Las órdenes de captura y acciones legales emprendidas por el MP en el caso Odebrecht, son el más reciente capítulo en el que se busca procesar en Guatemala a quienes investigaron los sobornos de la empresa, en tanto Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón, los principales beneficiados de la trama de corrupción están fuera de prisión mientras el caso comienza a desbaratarse.
Por Regina Pérez
Este lunes la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) anunció nuevas órdenes de captura en contra de Thelma Aldana, exfiscal general del Ministerio Público (MP), la exsecretaria del MP, Mayra Veliz y el exmandatario de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), David Gaitán, por un caso que llamó “Acuerdos Fraudulentos Corrupción e Impunidad”, relacionados a la investigación por los sobornos que la empresa brasileña Odebrecht realizó en Guatemala.
Según el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, una jueza también ordenó la captura del abogado Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AMCHAM) y exasesor de la constructora brasileña.
Estos exfuncionarios autorizaron acuerdos de colaboración eficaz para que dos exdirectivos de Odebrecht y un representante legal de la constructora pudieran dar su primera declaración desde Brasil, autorizado por un juzgado guatemalteco en septiembre de 2017.
La orden de captura es por los delitos de obstrucción de justicia, conspiración y abuso de autoridad. Curruchiche también anunció que emprenderá acciones legales “para que respondan por sus actos ilegales, arbitrarios y abusivos” el exmandatario de la CICIG, Iván Velásquez, actual ministro de la Defensa de Colombia y la exfuncionaria de la Comisión, Luz Adriana Camargo.
Desde Bogotá, la capital de Colombia, el presidente, Gustavo Petro, se pronunció por el anuncio del MP de Guatemala en contra de Velásquez, en tanto Gaitán emitió una declaración en un comunicado de prensa, indicando que lo persiguen por estar copiado en correos electrónicos de conversaciones que fueron transparentes y que estaban en ley.
El caso Odebrecht fue presentado por el MP y la CICIG en enero de 2018, en donde establece que el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, gestionó y concertó el pago de sobornos con directivos de la empresa constructora brasileña Norberto Odebrecht S.A. a cambio de adjudicación de contratos para la construcción de carreteras, que también beneficiaron al excandidato presidencial del desaparecido partido Libertad Democrática Renovada (LIDER), Manuel Baldizón.
La constructora Odebrecht es conocida por haber sido parte de una trama de corrupción en la que pagó comisiones ilegales en 12 países, incluyendo Guatemala, a cambio de proyectos de construcción pública.
El 11 de octubre de 2011, 108 diputados del Congreso, en ese entonces dominado por el Partido Patriota (PP) aprobaron el contrato para adjudicarle a la constructora brasileña la ampliación de la Ruta CA-2 a Occidente, en el cual se aprobó la negociación de un préstamo por US$280,000,000 al Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social de Brasil (BNDES) y US$119,400,000 al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Tras haber aprobado la ley que dio vigor al contrato, los 108 diputados también fueron beneficiados con sobornos y habrían recibido asignación de obras. De ellos, la mayoría ya no continúan en la actual legislatura.
Sandoval: este caso es para deslegitimar el trabajo que se hizo
Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI que investigó la trama de Odebrecht y quien tuvo que salir al exilio tras su destitución en julio de 2021, dijo a Prensa Comunitaria que desde hace algunos años el caso está siendo utilizado para deslegitimar el trabajo que se realizó con la CICIG, porque dos de los principales beneficiarios de la trama de corrupción son Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón, cuyos partidos, eligieron en su momento a los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En este caso, dijo Sandoval, hay una construcción narrativa en la que se invirtió recursos para deslegitimar el trabajo, porque la investigación que realizó el MP y la CICIG pudo determinar la manera en que los políticos obtuvieron más de 18 millones de dólares en sobornos.
El exjefe de la FECI indicó que si en la contratación que realizó el Estado de Guatemala con Odebrecht hubo alguna lesividad para el país, la Procuraduría General de la Nación (PGN) nunca lo declaró y después encontraron una manera conveniente de subsanar sus errores culpando al convenio de colaboración eficaz que en su momento suscribió el MP.
