Abogados de militares acusados de desaparición forzada y delitos de lesa humanidad pretenden que la jueza que asumió en sustitución de Miguel Ángel Gálvez, repita la etapa intermedia del proceso. La defensa de las víctimas señala que los argumentos de la Sala que otorgó el amparo no tienen fundamento
Por Regina Pérez
El 26 de agosto pasado la Sala Primera otorgó un amparo provisional al coronel retirado Jacobo Salán Sánchez, enviado a juicio en el caso Diario Militar, que ha impedido que las etapas del proceso avancen en el Juzgado B de Mayor Riesgo. Este jueves 25 de mayo, los abogados de las víctimas argumentaron en la Corte de Constitucionalidad (CC) para pedir que se les otorgue la apelación que presentaron en contra de la resolución de la Sala.
El abogado Francisco Vivar explicó que con el amparo otorgado a Salán Sánchez se violenta el derecho de defensa de las víctimas e indicó que de las 37 páginas de la resolución de la Sala, en 20 líneas se argumenta los derechos que el coronel considera le fueron violados.
En el amparo, Salán dice que se le violó el derecho de defensa y debido proceso, durante las audiencias del 4 al 6 de mayo de 2022, cuando el juez Miguel Ángel Gálvez envió a juicio a nueve militares y expolicías, y no dio respuesta a las objeciones presentadas por su defensa en contra del acto conclusivo de acusación del Ministerio Público (MP).
Para Vivar, lo resuelto por el juez de Mayor Riesgo B no puede ser objeto de revisión mediante una acción constitucional de amparo, “no porque yo lo diga”, sino porque hay abundante jurisprudencia, señaló.
El abogado dijo además que el Tribunal afectó a las víctimas, porque es un obstáculo a la búsqueda de la justicia y citó una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Bámaca Velásquez vs Guatemala, que resolvió que cuando hay un conflicto entre los derechos de las víctimas y del sindicado, debe prevalecer el de las primeras, “mayormente cuando se da en un contexto de impunidad”.
Los abogados Vivar y Héctor Reyes mencionaron que los hechos que sucedieron entre 1983 y 1985 continúan en impunidad, porque hasta la fecha ninguno de los responsables ha sido juzgado.
Por su parte, Eddy Herrera, el abogado de Salán Sánchez, señaló que el ahora exjuez Gálvez mostró parcialidad y sesgo a favor de las víctimas. Gálvez se vio obligado a renunciar a su cargo en noviembre de 2022, luego de ser denunciado por la Fundación contra el Terrorismo, afín a militares, a pocos días de emitir su resolución que envió a juicio a nueve militares y expolicías.
Según Herrera, el 5 de mayo, cuando resolvía un incidente de la defensa, Gálvez dijo: “hasta para ser bandido hay que tener ética”, refiriéndose a la pretensión de los abogados que querían separar a los querellantes que llevaban casi 40 años buscando justicia. El abogado respondió: “con todo el debido respeto señores magistrados podrían tener 100 años reclamando justicia, pero la ley es la ley y se deben cumplir los procedimientos”.
Axel Marín, defensor del expolicía Juan Francisco Cifuentes Cano, dejó claro que su pretensión es que la jueza Eva Recinos repita la etapa intermedia del proceso. “Lo que ellos van a tratar de pedir es que el amparo, que ha sido otorgado a Salán Sánchez, no se dé a los demás acusados”, indicó.
El amparo ya está teniendo efectos en el proceso, pues el pasado 17 de mayo la jueza Recinos suspendió una audiencia de ofrecimiento de prueba señalando que había que acatar el fallo de la Sala Primera y dictar una nueva resolución de apertura a juicio.
Aunque la legislación establece que la CC debe resolver en un plazo de cinco días a partir de la vista, la defensa de los querellantes considera que esto puede tardar más allá del plazo.
Amparo favorable para acusados del caso Diario Militar impide avance del proceso
