Tras conocer las acciones violentas de la Policía Nacional Civil (PNC) durante 20 allanamientos realizados por el Ministerio Público (MP) y ordenados por el juez de paz de El Estor, organizaciones campesinas, de derechos humanos a nivel nacional e internacional, diputadas y diputados, piden que se investigue quién ordenó su modalidad el martes 6 de diciembre.
Por Simón Antonio Ramón*
Después de las acciones violentas de los agentes de la PNC, en contra de la comunidad Chapín Abajo, en el sur del municipio de El Estor, Izabal, organizaciones sociales, campesinas y territoriales han denunciado abusos de autoridad de las actuaciones de los policías.
En el operativo que realizó el Ministerio Público (MP) junto a la PNC, el martes 6 de diciembre, cinco personas fueron detenidas, dos de ellas menores de 18 años, tres más resultaron heridas, entre ellas un menor que fue trasladado a la cabecera de El Estor, posteriormente a La Tinta y finalmente a Escuintla en horas de la noche.
Durante el operativo los agentes policiales lanzaron bombas lacrimógenas contra las viviendas, provocando intoxicaciones en las personas.
Abelino Chub, el dirigente comunitario que estuvo detenido y criminalizado, denunció que la represión contra las familias de Chapín Abajo, es contraria a sus demandas. “Lo único que estaban haciendo era exigir su derecho a la tierra que históricamente han demandado ante el Estado”, dijo Chub, en una conferencia de prensa en Cobán, Alta Verapaz.
Las acciones ocurridas ayer, dijo Bernardo Caal, corresponden a hechos históricos que datan de la época de la colonia y que se expresan en el presente. “En qué mundo estamos viviendo, significa que lo que empezó con Cristóbal Colón con esa su banda que llegó en 1492 siguen saqueando en los territorios siguen matando, siguen asesinando o nos siguen encarcelando como un ejemplo que yo acabo de salir de la prisión”, expresó el profesor y dirigente comunitario.
Úrsula Teyul, del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), consideró que lo que ocurrió en Chapín Abajo se repite en cada operativo de desalojo, “hay una violación de derechos a todas las hermanas y hermanos que hoy están viviendo esta situación y que no solamente en la comunidad de Chapín Abajo sino toda la serie de desalojos en la región Q’eqchi’ de Alta y Baja Verapaz, Petén e Izabal, hacemos este llamado a la comunidad internacional que se pronuncie y hagan valer los derechos de los pueblos originarios”, señaló la dirigenta.
La Asamblea Social y Popular (ASP), el Consejo de Pueblos Mayas (CPO), el Movimiento de Mujeres Indígenas Tz’ununija’, la Comisión de Derechos Humanos de Washington para Guatemala (GHRC) y otras organizaciones sociales, han pedido al gobierno, al MP y a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) que inicie una investigación contra los agentes de la PNC que participaron en el operativo violento contra las familias en Chapín Abajo.
En el Congreso, en la sesión extraordinaria del 6 de diciembre, diez diputadas y diputados de las bancadas Bien, Semilla, Winaq y la Unidad Revolucionario Nacional Guatemalteca (URNG) presentaron un punto resolutivo que exhortaba a la Presidencia para que se resguarde la vida de las familias de la comunidad e iniciar un procedimiento contra los agentes que dirigieron el operativo. A la PDH solicitaba establecer protocolos de atención a las familias. El punto resolutivo solo tuvo 35 votos a favor de las bancadas minoritarias y 65 en contra de las bancadas de la alianza oficialista.
*Con información de Gilberto Cucul.