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El juicio de Laparra llega a su final; defensa dice que ella sí tenía facultad de denunciar al juez

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Créditos: Juan Rosales
Tiempo de lectura: 6 minutos

 

Con la declaración del testigo Omar Barrios y las conclusiones del Ministerio Público (MP), los querellantes y la defensa de Virginia Laparra, el juicio de la exfiscal llega a su final, tras 295 días en prisión preventiva, por denunciar al exjuez Lesther Castellanos. 

Por Regina Pérez 

Virginia Laparra, exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, podría enfrentar 8 años de prisión inconmutables y su inhabilitación para ejercer como abogada, a petición de la Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público (MP) que la denunció por el delito de abuso de autoridad en forma continuada, pero será la jueza Oly González quien tenga la última palabra.

Para próximo 15 de diciembre, está previsto que la jueza resuelva si la exfiscal de FECI, la primera en enfrentar juicio y la única fiscal en ser procesada por denunciar a un juez vaya a prisión. Esto después de haber pasado 295 días en prisión preventiva, lo que la llevó a ser declarada como “presa de conciencia” por la organización Amnistía Internacional.

Foto: Juan Rosales

Como jefa de la FECI en Quetzaltenango, Laparra conoció dos casos, uno conocido como Extorsión a concejales, donde una síndica denunció que le estaban pidiendo dinero a cambio de información judicial y el segundo, Venta de Información, que estaba bajo reserva y a cargo de la judicatura de Castellanos.

Este miércoles declaró el abogado Omar Barrios, testigo y querellante en el caso, quien manifestó haber sido afectado por la denuncia que la fiscal realizó en contra de Castellanos, cuando este era juez de Mayor Riesgo en Quetzaltenango. Ahora Castellanos ostenta el cargo de Relator en la Oficina contra la Tortura.

Durante la audiencia, los querellantes se pronunciaron en contra de la prensa, a quien señalan de haber tenido la iniciativa de llamar “presa de conciencia” a Laparra, término que le adjudicó Amnistía Internacional, calificaron a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de “derrotada” y hasta se refirieron a Laparra como una “fiscal descarriada”, calificativos que han sido constantes en este juicio.

La defensa de Laparra dice que ella sí tenía facultad de denunciar 

También se escucharon las conclusiones del MP, los querellantes y la defensa de Laparra, a cargo de la abogada Claudia González, quien empezó sus conclusiones con la línea de tiempo de este caso.

Foto: Juan Rosales

Las cuatro denuncias en contra de Castellanos en la Junta de Disciplina Judicial del Organismo Judicial (OJ), en octubre de 2018, se originaron porque con anterioridad el ahora exjuez había sido denunciado por la CICIG, por haber filtrado información del caso Venta de Información al abogado Omar Barrios, el cual estaba en su judicatura, publicación que Barrios realizó en agosto de 2017, en su perfil de Facebook, pese a que el abogado no era parte del proceso.

El 10 de noviembre de 2017, la entonces mandataria de la CICIG, Flor Gálvez, presentó una denuncia administrativa en contra de Castellanos. El 3 de mayo de 2018, Castellanos fue sancionado por la Junta de Disciplina del OJ por cinco días, sin goce de salario.

Cuando la denuncia en contra de Castellanos realizada por CICIG fue resuelta, Virginia Laparra realizó un informe para enviárselo a su jefe inmediato, Juan Francisco Sandoval, sobre los hallazgos contenidos en la denuncia administrativa. “No es que ella se lo haya inventado, cuando ella recibe esa notificación tiene que informar a su jefe inmediato y por eso se derivan varias acciones”, dijo la abogada González. La fiscal se dio cuenta que el exjuez realizó acciones anómalas al realizar sus pruebas de descargo.

Es ahí cuando el 1 de octubre de 2018, Laparra, con conocimiento de Sandoval, presentó la primera denuncia 758-2018 ante la Junta de Disciplina en contra de Castellanos, por haber adjuntado a sus pruebas de defensa ante la Junta de Disciplina Judicial una certificación de audios sin cumplir con la Ley del Organismo Judicial, porque el caso ya no estaba bajo la jurisdicción del juez y no se informó a las partes que él había solicitado las copias certificadas.

