Los militares condenados por la comisión de delitos graves deberán permanecer en prisión preventiva, cumpliendo la condena por las acciones cometidas en contra de Marco Antonio y Emma Molina Theissen en 1981.
Por Alexander Valdéz
La Sala Primera de Mayor Riesgo dio cumplimiento a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y negó las medidas sustitutivas que la Corte de Constitucionalidad (CC) había ordenado otorgar a los militares condenados por delitos graves cometidos en contra de Marco Antonio y Emma Molina Theissen en 1981.
La presidenta de la Sala, la magistrada Anabella Cardona indicó que con la intención de mantener el principio de preeminencia de fallos de materia de Derechos Humanos que dicta la Corte IDH, no daría cumplimiento a lo ordenado por la CC y que informaría a la alta Corte de la decisión asumida en la vista pública.
“Nos compete acatar la resolución emitida por la Corte IDH, en la que se ordena al Estado de Guatemala que se abstenga de ejecutar la referida resolución de la CC hasta en tanto este Tribunal se pronuncie sobre la solicitud de medidas provisionales. Por lo tanto, este Tribunal en acatamiento de la resolución, no es que sea una decisión propia, nos abstenemos de ejecutar la decisión de la CC de fecha 6 de marzo de 2023”, dijo Cardona en una audiencia realizada este día.
La abogada querellante, Jovita Tzul, dijo que la Sala solo acató la resolución dictada por el sistema interamericano. “Efectivamente se emite una resolución en la que se pide al Estado de Guatemala que se abstenga de ejecutar la resolución de la CC, por no encontrarse apegada a los estándares en materia de derechos humanos”.
En mayo de 2018, los jueces del Tribunal de Mayor Riesgo C condenaron a 58 años de prisión al general Manuel Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor Presidencial; a Manuel Callejas y Callejas, exjefe de inteligencia y a Hugo Ramiro Zaldaña, exoficial de inteligencia; y a 33 años de cárcel a Francisco Luis Gordillo, excomandante de la zona militar “General Manuel Lisandro Barillas”, en Quetzaltenango, por los delitos contra los deberes de humanidad y desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen; y violación con agravación de la pena en el caso de Emma Molina Theissen.
CC benefició a los acusados
El pasado 8 de marzo, se hizo pública la decisión de la máxima corte en la que otorgó un amparo a los militares en condición de retiro Francisco Luis Gordillo Martínez, Manuel Antonio Callejas y Callejas y Manuel Benedicto Lucas García.
El beneficio también alcanza a Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, que, aunque no figura en el amparo, es uno de los acusados y condenados por esos hechos que actualmente se encuentra en prisión cumpliendo condena.
En su fallo, la CC hace consideraciones que benefician a los sentenciados y orientadas a que se les otorgue arresto domiciliario. Petición que ha sido negada por la gravedad de los delitos por los que fueron condenados.
“Derivado de la descripción de la situación de salud de cada uno de los ahora amparistas, puede afirmarse que la Sala, al momento de resolver la petición de revisión de la medida de coerción, por las características o condiciones de los procesados, debió tomar en cuenta la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las citadas personas, quienes por su avanzada edad padecen de enfermedades crónicas, aunado a la situación que aún persiste derivada de la pandemia provocada por el virus denominado SARS-CoV-2 “COVID-19” y sus variantes, y que, pese a estar recluidos dentro de un centro médico, está latente el peligro de contagio, el cual eventualmente podría ocasionarles la muerte”, falló la CC.
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Corte IDH pidió no acatar la resolución
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) recomendó al Estado de Guatemala abstenerse de acatar la resolución de la Corte de Constitucionalidad, que recomendó dejar en libertad a los militares condenados por delitos graves.
La Corte IDH hizo otro análisis de las medidas de protección que se otorgaron a las víctimas, para que Guatemala garantice el acceso a la justicia y se juzgue a las personas que fueron encontradas culpables.
“Requerir al Estado de Guatemala que, para prevenir un daño irreparable al derecho de acceso a la justicia de las víctimas del caso Molina Theissen Vs. Guatemala, se abstenga de ejecutar la decisión emitida por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala el 6 de marzo de 2023 hasta tanto este Tribunal internacional pueda decidir sobre la solicitud de medidas provisionales en el 157° Período Ordinario de Sesiones por realizarse del 17 al 29 de abril de 2023, de conformidad con lo indicado en el Considerando 8”, señala la resolución de la Corte IDH emitida el 27 de marzo.
