas fue nombrada en ese cargo en donde siguió desempeñando funciones en la misma agencia 5.
Morán tuvo a su cargo casos como Lavado y Política, Cleopatra, que involucraba a Marlene Blanco Lapola, la exdirectora de la PNC; y Comisiones Paralelas 2020, que investigó el amaño en la elección de candidatos a la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones, en 2019.
En 2021, Rafael Curruchiche, jefe de la FECI, presentó un caso en contra de Morán, con el apoyo de Denis Billy Herrera Arita, quien fue comisionado de la Postuladora por parte del CANG y su hermano Douglas Herrera.
Paola Escobar, una profesional con 17 años de carrera
Paola Escobar es originaria de la ciudad de Guatemala. Estudió el bachillerato en el Liceo Chapero, donde se graduó en 2002. Luego de trabajar como recepcionista y atención al cliente, combinó sus estudios de Derecho, en la Universidad de San Carlos de Guatemala, con labores de procuración en un bufete jurídico.
Escobar tuvo una carrera notable que inició en el MP, en 2005. Trabajó 17 años en el sector judicial, 12 de los cuales los desempeñó en la recién creada Fiscalía de Delitos Contra la Vida, donde fungió como pasante cuando la jefatura era ejercida por el exfiscal Renato Durán.
Al haber sido nombrada como oficial de fiscalía apoyó en una de las agencias y al cumplir los requisitos legales y superar el concurso público fue nombrada como auxiliar fiscal I, en cuya labor apoyó los casos de asesinato de pilotos de transporte público, Parlacen y Siekavizza.
En 2015 se gradúo como abogada y notaria en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la USAC y, en 2017, llegó a la FECI como auxiliar I, asignada a la agencia 7. Posteriormente ascendió al puesto de auxiliar fiscal II en la agencia 5 de esa fiscalía, en la que trabajó en los casos: Temerarios, Comisiones Paralelas 2014 y Comisiones Paralelas 2020.
Simultáneamente realizó estudios de postgrado y obtuvo una Maestría en Criminalística y Criminología en la Universidad Galileo, en 2017. En esa universidad comenzó a estudiar la Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, en 2022.
Al igual que otras exfiscales que han sido criminalizadas durante la gestión de Consuelo Porras, no puede estar junto a su familia debido a la prisión preventiva en la cual se encuentra.
Temen por la vida de Aliss y Paola
La abogada Claudia González, quien ha asumido la defensa de otras exfiscales y abogadas, como Virginia Laparra y Leily Santizo, asumirá en los próximos días el caso de Escobar. En una llamada telefónica explicó que debido a que están recluidas en un espacio donde hay personas que fueron investigadas por la FECI, ellas corren riesgo.
En mayo pasado el juez Vásquez Xol ligó a proceso a las abogadas y no les otorgó medidas sustitutivas. Debido a que Racanac, quien fue jefe de Morán y Escobar, recusó al juzgador, el expediente no ha sido entregado a la Sala que debe conocer, por irresponsabilidad del mismo Juzgado Tercero, asegura González.
La defensa de Morán y Escobar también presentó una apelación en contra de la resolución del juez que las ligó a proceso y las envió a prisión preventiva, sin embargo, el expediente no ha sido elevado a la Sala Cuarta.
“Ellas ya llevan dos meses detenidas sin que podamos solicitar su traslado a otro centro de detención, ya que por su calidad de exfiscales anticorrupción no pueden estar en ese centro”, dijo González, en referencia al sector donde guardan prisión actualmente, en la cárcel Santa Teresa.
Esta situación fue denunciada a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y el Sistema Penitenciario (SP) aseguró que puede garantizar su vida, sin embargo, el 23 de julio se suscitó un enfrentamiento en el Centro de Detención Preventiva para Hombres, en la zona 18, donde fallecieron dos guardias penitenciarios y un reo. Un segundo incidente, el 24 de julio, dejó un fallecido y tres heridos. Esto ha disparado las alarmas sobre su caso.
“Estamos sin órgano judicial que pueda decidir sobre el peligro que ellas están corriendo actualmente”, señaló González.
La etapa intermedia del proceso está programada para el 19 de agosto, pero la abogada López, considera que esto se puede suspender debido a que no se ha resuelto la recusación en contra del juez Vásquez Xol y esto implica que ambas estén más tiempo detenidas.
La situación de las dos exfiscales auxiliares es similar a la que sufrió Virginia Laparra y Samari Gómez, también perseguidas penalmente durante la administración de la fiscal general Porras. En el caso de Gómez, fue encontrada inocente por un Tribunal, pero estuvo en prisión preventiva durante 11 meses, sin que un juez le haya otorgado la libertad condicional.
En tanto Laparra fue beneficiada con medidas sustitutivas, el pasado 26 de julio, por el juez Moisés de León, en Quetzaltenango, pero aún no puede recuperar su libertad pues tendrá que solicitar arresto domiciliar en un primer proceso en el cual ya fue condenada.
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