Este convenio de colaboración eficaz se realizó en el marco de la Ley contra la Delincuencia Organizada y fue autorizado el 8 de septiembre de 2017 por la jueza Claudette Domínguez, del Juzgado de Mayor Riesgo “A”, contra quien el MP presentó una solicitud de antejuicio en julio de 2022, que fue rechazado por la CSJ.
No obstante, luego de la destitución de Sandoval del MP y con la llegada de Rafael Curruchiche a la FECI, la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo anuló en junio de 2022 los acuerdos de colaboración suscritos entre el MP y los exdirectivos de Odebrecht, Luiz Antonio Mameri, Marcos de Cerqueira Lima Machado y Eduardo Oliveira, este último representante de la empresa, quienes ya habían dado su declaración en anticipo de prueba desde Brasil.
El exfiscal indicó que la FECI a cargo de Curruchiche ha cuestionado que los brasileños no llegaron a Guatemala a dar su declaración y no cumplieron prisión en el país, cuando ellos fueron juzgados en Brasil por esos hechos y por lo tanto no podían ser juzgados nuevamente en Guatemala por la garantía non bis in idem que es el derecho a no ser juzgado dos veces.
Lo que los exdirectivos declararon permitió descubrir la manera en que se lavaron recursos para pagar los sobornos a los políticos guatemaltecos, indicó.
Caso Odebrecht comienza a desbaratarse
La nueva acusación de la FECI en contra de la exfiscal general Aldana, la exsecretaria del MP, Mayra Veliz, David Gaitán, exmandatario de la CICIG, y las acciones penales que se anunciaron en contra de Iván Velásquez, ministro de la Defensa de Colombia y Luz Adriana Camargo, quien fue funcionaria de la Comisión, se centran en varios correos electrónicos enviados por Camargo a Carrasco y por Carrasco al abogado brasileño Guillermo Solís, donde se discutieron los Acuerdos de Colaboración Eficaz suscritos.
Como Aldana y Velásquez dieron su visto bueno al acuerdo de colaboración eficaz con los exdirectivos implicados, según Curruchiche eso denota que ambos tenían conocimiento de las “oscuras negociaciones”, que se estaban realizando con la empresa Odebrecht.
No obstante, según Sandoval dicho acuerdo de colaboración era legal, pues no solo fue aprobado por la jueza Domínguez y ante su impugnación fue ratificado por una Sala de Apelaciones, por la Cámara de Amparos de la CSJ y hasta por la Corte de Constitucionalidad (CC).
Sandoval señaló que con esta investigación se están enviando varios mensajes. Uno de ellos es hacia los operadores de justicia para que no ahonden en casos de corrupción, porque la consecuencia es que serán perseguidos; y dos, también se está deslegitimando la figura del colaborador eficaz, perdiendo una fuente importante de información porque nadie va a querer acogerse a esa figura a cambio de beneficios procesales.
La principal intención tiene como fin dejar impunes los hechos. Dos de los principales acusados en el caso, el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi y el expresidenciable Manuel Baldizón, ya están fuera de las rejas, tras ser beneficiados con medidas sustitutivas otorgadas por la jueza Claudette Domínguez y el juez Juan José Jiménez.
Desde la salida de Sandoval de la FECI, el MP pidió la orden de captura en su contra por el caso Odebrecht, también citó a dos fiscales que estuvieron presentes en la audiencia donde se aprobaron los convenios y ahora se pide la captura de cuatro exfuncionarios del MP y CICIG y amenazaron a dos funcionarios colombianos, en lugar de profundizar la investigación, agregó el exfiscal.
En tanto en Guatemala el caso da un nuevo giro con las nuevas órdenes de detención emitidas en contra de los exfuncionarios del MP, del abogado Juan Pablo Carrasco y las acciones legales anunciadas en contra de Velásquez y Camargo, estos dos últimos exfuncionarios de la CICIG.
