La institución de EE. UU. se pronunció en contra de la criminalización de siete periodistas y dos columnistas. Su preocupación se suma a la de otras organizaciones.
Por Isela Espinoza
El Departamento de Estado de Estados Unidos manifestó este jueves su preocupación por la orden de un juez de investigar a siete periodistas y dos columnistas por obstrucción a la justicia. Human Rights Watch, Red Rompe el Miedo Guatemala (RRMG) y Movimiento Pro Justicia se unieron a los pronunciamientos a favor de defender la libertad de expresión en Guatemala y denunciar la criminalización del trabajo periodístico.
“Las sociedades pacíficas, prósperas e inclusivas dependen del libre flujo de información e ideas, incluida la libertad de buscar, recibir e impartir información tanto en línea como fuera de línea. Criminalizar el trabajo de los periodistas y de la sociedad civil socava las normas democráticas y el respeto a la libertad de expresión”, afirmó el Departamento de Estado en un comunicado.
El Gobierno estadounidense instó al sistema judicial a rechazar la criminalización de los periodistas independientes y apoyarlo “como uno de los pilares de una sociedad democrática segura y próspera”.
Human Rights Watch también expresó su preocupación por la decisión del juez, Jimmi Bremer, luego de que la fiscal Cinthia Monterroso, expusiera las publicaciones de los periodistas y columnistas por informar “críticamente” sobre el caso Jose Rubén Zamora, fundador de elPeriódico, en prisión preventiva desde su arresto en julio de 2022.
“Las autoridades deben garantizar procedimientos justos y que cualquier limitación a la libertad de expresión sea legítima, necesaria y proporcionada”, afirmó la organización de derechos humanos.
Por aparte, la Red Rompe el Miedo Guatemala (RRMG) enfatizó en un comunicado que desde que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) salió del país, en 2019, han registrado “una tendencia clara hacia la criminalización de periodistas y medios independientes que visibilizan las prácticas de corrupción, hostigamiento y cooptación de poderes por parte del gobierno de Guatemala a través del hostigamiento judicial”.
Además, la iniciativa ARCÍCULO 19 ha documentado el hostigamiento judicial y criminalización en contra del periodista comunitario Carlos Choc, quien fue vinculado a proceso por investigar la contaminación del lago Izabal, en 2021, y del periodista y director del medio Con Criterio, Juan Luis Font, que se encuentra en el exilio.
Desnaturalización del sistema de justicia
En tanto, para el Movimiento Pro Justicia el Organismo Judicial está entregado “totalmente” al servicio de un “régimen corrupto y a poderes que buscan impunidad”.
Comentó que no extraña que el Ministerio Público (MP) haya entrado en una fase “más intensa de persecución contra sus críticos”. Y calificó de “inconcebible” que el juez Bremer autorizara una investigación contra los comunicadores. “El juez debió ejercer el control sobre la solicitud del MP y reorientar las pretensiones de la fiscalía, para no crear lesiones de orden constitucional”, enfatizó.
Además, señaló la importancia de que se cuestione la resolución. “Si esta acción no genera el repudio que merece, vendrán más acciones que ampliarán la ruta hacia más autoritarismo, censura y restricción de garantías constitucionales”, agregó el Movimiento Pro Justicia.
