“Vimos un crecimiento -de la criminalización- hacia un ámbito más de territorio, es decir a afectar por ejemplo los intereses de la defensa de los derechos humanos en territorios específicos frente a inversiones privadas, como el caso del norte de Huehuetenango, el caso de Izabal, el norte de Petén. Hoy lo que hemos visto es el avance a un criterio de carácter nacional donde se persigue a cualquier persona que sea considerada opositor al régimen, dijo.
Jorge Santos.
Por Simón Antonio Ramón
El informe “Venganza, política pública de Estado, Guatemala en grave crisis democrática” difundido este jueves 23 de marzo, y elaborado por la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) señala que la captura institucional del Estado guatemalteco es absoluto, restableciendo un régimen dictatorial que se manifiesta con la violencia, corrupción e impunidad.
Según el informe, el régimen dictatorial ha generado una serie de violencia contra defensoras y defensores de derechos humanos en el país. De enero a diciembre del año 2022 se registraron 3 mil 574 agresiones, una cantidad tres veces mayor que las 1 mil dos registradas en 2021.
Al comparar los datos de UDEFEGUA sobre las agresiones por la defensa de derechos humanos en los últimos 23 años, el gobierno de Alejandro Giammattei ha sido el más violento porque desde 2020 los casos han ido en aumento.
Entre las categorías identificadas por UDEFEGUA en su informe se señala que el régimen implementa estrategias de venganza como política pública, y ha provocado contra las y los defensores difamación, estigmatización, discurso de odio, denuncias sin fundamento, detenciones arbitrarias e ilegales, hostigamiento, exilio, amenazas e intimidación. Con estas acciones se presentan 1 mil 970 casos contra las y los operadores de justicia y 443 casos contra periodistas.
El informe establece que se registraron 1 mil 513 casos de hostigamiento, 39 casos de violencia contra la mujer, 81 intimidaciones, 54 amenazas por tres modalidades: escritas, telefónicas y verbales. También se registraron 1 mil 737 casos de criminalización que reúne modalidades de difamación, estigmatización, discurso de odio, denuncia judicial sin fundamento, imputación sin fundamento, detención arbitraria y detención ilegal.
La publicación hace referencia a una ruta de criminalización que comienza desde la difamación y estigmatización por redes sociales, posteriormente el uso del discurso de odio, el uso indebido de la ley y luego la privación de libertad. Aunque en los últimos meses se han aumentado los casos de exilio. El principal agresor, según el informe, es el gobierno con 2 mil 981 casos registrados.
En redes sociales
En Twitter los netcenter emitieron 3 mil 185 agresiones y 15 en Telegram. En Facebook, correos electrónicos y canal de YouTube se presentan menos casos.
En el rango de edades afectadas según el informe se violentó más a las personas entre las edades de 25 a 45 años, con 1 mil 510 casos; y de 45 a 64 años en donde se presentan 1 mil 17 casos. Las agresiones aumentaron en los últimos cuatro meses del año 2022; septiembre con 553 casos; octubre con 533; noviembre con 620 y diciembre con 688.
De los 3 mil 574 casos registrados, 1 mil 149 fueron contra las mujeres. Los datos señalan que se presentaron 842 agresiones contra operadoras de justicia. Como uno de los ejemplos, se mencionaron los procesos penales contra la exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, Virginia Laparra. También se identificaron a netcenters y al gobierno como los principales agresores contra las mujeres defensoras.
Según Jorge Santos, director de UDEFEGUA, la criminalización que se evidencia en el informe se ha ido transformando a lo largo de los años. “Vimos su crecimiento hacia un ámbito más de territorio, es decir a afectar por ejemplo los intereses de la defensa de los derechos humanos en territorios específicos frente a inversiones privadas, el caso del norte de Huehuetenango, el caso de Izabal, norte de Petén”, afirmó.
Ese patrón focalizado ha variado, aseguró Santos. “Hoy lo que hemos visto es el avance a un criterio de carácter nacional donde se persigue a cualquier persona que sea considerada opositor al régimen”.
Para Brenda Guillén de UDEFEGUA, la cooptación de Estado generó una serie de violencias contra defensoras y defensores de derechos humanos en el país. “Las condiciones del país en el que estamos ha generado que haya un aumento de violencia en contra de las personas defensoras de derechos humanos, lo veo manifestado en la cooptación del Estado y en la regresión en materia de derechos humanos”, señaló.
“Debemos reflexionar como organizaciones sociales que sobre esto hay un contexto habilitador de la violencia y ojo con esto porque fue lo que en otro momento hizo posible el genocidio, ese silencio de la sociedad”, afirmó la columnista Maya Alvarado.
En la presentación del informe participaron activistas, autoridades indígenas, representantes de la comunidad internacional, representantes de agencias de Naciones Unidas y organizaciones sociales tanto de la ciudad de Guatemala y a nivel nacional.
