La licitación recibió una inconformidad por una empresa competidora que, ofertó el servicio más barato y reclamó que únicamente les dieron solo 24 horas para presentar documentos adicionales. A pesar de eso, fue contratada la empresa que cotizó más alto y que ha tenido señalamientos por proveer armas a pandilleros y vínculos con exasesor de seguridad de Jimmy Morales.
Por Carlos Estrada
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), adjudicó el servicio de seguridad privada para las sedes de la entidad por 24 meses a la empresa Vigilancia y Seguridad Empresarial de Guatemala S.A. (Visegua).
El costo total del servicio será de Q21 millones 254 mil 400, un promedio de Q885 mil 600 por mes para la contratación de 144 agentes, la mayoría de ellos en turnos de 24×24 y cuatro de ellos en turnos de 12×12.
La empresa adjudicada es representada por el mayor Denis Humberto Paredes Escobar, y ha recibido de 2013 a la fecha Q302 millones 258 mil 352.56, siendo sus principales contratistas el Instituto de Nacional de Electrificación (Inde), el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), entre otras instituciones del Estado.
El concurso en el cual participaron dos empresas, recibió una inconformidad por parte de la segunda empresa concursante, Security Professional System S.A., la cual señaló que ellos habían presentado la oferta más baja, lo cual era de beneficio para los intereses de la institución.
La empresa presentó una oferta por Q20 millones 390 mil 400, lo que hubiera significado un ahorro mensual de Q36 mil unos Q864 mil en total por los 24 meses.
“Con suma preocupación veo el presente evento de licitación, en virtud que el plazo para presentar los documentos adicionales solicitados los cuales eran alrededor de 200 folios, dando un plazo de 24 horas hábiles para la presentación de los mismos; considerando imposible entregar las aclaraciones sin que hubiese conocimiento previo de las mismas”, manifestó la empresa en su inconformidad.
Además, la empresa criticó la decisión de la Junta de Licitación, señalando que se les hacía “ilógica” la decisión tomada. La Junta, decidió descalificar a la empresa Security Professional System S.A. debido a que no presentó los requisitos no fundamentales, solicitados en el tiempo establecido.
Una empresa con empleados cuestionados
La empresa Visegua, se vio involucrada en 2016 en un proceso legal, luego de que tres de sus trabajadores fueran detenidos acusados por el Ministerio Público de proveer armas a pandilleros del Barrio 18, según las investigaciones.
En abril de 2016 los agentes de seguridad Víctor Mateo García, Érick Sermeño Reyes y Santiago Chú Choc, fueron detenidos luego de que los investigadores interceptaran una llamada telefónica en donde se coordinaba la entrega de armas de fuego.
Los tres empleados de Visegua fueron detenidos cuando transportaban una subametralladora, una escopeta y dos pistolas 9 y 45 milímetros, así como municiones y un silenciador.
La empresa señaló entonces que no era responsable de las actuaciones de sus trabajadores y se convirtieron en querellantes en el proceso.
El exjefe de seguridad de Jimmy Morales
La empresa fue fundada por varios militares retirados, entre ellos Jorge Ignacio López Jiménez, exjefe de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad durante el Gobierno de Jimmy Morales y quién está vinculado a los también militares Erick y Herber Melgar Padilla.
El exjefe de seguridad incluso tiene como empresa individual, una compañía de seguridad del mismo nombre: Vigilancia y Seguridad Empresarial de Guatemala.
López Jiménez habría dejado de tener participación en la empresa, según declaraciones de Paredes al medio Con Criterio, sin embargo, no hay documentos públicos que lo confirmen.
López Jiménez está contratado por el Congreso de la República, como asesor profesional bajo el renglón 022 y está asignado a la Guardia Parlamentaria, al igual que el ex secretario de seguridad de Otto Pérez Molina, José Alfredo Pimentel García.
El espionaje desde la SAAS
En agosto de 2016 el entonces ministro de Gobernación, Francisco Rivas confirmó en el Congreso, durante una citación, que se realizaba una investigación sobre espionaje ilegal a activistas, exfuncionarios y periodistas.
Entre los involucrados figuraban López Jiménez (el entonces jefe de la SAAS) y el subjefe de dicha entidad César Augusto Sagastume quienes fueron retirados de sus cargos en septiembre de ese mismo año tras el escándalo.
López negó la existencia de lo que se identificó como una estructura paralela a la SAAS y que en la misma participara Herber Melgar Padilla, asesor de seguridad de Jimmy Morales. En ese mismo mes de la polémica, Melgar Padilla regresó al Congreso a ocupar la curul que había ganado por el partido FCN-Nación.
