La Oficina de Relatoría Especial para la Libertad de Expresión fue informada de la resolución del juez que criminaliza el trabajo de periodistas. El relator Pedro Vaca recibió una carta en su oficina con sede en Washington en la que se expone las acciones del Ministerio Público (MP) y un juez que afectan a un grupo de periodistas y medios de comunicación independientes.
Por Prensa Comunitaria
En una reunión de urgencia, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fue informada de lo acontecido el pasado martes en audiencia de primera declaración del periodista Jose Rubén Zamora, en la Torre de Tribunales en la ciudad de Guatemala.
En la carta entregada por un grupo de periodistas en los que se sumó Prensa Comunitaria, se comunicó la resolución del juez décimo Jimmi Bremer quien, a solicitud de la fiscal Cinthia Monterroso, ordenó investigar a siete periodistas, dos columnistas, así como el financiamiento de medios independientes en Guatemala.
En la nota trasladada al relator Pedro Vaca se enumeran los hechos que se registraron durante la audiencia del segundo caso que se sigue a Zamora.
“Los hechos constituyen amenaza a la libertad de expresión, transgreden los estándares internacionales en materia de libre emisión del pensamiento y contravienen el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que estipula que “no constituyen delito las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”, se lee en la nota entregada a Vaca.
“La fiscal está utilizando su cargo para ejercer actos de venganza contra el periodista Zamora, El Periódico (a través del ataque a quienes coordinan la edición diaria) y los periodistas que trabajan o han trabajado para ese diario, al considerarse víctima de las publicaciones, por ser la fiscal acusadora del periodista Zamora”.
En la nota también se expone que: “No existen indicios para ordenar investigar a los periodistas, porque los recortes de prensa que la fiscal presentó en audiencia como sustento a sus peticiones, no pueden constituir prueba, no fueron obtenidos ni incorporados legalmente al proceso, en consecuencia, la fiscal está implantando prueba”.
La Relatoría externó en ocasiones anteriores su intención de visitar de manera oficial el país por el aumento de denuncias de ataques en contra de la prensa en Guatemala.