La siguiente denuncia, la 785-2018, fue porque Castellanos presentó un medio de prueba a la denuncia que le interpuso CICIG, unas entrevistas realizadas al sindicado René Villavicencio, exjugador señalado en el caso Venta de Información, proceso que había estado en su judicatura de Castellanos pero que él ya no conocía pues había sido recusado por la CICIG.

Las siguientes denuncias 852-2018 y 853-2018 fueron porque el juez Castellanos seguía dando información del caso en los medios Canal Antigua y Vea Canal, revelando información del caso que llevaba Virginia Laparra en la FECI.

Según la abogada González, Laparra sí tenía la facultad, otorgada por la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público de denunciar al juez, porque tenía a su cargo el control de la legalidad de la investigación que estaba siendo puesta en peligro por Castellanos, que en su momento conoció la investigación.

La tesis acusatoria del MP es que la exfiscal de la FECI no tenía esa facultad, porque no obtuvo una instrucción escrita de su jefe superior, Juan Francisco Sandoval, y que actuó de manera personal usando su investidura de fiscal para ello.

González también hizo referencia a dos oficios que Laparra envió a Sandoval informándole de las denuncias presentadas en contra de Castellanos “de conformidad con lo previamente acordado con su persona” y que remitió a dicha Fiscalía copia de la denuncia, que tiene sello de recibido. Esto forma parte de la prueba que presentó la defensa.

Foto: Juan Rosales

Virginia no podía mostrar esta instrucción escrita porque previamente ella tuvo una reunión con su jefe inmediato donde recibió de manera verbal la instrucción de presentar las denuncias administrativas, dijo la defensa.

Por su parte, el fiscal del MP, Noé Nehemías Rivera, dijo durante sus conclusiones que “las instrucciones verbales no existen, porque la única manera de poder garantizar el cumplimiento una instrucción es hacerla por escrito a una persona”.

La abogada indicó que esto se trata de un caso de criminalización en contra de Laparra, ya que hay al menos 216 denuncias de auxiliares, agentes fiscales y fiscales especiales en contra de jueces pero no hay ningún otro fiscal del MP que esté siendo criminalizado. En este punto la jueza interrumpió a la abogada señalando que esa prueba no fue admitida.

“Virginia podría presentar 1, 2, 5, 10, 20 denuncias, ¿Por qué? Porque tenía que proteger la investigación a su cargo. Era su obligación proteger la legalidad de ese expediente a su cargo”, indicó la abogada.

Señalan criminalización de Laparra 

Durante su declaración como testigo, Barrios reconoció que visitó la oficina de Laparra, en Quetzaltenango, luego de que se enteró de que Castellanos había sido denunciado por la CICIG, por haber revelado información de un caso en reserva. Indicó que por el código de ética profesional, al afectarse su honor, acudió a la FECI en Quetzaltenango para hablar con la fiscal, tras enterarse de que su nombre salió en las denuncias.

El abogado dijo haber sido afectado de manera moral, profesional, familiar y de negocios “por las falacias difundidas por los medios de comunicación”, tras las denuncias administrativas en contra de Castellanos, en las que él fue mencionado, porque Virginia adjuntó los antecedentes de la recusación en contra del juez por parte de la CICIG en las denuncias. En esos documentos él no aparece.

La defensa de Laparra concluyó que el proceso en contra de su defendida se trata de una criminalización como fiscal de la FECI por haber presentado denuncias. “Aquí lo que se ha discutido son situaciones de odio por el trabajo realizado por la CICIG… no existe un solo elemento que podamos determinar una responsabilidad o una acción, no están esos elementos de prueba, es deficiente el trabajo del MP”, indicó González.

También indicó que no existe perjuicio a la independencia judicial en contra del juez, como este señaló en la denuncia en contra de la exfiscal, porque este ya no conocía el caso Venta de Información.

Se espera que el 15 de diciembre, la jueza Oly González pueda emitir sentencia en el caso contra la exfiscal, quien ha estado en prisión por 295 días y que tiene padecimientos de salud en los que no ha podido recibir atención.

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